CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó, con 470 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma el último párrafo del Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en materia de límite del gasto del programa anual de comunicación social en las entidades federativas.
Se establece que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del programa anual de comunicación social, considerando los principios previstos en el Artículo 5 Bis de esa legislación.
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El Artículo 26 de la citada Ley, señala lo siguiente: “Los Entes Públicos deben elaborar el Programa Anual de Comunicación Social considerando la prioridad temática y cronología de la difusión de las Campañas a efecto de dar cumplimiento con la Estrategia de Comunicación Social. Las Campañas se sujetarán al objetivo de comunicación que persigan los Entes Públicos”.
En este artículo además se incluyó que “el límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
El Artículo 5 Bis señala los criterios para aplicación de gasto público en propaganda gubernamental.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, menciona que de subsistir la norma sin modificaciones, las entidades federativas podrían no contar con los recursos suficientes para informar adecuadamente a los ciudadanos sobre las acciones y programas de sus respectivos gobiernos, originando posibles vulneraciones al derecho de acceso a la información.
Añade que la iniciativa objeto del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, tiene sustento constitucional en el Artículo 134, párrafo octavo, que establece que la propaganda gubernamental tendrá un carácter institucional con fines informativos, exenta de promociones políticas y agendas personalizadas.
Se evitan interpretaciones o desajustes
El diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) expresó que con el dictamen se evitan interpretaciones o desajustes en la legislación de comunicación social, dándole claridad y precisión y se garantiza el derecho de la ciudadanía de estar siempre informada sobre las políticas y los programas de su gobierno, oportunamente y sin distinción alguna.
Dijo que es necesario modificar la norma para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cumplan cabalmente con la obligación de transparentar y publicitar sus acciones ante sus gobernados. Con la reforma, se faculta a las entidades para establecer su límite de gastos en materia de comunicación social, lo que reivindica y fortalece los principios republicanos sobre los cuales se rige el Estado mexicano.
Precisó que para la Federación se mantiene el actual límite de 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente. “Es una reforma para que las entidades y municipios, atendiendo a su propia realidad, establezcan el límite de gasto para comunicación social, conforme a los principios de austeridad republicana para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos y utilizarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, economía y racionalidad presupuestaria” (con información de Omar Aguilar).
