CHETUMAL, QR.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Humberto Aldana Navarro, señaló que desconoce el paradero de los mil 52 millones de pesos de contraprestación a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), por la ampliación de la concesión del servicio hasta 2053 a la empresa Aguakan.
El legislador dijo que se espera contar con un poco más de quórum de diputados para poder integrarla y definir qué sucedió con lo relativo al servicio de agua potable.
También te puede interesar: Retan a CAPA y al Congreso a debatir tarifas de agua potable
Es un tema que esta pendiente y que se tiene que tocar en la Jugocopo. Aunque en lo personal propuso que en su caso de la misma investigación se encargue la Comisión Especial, que está a cargo del caso de la concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., comercialmente conocida como Aguakan, para el servicion de agua potable.
Independientemente, se discutirá la forma de integración, porque es necesario que se investigue el paradero de recursos. Se prevé que esté conformada por cinco diputadas y diputados.
Esta comisión se encargará de una investigación documental, a través de la cual se solicitará por oficio información, pues se supone un fraude al erario estatal.
Tentativamente puede quedar lista antes de fin de mes, pues lo que posiblemente la conformen son algunos de los integrantes de la Jugocopo.
El recurso “perdido” para el agua potable
La diputada Yohanet Torres Muñoz, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación dijo no recordar sobre el paradero de los mil 52 millones de pesos, pues asegura que ocurrió durante el primer año de la administración de Carlos Joaquín González.
“No tengo en mi memoria ese antecedente, sería muy aventurado dar una declaración sobre eso”, justificó.
En cuando a la Comisión Especial para investigar el destino del recurso, comentó que ya hay una que podría servir para tal fin.
Aldana Navarro también consideró que derivado a la experiencia con Aguakan y luego de ser aprobado el decreto por el que se canceló la ampliación de la concesión, CAPA se debe hacer responsable del servicio de agua potable.
Aunque hay una Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Quintana Roo, ya no debe ser concesionado el servicio de agua potable, dijo.
Consideró que uno de los problemas que ocasionaron las condiciones actuales en la que se encuentra la CAPA es que fue abandonada.
“CAPA tiene que cumplir su función, porque sóolo fue una de las ‘cajas chicas’ de los gobiernos neoliberales”, mencionó.
Opinó que hay que devolverle a la ciudadanía de la soberanía de sus bienes, para que puedan ejercer sus derechos y garantizarlos.
Agregó que el Congreso del Estado está con la voluntad de apoyar con más recursos a la paraestatal, pero hay que revisar los ejercicios, ya que, desde su punto de vista, hay presupuesto para ello.
El pasado 22 de diciembre se aprobó el decreto que canceló la ampliación de la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., que también incluyó la conformación de la Comisión Especial para investigar el destino de los mil 52 millones de contraprestación. Han pasado 26 días desde entonces.
Tras la aprobación del decreto Aguakan promovió y ganó un amparo, por lo que el juez otorgó la suspensión provisional. El Congreso del Estado promovió un recurso legal para combatirlo, para lo que ya le fue hasta solicitado mayor sustento sobre el caso en particular.
