CHETUMAL, QR.- La XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó las adecuaciones necesarias para la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral, que procura la agilidad e imparcialidad en la solución de conflictos entre empleados y patrones.
En sesión del Tercer Periodo Extraordinario, los diputados aprobaron por unanimidad el Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Quintana Roo. Por lo que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de:
- La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
- Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado.
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La implementación de la nueva justicia laboral estará a cargo del Poder Judicial del Estado.
Estas adecuaciones permitirán a Quintana Roo acceder al subsidio del Gobierno Federal, el cual es de alrededor de 23 millones 996 mil 527 pesos.
El diputado Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, destacó que el presupuesto servirá para:
- La construcción adecuada y adaptación de inmuebles
- Capacitación
- Mobiliario
- Adquisición de tecnologías de información.
La diputada Kira Iris San, presidenta de la Comisión de Justicia, también señaló que a partir de hoy, los conflictos laborales serán resueltos de manera pronta y expedita.
“Con el nuevo modelo de justicia laboral, se establece que los conflictos laborales pasarán de las juntas de conciliación arbitraje a manos del Poder Judicial de Quintana Roo, implementando tribunales laborales especializados para impartir justicia bajo un sistema completamente oral, con mecanismos que abonen a ser más eficaces los procedimientos acortando tiempos para que la justicia llegue a las partes con mayor celeridad”, agregó.
Las reformas otorgan atribuciones al Poder Judicial del Estado para:
- Impartir justicia en materia laboral
- Designar los tribunales laborales de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo
- Estructurar su funcionamiento y organización
- Seleccionar y designar a los jueces y demás personas que se requieran para la conformación del tribunal en materia laboral, entre otros.
