CHETUMAL, QR.– Mujeres víctimas de violencia gastan más de 350 mil pesos en sus procesos penales ante la falta de juicios apegados a derecho. El colectivo Red de Víctimas Quintanarroenses informó que atiende 350 expedientes que no han recibido justicia y señaló que, de cada 10 mujeres que denuncian, el 50 por ciento abandona sus casos por maltrato institucional.
En conferencia de prensa, la representante del colectivo, Ariadne Song Anguas, mencionó que, desafortunadamente, las mujeres enfrentan diversas complicaciones durante sus procesos, las cuales, además de encarecer los procedimientos penales o judiciales, prolongan el tiempo para obtener una resolución o sentencia.
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La abogada estuvo acompañada por siete mujeres víctimas de violencia ejercida por sus parejas, familiares o en sus centros laborales, así como por casos relacionados con el retiro de la custodia de sus hijos. Cada una expuso su situación particular, pero con un común denominador: la violencia institucional que no les ha permitido alcanzar la justicia.
El alto costo de los procesos jurídicos para las mujeres víctimas de violencia
Las afectadas destacaron que enfrentan situaciones difíciles, pues no solo se trata de dar seguimiento a sus denuncias, sino también de cubrir todos los gastos que ello implica.
Señalaron que no solo debe tomarse en cuenta lo que se eroga en abogados, sino también en trámites, atención médica derivada de las afectaciones a la salud que representa enfrentar el proceso e incluso la pérdida de empleo. A ello se suman casos de fraude por parte de abogados que, presuntamente, se coluden con autoridades.
En promedio, dijeron, las mujeres víctimas gastan entre 100 mil y más de 350 mil pesos para llevar adelante sus procesos, muchas veces sin lograr sentencias o resoluciones favorables. Este dinero, en ocasiones, debe conseguirse mediante préstamos, apoyo familiar o la venta de su patrimonio.
Song Anguas indicó que actualmente la Red de Víctimas Quintanarroenses atiende y asesora 350 casos de mujeres que padecen o padecieron algún tipo de maltrato.
Reveló que un alto porcentaje de las mujeres que denuncian claudica, desiste o abandona sus casos, no por carecer de razón, sino principalmente por la violencia institucional. También influyen los gastos, la revictimización y la dilación en la impartición de justicia.
“De 10 mujeres que denuncian, el 50 por ciento termina abandonando sus procesos penales por la violencia institucional; cinco o cuatro continúan, pero de estas solamente se logra judicializar un caso”, resaltó.
Agregó que, aun cuando un expediente es judicializado, resulta muy difícil alcanzar justicia si la víctima no cuenta con una red de apoyo emocional. Explicó que, aunque la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo) ofrecen terapia psicológica, la atención suele brindarse una vez al mes, lo que resulta insuficiente.
“Es cada mes y no significa que ellas no vayan a experimentar muchas otras cosas, pues padecen ansiedad, no duermen, no comen, requieren incluso tratamiento psiquiátrico, son rechazadas, las expulsan de sus comunidades; esa violencia no la está documentando ninguna autoridad, es una violencia invisible”, subrayó.
A ello, agregó, se suma que algunos jueces promueven el desistimiento, pues en diversas ocasiones les dicen a las víctimas: “Lo voy a judicializar (el expediente), pero es muy probable que no se logre una sentencia condenatoria; señora, no insista, acepte la suspensión condicional o el procedimiento abreviado, es lo que le conviene; si no lo acepta, ni siquiera ese dinero se va a llevar”.
El desistimiento también es promovido dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), pese a que su función es investigar y no amedrentar a las víctimas.
Song Anguas señaló que tanto jueces como personal de la FGE tratan de evitar que las mujeres acudan a la Red de Víctimas Quintanarroenses. Indicó que las afectadas tienen la libertad de elegir a quien las represente legalmente, pero explicó que el colectivo brinda apoyo jurídico mediante el cobro de una cantidad simbólica y solidaria. Es decir, una cuota muy inferior a la que cobraría cualquier abogado particular, debido a que la asociación entiende que el aspecto económico es fundamental para sostener los juicios y que su principal objetivo es la búsqueda de justicia.
Finalmente, criticó la falta de profesionalismo del sistema de procuración e impartición de justicia, así como la ausencia de acompañamiento y atención efectiva por parte del gobierno encabezado por Mara Lezama.
