CHETUMAL, QR.– Bajo el argumento de presuntos casos de trata de personas, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha clausurado al menos seis centros nocturnos en la capital, lo que ha generado pérdidas económicas para los propietarios y desempleo. Por esta razón, representantes de los negocios del giro, trabajadores y bailarinas realizaron una manifestación frente al Palacio de Gobierno.
Uno de los afectados, Fernando Martínez Martínez, señaló que lo único que buscan los empresarios es que los dejen trabajar.
También te puede interesar: Piden a CAPA acabar con deficiencias en Nicolás Bravo
Empresarios protestan por clausura de centros nocturnos en Chetumal
“Nosotros pagamos impuestos, tenemos documentos al día, todo conforme a la ley; por ello pedimos que permitan reactivar nuestros negocios”, manifestó.
Indicó que las autoridades de la FGE y otras instancias que investigan la trata de personas deben hacer bien su trabajo, pues clausuran los inmuebles sin realizar investigaciones profesionales. Aseguró que en la manifestación participaron alrededor de 40 bailarinas, ninguna de las cuales está obligada a trabajar.
Señaló que en estos centros nocturnos laboran en promedio 50 personas por negocio, por lo que ahora alrededor de 50 trabajadores están desempleados.
Hay empleados que estudian, incluidas bailarinas que asisten a universidades, quienes atraviesan una situación complicada por no contar con ingresos. Añadió que, además de los trabajadores, existen familias que dependen de las personas que laboran en estos lugares.
Destacó que el desempleo y las pérdidas económicas obligaron a propietarios, encargados, trabajadores y bailarinas a manifestarse para pedir la intervención de la gobernadora Mara Lezama, a fin de que se liberen los inmuebles y se reactiven las actividades.
Centros nocturnos cerrados dejaron a decenas de personas sin empleo
Explicó que todos los centros nocturnos fueron cerrados en fechas distintas, a partir de presuntas llamadas telefónicas que alertaban sobre casos de trata de personas. Aun cuando no encontraron pruebas, clausuraron y aseguraron los negocios.
“Lo único que hacen es formar a las trabajadoras, preguntar quién es el encargado o gerente, llevárselos detenidos y, antes de irse, clausurar y asegurar los negocios”, añadió.
Todos los detenidos deben pagar multas para quedar en libertad. A las bailarinas, comentó, les hacen preguntas confusas para determinar si están retenidas.
Reiteró que solo piden poder trabajar, pues no hay delito que perseguir; sin embargo, los negocios continúan asegurados. “No podemos sacar nada: productos, computadoras, mobiliario; ni siquiera podemos entrar”, expresó.
Resaltó que algunos empresarios ya abrieron negocios con otros giros para evitar problemas, pero no todos tienen esa posibilidad. Mientras tanto, cientos de personas siguen desempleadas y los propietarios continúan perdiendo sus fuentes de ingreso.
Durante la manifestación entregaron un documento a un funcionario estatal, Manuel Tun, quien les informó que la gobernadora no podía recibirlos y que obtendrán una respuesta en aproximadamente 15 días.
