Claves de la noticia:
- Incendios forestales Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco son las demarcaciones que presentan rezago en la actualización de sus herramientas de prevención.
- Normativa. La Ley Nacional de Protección Civil invita a la actualización, pero no establece sanciones ni plazos obligatorios, apelando a la autonomía municipal.
- Herramienta fundamental. El Atlas de Riesgo es vital para identificar zonas susceptibles durante la temporada de incendios forestales que acaba de iniciar en la entidad.
Vulnerabilidad ante el fuego: Municipios del sur de Quintana Roo, sin Atlas de Riesgo actualizado
CANCÚN, QR.– Apenas transcurrida la primera semana desde el arranque oficial de la temporada de incendios forestales en el sureste mexicano, Quintana Roo enfrenta un reto estructural en materia de prevención. Tres de sus municipios más extensos y con mayor densidad de vegetación —Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco— operan actualmente sin haber actualizado sus Atlas de Riesgo, una herramienta que resulta técnica y operativamente indispensable para la gestión de emergencias.
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Guillermo Núñez, titular de la Secretaría de Protección Civil en el estado, confirmó que estas tres demarcaciones son las únicas que aún no cuentan con el documento al día. A pesar de que la temporada de sequía y estiaje suele ser particularmente severa en la zona centro y sur de la entidad, el funcionario señaló que los procesos de integración y presentación de propuestas por parte de dichos ayuntamientos aún se encuentran en etapa de desarrollo.
Un vacío legal que frena la homologación
Uno de los puntos más críticos señalados por el secretario estatal radica en la naturaleza de la normativa vigente. De acuerdo con Núñez, los Ayuntamientos de estos tres municipios no están sujetos a un plazo perentorio para cumplir con esta actualización. La legislación nacional en la materia, aunque subraya la importancia de contar con datos vigentes, se limita a realizar una “invitación” a las autoridades locales.
“Realmente, no tienen un plazo. Hay una ley que los invita a que trabajen en sus Atlas de Riesgo; sin embargo, eso ya es labor de cada dependencia de cada municipio que empiecen a hacer su labor”, explicó Núñez, subrayando que el Gobierno del Estado debe actuar con cautela para no vulnerar la autonomía municipal.
Esta falta de obligatoriedad genera un escenario de incertidumbre, ya que, sin un Atlas de Riesgo actualizado, la capacidad de respuesta y, sobre todo, la planificación territorial ante fenómenos naturales como los incendios forestales, se ven mermadas por el uso de información obsoleta que podría no reflejar los cambios recientes en el uso de suelo o el crecimiento urbano.
El llamado nacional y la homologación de criterios
La problemática en Quintana Roo no es un caso aislado, pero cobra relevancia tras los esfuerzos realizados el año pasado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). A principios de 2025, el organismo federal instó a todos los niveles de gobierno a agilizar la actualización de sus bases de datos para lograr una homologación efectiva con el Atlas Nacional de Riesgos.
A este esfuerzo se sumó en su momento la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, la cual aprobó dictámenes para garantizar que la información municipal, estatal y federal hablara "el mismo idioma" técnico. El objetivo de estas reformas era evitar que la falta de vigencia en los datos municipales entorpeciera la asignación de recursos o la estrategia de combate frontal en caso de desastres mayores.
La importancia estratégica frente al fuego
Para los municipios que sí han cumplido con este requisito, el Atlas de Riesgo se convierte en su principal hoja de ruta durante los meses de marzo, abril y mayo, periodo en el que las altas temperaturas y la escasez de lluvias incrementan la susceptibilidad de la selva quintanarroense.
Esta herramienta permite a los cuerpos de emergencia identificar puntos de calor históricos, zonas de difícil acceso para las brigadas y áreas donde la cercanía de la selva con zonas habitadas representa un riesgo civil inminente. Sin embargo, para Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, la estrategia tendrá que basarse en la experiencia previa y en el monitoreo satelital en tiempo real, mientras sus gobiernos locales concluyen la integración de sus documentos oficiales.
La actualización de los Atlas de Riesgo no es un mero trámite administrativo; es la columna vertebral de la prevención de desastres que permite salvar vidas y proteger el capital natural de un estado que, año tras año, libra una batalla constante contra el fuego.
