CHETUMAL, QR.- Las cuatro trabajadoras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) y de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (Draef) que presuntamente desviaron más de 22 millones de pesos fueron dadas de baja.
Se trata de dos casos diferentes que involucran a cuatro empleadas, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Fecc).
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En el primer caso, se señala a tres trabajadoras de la Capa: Lupita, Irene y Miriam. Estas empleadas utilizaron recursos de la paraestatal e invirtieron el dinero en criptomonedas, aunque el negocio no prosperó.
En el segundo caso, se señala como presunta responsable a Mónica, empleada de la Draef, quien tomó atribuciones que no le correspondían y realizó convenios de pago con deudores de la Capa. Para estos convenios, redujo el monto de las deudas y no reportó el dinero que los morosos pagaron para liquidar sus compromisos.
Las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción avanzan desde el operativo realizado el pasado 22 de noviembre en las oficinas de la Capa. Los resultados arrojaron un faltante superior a los 22 millones de pesos, por lo que las autoridades determinaron dar de baja a las trabajadoras involucradas.
Capa no da detalles
Hugo Garza Sáez, encargado de la Dirección General de la Capa, confirmó la baja de las empleadas, pero omitió dar detalles. Además de esta sanción administrativa, las trabajadoras enfrentan procedimientos judiciales.
Aunque estas cuatro empleadas son las principales señaladas, se investiga la posible participación de otros empleados. La investigación forma parte de los trabajos de fiscalización realizados por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) desde el año pasado.
Por el momento, el desvío de recursos asciende a más de 22 millones de pesos; sin embargo, no se descarta que con las investigaciones en proceso la cifra pueda aumentar. La gobernadora Mara Lezama está al tanto del caso y ordenó aplicar la ley conforme a derecho.
