CHETUMAL, QR.- Un promedio de 30 mujeres al mes interrumpen su embarazo con medicamentos, pese a la despenalización del aborto en Quintana Roo, ya que la ley no especifica los lugares en donde puedan realizarse esta práctica médica.
Erika Cornelio Ramos, presidenta del Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazil-Há e integrante de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ), señaló que en efecto las reformas al Código Penal para que no se criminalice el aborto, en el estado, se aprobaron desde el 26 de octubre de 2022.
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Aún no se definen los lugares o los centros médicos en donde se realice la interrupción del embarazo voluntario hasta las 12 semanas, como lo establece la actual normatividad.
Este segundo momento, comentó, no ha llegado y se requieren de reformas para que establezcan de forma específica qué autoridad será responsable y cuáles serán los espacios, no obstante, se entiende que es la Secretaría Estatal de Salud (Sesa).
En teoría las mujeres que así lo decidan pueden acudir a cualquier hospital y la Sesa debe garantizar los servicios, pero en la Ley no hay una obligatoriedad específica para ello.
En Quintana Roo, de forma oficial y con la certificación de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, se puede practicar el aborto seguro en el Hospital Materno Infantil Morelos, de Chetumal, y en el Hospital Integral de Isla Mujeres, pero solo los casos relacionados con la norma 046, es decir, por violación.
Cornelio Ramos señaló que cualquier centro médico del estado debería estar garantizado el aborto bajo estos términos, pues en el país y el estado están obligados por normativas nacionales e internacionales, a través de tratados.
Falta de normativa para proteger a las mujeres
Aseguró que en Quintana Roo no hay una acción oficial que obligue a sus instituciones a interrumpir su embarazo voluntario, ni siquiera existe difusión para que se haga de conocimiento de las mujeres.
Las colectivas feministas hasta el momento no han tenido conocimiento que alguna mujer haya abortado en un hospital público o privado, a partir de que se aprobaron las reformas en el 2022.
Lo que sí se sabe y con datos de las propias colectivas es que a falta de especificidad de la Ley y de los espacios para ello, alrededor de 30 mujeres son “acompañadas” para abortar con medicamentos, por lo que se sigue poniendo en alto riesgo su integridad, además de que ya sea en clínicas públicas o privadas esta práctica médica tiene un costo, pues menos se ha determinado la gratuidad del servicio, algo por lo que también están luchando las mujeres.
