CHETUMAL, QR.- La Asociación Estatal de Criadores de Aves de Combate solicitarán a diputados federales, ser excluida de la iniciativa nacional que pretende la prohibición de las peleas de gallos en todo el país.
En Quintana Roo, las peleas de gallos y corridas de toros quedaron prohibidas desde el 26 de junio de 2022, por una reforma avalada por el Congreso del Estado de la Ley de Protección y Bienestar Animal.
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El artículo 20 de la citada normatividad establece que son los ayuntamientos los que tienen la responsabilidad de otorgar las licencias de funcionamiento a las personas físicas o morales vinculadas con la cría, manejo, producción, exhibición y venta de animales.
La representante de la Asociación Estatal de Criadores de Aves de Combate, Karla Alejandra Salazar Reyes, indicó que solicitaron a los legisladores federales por el estado ser excluidos en dicha iniciativa, con el objetivo de que no desaparezca esta actividad que forma parte de las costumbres y tradiciones del país.
Indicó que hay una iniciativa pendiente y en análisis en la Cámara de Diputados, que pretende prohibir la actividad en todo el territorio nacional.
Actualmente, además de Quintana Roo, el estado de Veracruz también ha modificado sus leyes para impedir las peleas de gallos y corridas de toros.
Ayuntamientos avalan peleas de gallos
Pese a la prohibición en territorio quintanarroense, de acuerdo con el artículo 40, fracción XII, los Ayuntamientos siguen expidiendo “permisos”.
El presidente de la asociación animalista “Toda Vida es Importante”, Rafael Rivero Aburto, informó que algunos de los gobiernos municipales que siguen otorgado “permisos” son:
- Felipe Carrillo Puerto
- José María Morelos
- Lázaro Cárdenas
Señaló que esto es contrario a la Ley y que solamente por denuncia las autoridades investigan, en su caso.
En cuanto a la petición que hacen las asociaciones de peleas de gallos, incluso de corridas de toros, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece que los usos y costumbres no pueden estar por encima del bienestar de los seres vivos.
En Quintana Roo la asociación estima en 30 mil familias que dependen de estas actividades, consideradas en algunos estados del país como patrimonio cultural.
