CHETUMAL, QR.- Con el argumento de que la obra del Tren Maya es un tema de Seguridad Nacional, el Gobierno de México permitirá oficialmente el ingreso de transportistas de carga foráneo a Quintana Roo, aseguró secretario general del sindicato de volqueteros Caja Roja, Antonio González Notario.
En días pasados los transportistas del estado sostuvieron una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con la intención de que se contrate a los transportistas locales del sur del estado, en los tramos del Tren Maya que corresponden a Quintana Roo.
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El próximo tramo para iniciar es el seis, que va de Tulum a Bacalar (254 kilómetros aproximadamente). Se prevé sea a partir de la segunda quincena de agosto.
En la reunión se acordó que por lo menos 25 sindicatos de transportistas locales serán contratados para transporte de material, para los trabajos de instalación de las líneas del tren.
Aunque se les dejó en claro que no serán los únicos, pues también se hará lo propio con operadores de transporte foráneo, lo cual no fue del agrado de los concesionarios locales, pero se les informó que el Tren Maya es un proyecto considerado como de Seguridad Nacional, por lo que se hará lo que sea necesario para concluir la obra en diciembre del 2023.
Normatividad demanda contratar transportistas
A fines de marzo González Notario señaló que en Quintana Roo la normatividad en la materia impide contratar transporte de carga si no es mediante un sindicato local, además de que la legislación en la materia establece hasta la zona de operación por municipio.
El proyecto del Tren Maya fue declarado tema de Seguridad Nacional desde el 18 de julio pasado y ese fue el justificante, dijo, para traer transporte de fuera del estado.
Aseguró que el Gobierno de México está “subestimando” a los 25 sindicatos, pues en conjunto suman más de dos mil concesionarios y mil 200 unidades de carga.
González Notario indicó que también se les argumentó que se les dará prioridad a los transportistas locales.
Esperan que en los próximos días se haga válido el compromiso de la contratación por parte del Gobierno de México.
