CANCÚN, QR.- La empresa Aguakan manifestó anoche su disposición a poner fin de manera anticipada a su concesión en Quintana Roo, siempre que reciba una justa indemnización por ello.
Mediante un comunicado publicado casi simultáneamente al posicionamiento del Gobierno estatal la noche del miércoles, la empresa negó haber operado de manera ilegal o causado estragos a los habitantes de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
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Afirmó que, por el contrario, ha realizado inversiones significativas en infraestructura, destinando más de 8,865 millones de pesos a mejorar el servicio en dichos municipios.
Destacó que, durante los años en que ha tenido la concesión, ha aportado más de 5,000 millones de pesos en contraprestaciones anuales al estado y ha pagado 5,824 millones de pesos en impuestos federales.
Además, subrayó que en 2014 su concesión fue extendida legalmente con la aprobación de dependencias estatales y municipales.
Sin embargo, el Gobierno del Estado señaló en su posicionamiento que la concesión otorgada en los años 90 fue prorrogada ilícitamente en 2014 hasta 2053 y ampliada a un municipio adicional: Solidaridad.
Derivado de lo anterior, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que, tras integrar la carpeta de investigación correspondiente, determinó que existían elementos suficientes contra directivos de la empresa DHC Aguakan.
La empresa enfatizó que en su capital social participan afores de gran importancia, como Banamex, Sura, Principal y Pensionissste, además del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Señaló que, por tal motivo, cualquier modificación en la administración del servicio podría afectar severamente los ahorros de millones de trabajadores.
En este sentido, el Gobierno del Estado indicó que las acciones emprendidas en ningún momento han implicado acoso ni acuerdo alguno. “Lo que nos llevó a dicha reunión (a petición de Aguakan) fue la salvaguarda, por parte del Estado, de las inversiones de las afores y de los derechos laborales de las y los trabajadores”, agrega el posicionamiento.
“El actuar de la autoridad —aclara el posicionamiento— por la vía legal de ninguna manera constituye un riesgo para la inversión privada ni para las afores; por el contrario, dichos inversionistas podrían ser víctimas de los hechos cometidos por ciertos accionistas y administradores de DHC, quienes desplegaron conductas ilícitas tanto en la prórroga y ampliación de la concesión como en el deficiente servicio que prestan a las y los quintanarroenses”.
Tarifas de Aguakan
Por otra parte, al referirse a las tarifas de agua, Aguakan manifestó que estas son fijadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa).
“Las tarifas son uniformes en los 11 municipios del estado, incluidos los cuatro en los que opera Aguakan (Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres) y aquellos gestionados directamente por Capa. Sin embargo, nos enorgullece destacar que, en los municipios donde operamos, ofrecemos un servicio de mayor calidad, atención y cobertura”, añadió.
Por último, la empresa reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, y aseguró que cualquier terminación de su contrato debe garantizar un proceso justo y equitativo para todas las partes.
“La empresa está dispuesta a colaborar en la conclusión anticipada de su concesión, siempre que se respeten los marcos legales y se garantice un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas”, concluyó.
La postura presidencial
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se pronunció la mañana del miércoles a favor del litigio promovido por el Gobierno del Estado para retirar la concesión de agua potable a Aguakan en Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
A pregunta expresa durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que su gobierno no está a favor de la privatización del agua.
“Que siga el litigio, y lo mejor para la empresa Aguakan es entregar la concesión”, respondió la presidenta ante el cuestionamiento de un reportero.
Consideró que lo mejor que podría hacer la empresa es entregar la concesión, pues ha brindado un mal servicio a la población.
“En Cancún, en particular, es un abuso lo que ha estado haciendo esta empresa, un abuso. Cumplen con el derecho humano al agua, pero cobran las tarifas como quieren”, sostuvo.
“Estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora en que entreguen la concesión”, añadió.
La mandataria federal señaló además que mantener el agua privatizada es una práctica propia de los gobiernos neoliberales, por lo que debe evitarse.
“Durante un periodo, en algunos estados de la República se puso de moda privatizar los servicios municipales, con la idea de que, como el sector privado hace mejor las cosas que el público, esta concepción neoliberal mejoraría el servicio. Eso no ocurrió prácticamente en ningún lado”, recordó.
“No se puede hacer negocio con el agua. El agua es un derecho humano. Privatizarla para que haya ganancias para un privado, bajo el supuesto de que va a operar mejor, no ha funcionado y no tiene sentido, menos en este caso”, concluyó.
