CHETUMAL, QR.- En un escrito enviado por la empresa Aguakan a la gobernadora Mara Lezama, al Congreso del Estado y a las autoridades municipales de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, se queja de la terminación indebida de su concesión este 31 de diciembre y de que, mediante un amparo, logró la suspensión del retiro de la concesión.
En el escrito se indica que el Congreso del Estado no es una autoridad facultada para rescindir el contrato, mediante el cual, afirma, atiende a más de 1.5 millones de personas.
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Destaca que se suscribió una ampliación de dicha concesión en 2014 hasta el 31 de diciembre de 2053, por la cual pagó más de mil 70 millones de pesos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, al que, asegura, ha pagado más de 7 mil 900 millones desde el inicio del acuerdo.
Además, continúa, ha invertido en infraestructura para brindar el servicio de agua potable, tratamiento de aguas negras y alcantarillado más de 8 mil millones de pesos.
Destacó que se amenaza el derecho al agua en los municipios antes mencionados, así como el de 22.5 millones de inversores mexicanos mediante sus Afores.
Se ampara Aguakan
Afirma la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (Aguakan) que presentó el 26 de diciembre pasado un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación contra el denominado Decreto 195, emitido por el Congreso del Estado, para abrogar el número 250, que en 2014 ampliaba la concesión, logrando la suspensión provisional.
En el amparo se solicita el mantenimiento de la concesión hasta 2053, para continuar prestando servicios en Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
