CHETUMAL, QR.- El Comité de Gestión de la Zona Limítrofe con Campeche informó que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) medidas precautorias a favor de las comunidades fronterizas de Quintana Roo en conflicto limítrofe, derivado de las reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Lo anterior se realizó a través de un escrito dirigido al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está a cargo de la redacción del proyecto de sentencia de la controversia constitucional entre ambos estados, aseguró el asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, Andrés Blanco Cruz, quien ingresó el documento a la SCJN.
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Blanco Cruz mencionó que el problema limítrofe data de muchos años atrás y no ha tenido solución.
Agregó que unas 75 comunidades de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y José María Morelos han resultado afectadas. En el caso de Othón P. Blanco, son 33 comunidades las que, para contar con servicios básicos como agua potable, han tenido que recurrir a amparos. Pese a ello, aún no se cumple totalmente con lo mandatado por la Scjn.
Blanco Cruz consideró que la reforma al Poder Judicial de la Federación podría retrasar aún más la solución de este conflicto debido a los cambios en la elección y la nueva estructura con la que operará.
El asesor jurídico explicó que lo que se solicita al ministro instructor son medidas precautorias que salvaguarden los derechos humanos de los habitantes de la zona limítrofe. Esto implicaría que, sin resolver el fondo del asunto, se vincule a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para que establezcan normativas que faciliten la prestación de servicios básicos como agua, salud y movilidad.
Indicó que sería posible modificar las reglas de operación de los programas de inversión, ya que, aunque algunas autoridades tienen disposición para ayudar, la normatividad actual limita el apoyo.
Comunidades sin protección
Blanco Cruz expresó que espera que estas medidas precautorias se otorguen antes de un posible cambio en los ministros de la Scjn. “Esa es la idea ahora que está en funciones; hay un avance importante en el análisis de la controversia. Si los ministros son cambiados, el proceso se retrasará más, dejando a los habitantes de las comunidades limítrofes sin protección”, manifestó.
La principal disputa en el conflicto de límites es entre Campeche y Quintana Roo, aunque también está involucrado Yucatán. En este último estado, 75 comunidades de José María Morelos y Lázaro Cárdenas también se ven afectadas por la controversia constitucional 226/2019.
Gracias a la promoción de un amparo, dos comunidades de Othón P. Blanco, San Antonio Soda y Caobas, lograron obtener el servicio entubado de agua potable desde 2018. Actualmente, está en proceso el cumplimiento de un mandato judicial derivado de otro amparo para dotar de agua potable a las comunidades de Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángeles. Estas acciones beneficiarán también a otras seis comunidades. En estos nueve poblados habitan al menos siete mil personas.
