CHETUMAL, QR.- Mientras el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) dictó medidas cautelares contra el presidente municipal, José Alfredo Contreras Méndez, y el Ayuntamiento de Bacalar, por presunta violencia política de género al retirar el carácter de representante jurídico a la síndico municipal, Juana Vanessa Piña Gutiérrez, en el Periódico Oficial del Estado se oficializó la designación de la nueva apoderada legal.
Por unanimidad, el pleno del Teqroo declaró parcialmente procedentes las medidas de protección solicitadas por Piña Gutiérrez, por lo que ordenó sean aplicadas sin prejuzgar el asunto de fondo, pues resulta necesario salvaguardar los derechos.
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Esta resolución se deriva del Acuerdo Plenario del Cuaderno de Antecedentes CA/009/2022, por la presunta comisión de actos de violencia política contra la mujer en razón de género contra la síndico y para lo cual interpuso un recurso ante esta autoridad jurisdiccional.
Este recurso se desprende del acuerdo emitido el 11 de julio por el Cabildo, por el que se le revoca a Piña Gutiérrez su carácter de representante jurídico del municipio de Bacalar y que ostenta por ley.
Las medidas de protección fueron ordenadas para ejecución inmediata de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia Local.
¿Cuáles son las medidas cauteladas ordenadas?
– Que el presidente municipal y el cabildo del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, se abstengan de realizar comentarios por sí o por terceras personas, ya sea a través de medios de comunicación tanto impresos como digitales y en las redes sociales que tengan por objeto descalificar a la parte actora en el desempeño de sus funciones.
– Que el presidente municipal y el cabildo del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, por sí o por terceras personas se abstengan de realizar cualquier conducta intimidatoria o violenta en contra de la parte actora y/o sus familiares y su personal a cargo relacionado con el desempeño de sus funciones.
– Toda vez que la parte actora manifestó temer por su seguridad personal, se deben adoptar medidas necesarias para evitar alguna lesión o daño. Además ordena a la Secretaría de Seguridad Pública conforme a sus atribuciones, para que de manera inmediata asigne la protección necesaria, continua y permanente, hasta que se dicte la sentencia de fondo por este órgano jurisdiccional.
– Se ordena al presidente municipal y el cabildo del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, se cercioren de publicar en los estrados del Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, copia de los efectos del presente acuerdo plenario.
– Se apercibe a todas las personas antes señaladas que, de no cumplir el presente acuerdo plenario se les podrá imponer alguna de las medias de apremio en términos de lo previsto en el artículo 52 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Mientras se dictan estas medidas en el Periódico Oficial del Estado, también ayer martes 19 de julio, se publicó en el periódico oficial la designación de Rosa García González, segunda regidora del Cabildo de Bacalar, como apoderada legal.
Este nombramiento quedó asentado en la publicación extraordinaria número 116 del tomo II.
Se argumenta que el Ayuntamiento de Bacalar tiene la facultad de acuerdo con el Artículo 66 de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo.
Además que de acuerdo con el Cabildo se negó a firmar diversa documentación propia de sus funciones, entre ellas las cuentas públicas del último trimestre del 2021 y primer trimestre del 2022.
El documento solo está firmado por seis de los nueve regidores, el presidente municipal y el secretario general.
La presión contra la síndico inicio desde que apoyó a una trabajadora víctima de presunto abuso sexual en contra del asesor principal de Contreras Méndez, de nombre Arturo C.G.
