CHETUMAL, QR.– Ante la falta de resultados en la judicialización de sus casos de violencia vicaria, integrantes del Frente Nacional Mujeres (FNM) se manifestaron nuevamente en las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Amira Cárdenas Tuyub, presidenta de la agrupación civil, señaló que, pese a varias reuniones, incluso con el titular de la FGE, Raciel López Salazar, sus carpetas de investigación no avanzan.
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Sin justicia para víctimas, reclama Frente Nacional Mujeres en Chetumal
Detalló que el FNM da seguimiento a 21 casos ante la institución: 15 en Chetumal, seis en Cancún y cinco en Playa del Carmen.
Agregó que las madres sufren las consecuencias de la falta de resultados, pues padecen violencia vicaria por parte de sus parejas o exparejas, a quienes, incluso, la autoridad ha dado preferencia.
Aseguró que hay madres que no solo pagan pensiones, sino que la presión y la depresión que enfrentan las ha llevado incluso a atentar contra su vida.
Linda es una de las madres que debe cubrir pensión, ya que su expareja le arrebató a su hija; ella se quedó con dos menores. Por esta razón alzó la voz, pues asegura que su caso no es único, ya que muchas mujeres atraviesan por situaciones similares o peores.
El grupo de madres ingresó a las instalaciones de la FGE estatal, en espera de ser recibidas y de obtener información sobre avances reales en sus casos.
Frente Nacional Mujeres denuncia rezago en 21 investigaciones por violencia vicaria
En Quintana Roo, el delito de violencia vicaria fue establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para combatir estas agresiones.
Este tipo de violencia fue tipificado como delito el 22 de agosto de 2022 en el ámbito civil familiar. Posteriormente, el 29 de abril de 2024, se incorporó al Código Penal del Estado, en el artículo 176 quinquies.
La legislación local establece que comete este delito quien, de manera dolosa, cause daño directo o a través de otra persona a alguien con quien mantenga o haya mantenido una relación, utilizando a sus hijas o hijos, generándoles también daño físico o psicoemocional.
La pena por este delito es de hasta ocho años de prisión, especialmente si hay daños hacia los hijos. Además, el agresor puede perder la patria potestad, la custodia y los derechos hereditarios.
