CHETUMAL, QR.- El Comité Central de Lucha de Quintana Roo se pronunció el día de ayer, en contra del decreto presidencial para reducir la edad de jubilación de los docentes en todo el país. Mediante un breve comunicado, el comité informó que, tras analizar este documento con seriedad, llegó a la consideración que este decreto presidencial, firmado por Claudia Sheinbaum Pardo, no coincide con los intereses de la base magisterial.
“Este decreto no nos incluye a todas y todos. Solo aplica para quienes están en el régimen del Décimo Transitorio, es decir, quienes entraron al servicio antes del 1 de abril de 2007”, enfatiza el comité, al hacer referencia a la reforma a la Ley del ISSSTE de aquel año.
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En ese sentido, el comité precisó que el decreto presidencial deja fuera de este beneficio a los docentes jóvenes que se encuentran en el sistema de cuentas individuales y resaltó que en este decreto “no se menciona ninguna mejora, ni se reconoce el derecho a una pensión digna para nosotros”.
“No es una solución real. El decreto no reduce la edad hoy mismo. Solo detiene el aumento que ya venía ocurriendo y promete que en el año 2034 podríamos jubilarnos a los 53 (mujeres) o 55 (hombres). Es una promesa aplazada, no una solución de fondo”, agregó el comité.
Además, esta organización subraya que este decreto no reforma la Ley del ISSSTE, y, por otro lado, solo pide que se considere una propuesta en la Junta Directiva de este instituto. “No hay garantía de que se cumpla. No hay claridad sobre cómo se va a financiar”, añade.
Ante esta situación, el comité se pronunció en contra de que existan “dos tipos de maestros: unos con derechos completos y otros abandonados”.
“Exigimos la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. Queremos un solo sistema solidario de pensiones para todas y todos los trabajadores de la educación. Pedimos una reforma de verdad, que sea justa, inmediata y sin excluir a nadie”, expresa.
No ven beneficio en decreto presidencial
Por último, esta organización hizo un llamado a la unidad de los docentes, para hacer frente a este decreto: “No dejemos que nos dividan. No nos dejemos engañar con decretos que suenan bien pero no resuelven nada.¡La lucha sigue!”.
Este decreto aplica a aproximadamente 947 mil trabajadores del Estado afiliados al sistema de cuentas individuales instaurado en 2007.
Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su titular Mario Delgado Carillo, la medida tendrá un costo fiscal de más de 36 mil millones de pesos durante el sexenio actual, y de 80 mil millones de pesos hacia 2034.
