CHETUMAL, QR.- Un grupo de habitantes de la zona limítrofe con Campeche arribó a las instalaciones de Palacio de Gobierno para exigir la reconstrucción carretera Caobas-Frontera.
Leobardo López Hernández, presidente del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe con Campeche, señaló que llegaron de forma pacífica para entregar un documento para una solicitud de audiencia con la gobernadora María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.
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Dijo son 20 representantes de las comunidades que se apersonaron en las oficinas gubernamentales.
La solicitud es para la reconstrucción de la carretero que va de la comunidad de Caobas al poblado de Frontera, en la zona limítrofe pero pertenecientes al municipio de Othón P. Blanco.
López Hernández destacó que como parte de las acciones para lograr el objetivo se programó una reunión con las autoridades de la Secretaría Estatal de Obras Públicas (SEOP).
Mencionaron que la vía es intransitable, pero además debió reconstruirse hace años desde que se estableció el Plan Puebla-Panamá, en el sexenio de Vicente Fox.
Son 80 kilómetros de vía que requieren ser trabajados para dejar una carretera transitable para más de 14 comunidades asentadas por la zona.
Algunos de los poblados perjudicados por las condiciones de la carretera son: Caobas, San Antonio Soda, La Lucha, Narciso Mendoza, , Josefa Ortiz de Domínguez, La Moza, Felipe Ángeles, Nuevo Canáan, San José de la Montaña, El Tesoro, Otilio Montaño, Prioneros del Río, 20 de Noviembre y Frontera.
Los representantes comunitarios confiaron en que habrá respuesta a sus peticiones o la gestión respectiva, pero de no recibir apoyo emprenderán acciones para ejercer presión, bloqueos y la presentación de recursos legales.
Carretera en mal estado debido a las lluvias
Uno de los factores que han generado el mal estado de la carretera son las lluvias que por años han azotado la región, sin que haya interés de las autoridades en mejorar la infraestructura vial.
En la zona limítrofe con Campeche están asentadas alrededor de 37 comunidades de Othón P. Blanco. La controversia constitucional con el vecino estado ha sido el argumento de las autoridades estatales y municipales para no inyectar recursos para infraestructura y servicios.
En dichas comunidades hay alrededor de 15 mil habitantes, cuyas autoridades han interpuesto amparos para poder acceder al servicio de agua potable.
