CHETUMAL, QR.– A casi tres meses de haberse destapado el presunto fraude en contra de propietarios de mascotas por parte del crematorio Casa Xibalbá, solo alrededor de 20 denuncias han sido judicializadas, reveló el representante de la asociación animalista Toda Vida es Importante, Rafael Rivero Aburto.
El también abogado señaló que ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se interpusieron alrededor de 250 denuncias contra los propietarios del negocio, Alejandro “N” y Briseidy “N”, luego de que, a finales de octubre, engañaron a dueños de mascotas al entregarles tierra en lugar de cenizas como parte de un supuesto servicio de cremación.
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Precisó que, del total de las denuncias, únicamente unas 20 carpetas de investigación, equivalentes a 8%, han sido judicializadas, mientras que las otras 230 continúan en proceso de integración de pruebas.
De acuerdo con Rivero Aburto, la judicialización de estas carpetas representa un paso para que las familias afectadas accedan a la justicia y, en su caso, a la reparación del daño. Indicó que la integración de los expedientes es un trabajo complejo y ha requerido una labor técnico-jurídica exhaustiva por parte de la FGE.
Integración de expedientes del crematorio Casa Xibalbá
Explicó que para conformar las carpetas fue necesaria la recopilación de datos, entrevistas, cruces de información y dictámenes periciales, como parte de las etapas del proceso de judicialización.
Añadió que las autoridades ministeriales han mantenido contacto con las víctimas o sus representantes legales para agilizar la integración de los expedientes y evitar retrasos.
El representante de la asociación animalista destacó que las 20 carpetas judicializadas indican que existen elementos suficientes para llevar los casos ante un juez y para sustentar las demandas de las familias afectadas. Señaló que, ante la cantidad de denuncias interpuestas, la FGE ha recurrido a diversas áreas para la atención de las familias, la investigación y la integración de los expedientes.
Ante las exigencias de las víctimas, la Fiscalía realiza acciones para evitar que los casos remitidos a los juzgados sean desechados. “Se busca que las carpetas estén correctamente integradas, para que no se caigan”, agregó.
Anticipó que en las próximas semanas podrían judicializarse más carpetas, por lo que exhortó a las familias que aún no han presentado su denuncia a acudir ante la FGE.
Fue a finales de octubre de 2025 cuando, derivado de una denuncia pública, autoridades localizaron restos de mascotas en lotes baldíos cercanos a la Megaescultura, en Chetumal. La cifra más reciente reportó cerca de 200 cuerpos.
Hallazgo de restos ligados al crematorio Casa Xibalbá
Los restos, principalmente de perros y gatos, estarían relacionados con un presunto fraude cometido por Alejandro “N” y Briseidy “N” en el crematorio Casa Xibalbá, quienes ofrecían servicios de cremación y entregaban tierra en lugar de cenizas, mientras los cuerpos eran abandonados en el basurero municipal y en terrenos baldíos.
Tras la presentación de las denuncias, los delitos que se les imputan son fraude y usurpación de profesiones, este último debido a que realizaban prácticas veterinarias y psicológicas sin contar con título ni acreditación.
Los presuntos responsables fueron detenidos y vinculados a proceso, y como medida cautelar se les impuso prisión preventiva, por lo que permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.
En el caso de Briseidy “N”, solicitó un amparo por maternidad y obtuvo una suspensión provisional que derivó en arraigo domiciliario; sin embargo, el juez negó posteriormente la suspensión definitiva, por lo que fue reingresada al penal. Únicamente se ordenó garantizar un espacio adecuado para ella y su bebé, conforme a la legislación vigente.
Aunque asociaciones animalistas estiman que más de 600 familias resultaron afectadas, hasta el momento solo se han interpuesto 250 denuncias.
La Ley de Bienestar Animal y el Código Penal del Estado establecen que, por los delitos imputados, los presuntos responsables podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión, que podrían incrementarse según las agravantes.
