CHETUMAL, QR.– Comuneros del poblado de Morocoy sostuvieron la primera audiencia por litigio y desahogo de pruebas como parte del proceso jurídico contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a la falta de indemnización por las tierras donde se ubican las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná.
Sonia Vázquez Lili, presidenta del Comisariado Ejidal, señaló que en la audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) las partes involucradas presentaron pruebas, luego de que el INAH ha usufructuado los centros prehispánicos desde hace más de 20 años sin cumplir con el pago correspondiente por las tierras.
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Destacó que son alrededor de 300 hectáreas las que están en conflicto legal y donde se asientan las zonas arqueológicas.
Ejido refuerza pruebas en audiencia por litigio por tierras arqueológicas
Vázquez Lili aseguró que las tierras son de uso común y pertenecen al Ejido de Morocoy, de lo cual —dijo— se tienen las pruebas respectivas.
Indicó que son 10 instituciones las involucradas en el juicio, pero en el caso del Gobierno del Estado, el ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Secretaría de Turismo (Sedetur), se deslindaron mediante escritos, pues el ejido solicita la indemnización o la reposición de hectáreas. Señaló que el proceso continúa y que la siguiente audiencia se llevará a cabo el 26 de febrero a las 11:00 horas.
Comuneros mantienen control de acceso durante audiencia por litigio
La presidenta del Comisariado Ejidal agregó que, por el momento, no tienen previstas manifestaciones; sin embargo, el Ejido de Morocoy mantendrá el control de las ruinas y continuará cobrando por el acceso hasta que se dicte sentencia y el INAH salde el compromiso con los comuneros.
La tarifa de acceso a Dzibanché y Kinichná es de 50 pesos para visitantes nacionales y 60 pesos para turistas extranjeros.
Hizo un llamado al público en general para que visiten las zonas arqueológicas, pues el proceso legal no afecta el acceso.
Ante la falta de indemnización por parte del INAH, el Ejido de Morocoy instaló una caseta de cobro en la vía que conduce a las zonas arqueológicas desde febrero de 2022.
La afectación alcanza a 271 ejidatarios de Morocoy, Othón P. Blanco. El expediente del proceso jurídico ante el TUA es el 261/2025.
