CHETUMAL, QR.- Un daño patrimonial por más de siete mil 705 millones de pesos en la administración de Roberto Borge, cuyos expedientes se dejaron prescribir en el sexenio de Carlos Joaquín, es investigado, informó la titular de la Secretaría de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado.
La contralora estatal señaló que en 2022 recibieron 513 expedientes de responsabilidad administrativa, pero solo 184 estaban activos.
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Dijo que muchos funcionarios encargados de atender y dar seguimiento a estos expedientes actuaron de manera negligente. Estos casos en investigación fueron por contratos simulados y desvío de fondos, varios de ellos relacionados con recursos de programas sociales.
Los plazos legales, dijo, han prescrito en su mayoría, y con ello se fue la oportunidad de recuperar los recursos.
Dejó claro que la investigación es solo contra funcionarios de la SECOES de la administración de Carlos Joaquín, de mandos medios y superiores, aunque por el debido proceso omitió señalar si dentro de los investigados se encuentra su antecesor, Rafael del Pozo Dergal.
También exoneró a Carlos Joaquín al reiterar que él no figura dentro de las investigaciones.
Dijo que ya se han registrado inhabilitaciones por estos casos, aunque no especificó cuántos. Se refirió a una cifra general que abarca otras dependencias y que asciende a 47 exfuncionarios, cuyas resoluciones en 41 casos han quedado firmes.
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Edgar Ramírez Morales, señaló que el delito por el que se imputa a los exfuncionarios de la Contraloría es uso ilícito de poder.
Carlos Fuentes, consejero Jurídico del Gobierno del Estado, mencionó que lo que favoreció la caducidad de los expedientes fue que anteriormente la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos fijaba un plazo de tres años para la prescripción, y recientemente fue modificada a siete.
Sin embargo, enfatizó, eso no debió ser impedimento para evitar un daño patrimonial a los quintanarroenses.
Aclaró que la investigación no solo puede derivar en responsabilidades administrativas, ya que también se han interpuesto las correspondientes denuncias penales.
Cantidades destacadas del daño patrimonial
Entre el daño patrimonial en el sexenio de Roberto Borge, 2011-2016, destacan las siguientes cantidades:
- 55 millones 232 mil 390 pesos de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
- 526 millones 890 mil 537 pesos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
- 12 millones 200 mil pesos de la Secretaría de Salud (Sesa).
- 52 millones 57 mil 285 pesos de los Servicios Estatales de Salud (Sesa).
- 97 millones 268 mil 299 pesos de la Universidad Politécnica de Cancún.
- 161 millones 810 mil 627 pesos del IPAE-Agepro.
- 139 millones 608 mil pesos de la Secretaría de Gobierno.
- 1,850 millones 495 mil 900 pesos de la Sefiplan y la Sedaru.
- 47 millones 254 mil 204 pesos de la Sefiplan.
- 20 millones 880 mil pesos de la Sefiplan.
- 40 mil 491 pesos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra).
- 2 millones 199 mil 912 pesos del IPAE.
- 806 millones 616 mil 882 pesos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).
- 161 millones 206 mil 527 pesos de Sefiplan y Gobierno del Estado.
- 26 millones 104 mil 283 pesos de Sefiplan.
- 142 mil 372 pesos de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo).
- 73 millones 538 mil pesos de COJUDEQ.
- 483 millones de pesos de SEFIPLAN y la Unidad del Vocero.
- 9 millones de pesos de VIP Saesa.
- 258 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena.
- 196 millones de pesos de la Secretaría de Gobierno.
- 550 millones de pesos de la Secretaría de Turismo.
- 174 millones de pesos de SEFIPLAN y Sedari.
- 48 millones de pesos del IPAE.
- 1,522 millones de pesos de Sedaru y SEFIPLAN.
- 1,212 millones de pesos del IEEA.
- 31 millones de pesos de Sesa.
- 1,377 millones de pesos de Sesa.
- 195 millones de pesos de SEFIPLAN.
