Claves de la noticia:
- Comisariado ejidal de Victoria: La denunciante señala que la audiencia para la prueba de ADN fue cancelada de última hora sin justificación clara.
- Presiones y ocultamiento: Acusan a la esposa del funcionario de intentar frenar el proceso legal mediante visitas domiciliarias y presuntos movimientos de bienes patrimoniales.
- Amenazas de despojo: La madre teme perder la custodia de su hija de seis años debido al poder económico e influencias agrarias del acusado en la región.
VICTORIA, QR.- Reyna Floriceli Dzib Ayala, habitante de la comunidad de Victoria, se trasladó a la cabecera municipal para denunciar públicamente a Francisco Javier Gonzáles Alcocer, actual comisariado ejidal de la localidad y propietario del parque ecoturístico “Kin-Ha”, por negarse a asumir la responsabilidad económica y legal de la manutención de su presunta hija, una menor de seis años de edad.
La afectada relató que sostuvo una relación con Gonzáles Alcocer basada en engaños, pues tiempo después descubrió que el funcionario era casado. Ante la falta de apoyo y por consejo de su familia, decidió emprender acciones legales para exigir la pensión alimenticia que por ley le corresponde a la menor.
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Freno al proceso legal y cancelación de audiencia de ADN
El proceso judicial ha enfrentado trabas de forma inmediata. Dzib Ayala informó que recientemente se había programado una audiencia crucial ante un juez para ordenar una prueba de ADN que confirmara la paternidad.
A pesar de la relevancia del trámite para esclarecer la situación jurídica de la niña, la cita fue cancelada de última hora por motivos que la demandante aún desconoce, lo que retrasa el establecimiento de las obligaciones alimentarias.
Red de encubrimiento, despatrimonilización y amenazas
La denuncia pública también señala directamente a Laura Patricia Escalante Mendoza, esposa del comisariado ejidal. Según Dzib Ayala, Escalante Mendoza ha acudido en repetidas ocasiones a su domicilio particular para presionarla con el fin de que no se realice el examen genético, falte a las audiencias y firme documentos donde renuncie formalmente a que la niña lleve el apellido del empresario.
Asimismo, la demandante afirmó que la esposa del ejidatario está realizando movimientos estratégicos para poner bienes patrimoniales a su nombre, ante el temor de que Gonzáles Alcocer deba responder con su capital ante la justicia.
El panorama para la madre de familia se ha tornado crítico tras recibir amenazas directas. De acuerdo con su testimonio, le han advertido que, si la prueba de ADN resulta positiva, utilizarán las influencias políticas y el poder adquisitivo del funcionario para arrebatarle la custodia de la menor.
Cabe destacar que Francisco Javier Gonzáles Alcocer cuenta con una sólida presencia económica en la región, al poseer diversos certificados agrarios en los ejidos de Agua Azul, Victoria y Héroes de Nacozari, además del complejo turístico “Kin-Ha”; recursos que la denunciante teme que sean utilizados para inclinar la balanza legal en su contra,
