CHETUMAL, QR.– Habitantes de Mahahual y organizaciones civiles expresaron preocupación por la forma en que se han resuelto algunos recursos legales relacionados con el proyecto turístico Perfect Day, al advertir criterios distintos aplicados por un mismo juzgado en torno a la modificación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) Mahahual.
De acuerdo con el colectivo Salvemos Mahahual y la organización DMAS, una jueza federal no admitió los amparos promovidos por ocho ciudadanos de la comunidad, quienes buscaban frenar actos que consideran afectan su territorio y el impacto ambiental en Quintana Roo.
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Según la información difundida por los promoventes, en un primer análisis judicial la modificación del PDU Mahahual fue considerada como un acto administrativo, lo que implicaba un plazo de 15 días para presentar el amparo desde que la comunidad tuvo conocimiento del cambio. Sin embargo, en resoluciones posteriores sobre el mismo tema, el criterio habría sido distinto, al tratarse la modificación como si se tratara de una ley, estableciendo un plazo de 30 días contados desde su publicación oficial.
Esta diferencia en la interpretación jurídica, señalan las organizaciones, derivó en el desechamiento de los recursos, al considerarse extemporáneos, sin tomar en cuenta, afirman, el momento en que los habitantes conocieron el contenido y los efectos reales del nuevo PDU.
El caso es analizado en el Juzgado Primero de Distrito en Chetumal, a cargo de la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández.
Respaldo ambiental y postura de la empresa ante el proyecto turístico Perfect Day
En medio de este proceso legal, el tema volvió a generar atención luego de que Greenpeace hiciera público su respaldo a la comunidad de Mahahual, subrayando la importancia de que los proyectos de desarrollo turístico se apeguen a la legalidad y a criterios ambientales.
También se retomaron declaraciones previas de Ari Adler, representante de la empresa promotora del proyecto turístico Perfect Day, quien en entrevistas públicas ha señalado que confían en obtener resoluciones favorables para continuar con el desarrollo y abrir el parque en 2027.
Comunidad pide reglas claras y respeto ambiental
Desde la comunidad, los colectivos han reiterado que no se oponen al desarrollo turístico, pero piden que cualquier proyecto se realice con reglas claras, criterios jurídicos consistentes y respeto a los derechos de los habitantes y al impacto ambiental en Quintana Roo.
Mientras tanto, el caso sigue generando debate entre organizaciones ambientales, habitantes y actores del sector turístico, al tratarse de un proyecto de alto impacto en una de las zonas costeras más sensibles del sur de Quintana Roo y en relación con la modificación del PDU Mahahual.
