La violencia volvió a irrumpir en uno de los principales escaparates del Caribe mexicano. La madrugada del viernes 9 de enero de 2026, un festival de música electrónica en Tulum se convirtió en escena de una ejecución, un hecho que las autoridades intentaron ocultar priorizando la narrativa turística por encima de la seguridad pública.
También te puede interesar: $250 por agua: El menú viral que expone el turismo de lujo en Tulum
El patrón de violencia que sacude los festivales en Tulum
Un nuevo hecho de violencia sacudió al destino turístico de Tulum, sumándose a una serie de episodios registrados en Quintana Roo que han puesto en entredicho la seguridad. Este ataque ocurrió durante las primeras horas del viernes 9 de enero de 2026, mientras el evento “Themplo” aún concentraba a cientos de personas, en su mayoría turistas extranjeros.
La ejecución tuvo lugar en el acceso principal, en la zona de la avenida Kukulkán. Varias fuentes identificaron el evento, realizado en la zona costera, como un festival internacional de música electrónica.
- Identificación del evento: Se mencionó el evento bajo dos nombres distintos: “Themplo” y el festival “Solomun Tulum”, realizado en el bar “Tehmplo”.
- Ubicación precisa: El suceso tuvo lugar en el cruce de la avenida Kukulcán con la carretera a Boca Paila, según datos extraoficiales.
Cronología del ataque directo
De acuerdo con información preliminar, sicarios armados dispararon de manera directa contra la víctima, quien fue asesinada a balazos. El cuerpo permaneció tendido varios minutos en plena vía pública o en un camino de terracería cerca del evento, mientras se intentaba controlar la escena.
Los detalles del homicidio son precisos:
- La víctima, un masculino identificado como trabajador temporal por la Fiscalía de Quintana Roo (FGE), recibió al menos dos impactos de bala.
- Las heridas se localizaron en el pecho y la espalda.
- Peritajes iniciales señalaron el uso de arma de fuego calibre 9 milímetros, con al menos seis detonaciones realizadas en el lugar.
- El occiso vestía una camiseta negra con el logotipo “Themplo” y su cuerpo fue localizado, según otras versiones, junto a los baños del inmueble donde se realizaba la fiesta.
La opacidad oficial y el colapso de la seguridad interna
El intento de opacidad por parte de las autoridades para no dañar la imagen del destino en plena temporada alta quedó rápidamente evidenciado. Aunque corporaciones de seguridad desplegaron un operativo discreto y evitaron emitir información inmediata, la estrategia se vino abajo gracias a la difusión de asistentes y familiares en redes sociales, lo que obligó a las autoridades a reconocer indirectamente el homicidio.
Este incidente expuso la fragilidad de los esquemas de seguridad en eventos masivos por dos puntos clave:
- Obstrucción policial: Versiones iniciales señalan que agentes de la Policía local no pudieron ingresar al sitio ni tuvieron acceso inmediato al inmueble en el momento de los hechos.
- Motivo del bloqueo: La dificultad para ingresar fue atribuida a obstrucciones por parte de la administración del lugar.
No hubo detenidos en el sitio. Fue posterior la llegada de una ambulancia que confirmó el deceso de la víctima y la intervención de agentes de seguridad y peritos para el levantamiento del cuerpo.
La investigación y la sombra del narcomenudeo
La Fiscalía de Quintana Roo (FGE) informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de este masculino. La FGE detalló que autoridades de los tres niveles de Gobierno trabajan de manera coordinada para dar con los responsables de lo que se considera un ataque directo.
Como principal línea de investigación, la FGE analiza la posible relación del hecho con actividades de narcomenudeo, sin descartar otras hipótesis. No obstante, las autoridades no habían emitido un comunicado oficial con mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni el avance de las indagatorias. El informe oficial de la fiscalía aseguró que el ataque no puso en riesgo la seguridad de los asistentes al evento.
Este intento de minimizar lo ocurrido, bajo el argumento de proteger el turismo, evidenció que la prioridad gubernamental sigue siendo la de cuidar la narrativa turística por encima del derecho a la información y la seguridad pública.
