CHETUMAL, QR.- El presupuesto del Congreso del Estado de Quintana Roo es el más alto del país como proporción del ejercicio fiscal estatal, pero no es el que destina la mayor cantidad de recursos a la fiscalización, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El pasado 3 de julio se informó esa cifra en el Informe Legislativo 2023, el ABC de los congresos y auditorías, en el que se hace un diagnóstico de los recursos que reciben anualmente las legislaturas estatales.
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El reporte establece que en el presupuesto que recibió Congreso del Estado de Quintana Roo para este año asciende a 692.56 millones de pesos, el onceavo más alto del país.
Esta cantidad equivale al 1.66 por ciento del total del presupuesto general del Estado para el presente año.
El informe puntualiza que es el porcentaje más alto del país otorgado a un Congreso del Estado. Puebla es el que destina el menor porcentaje, con .43 por ciento.
El Poder Legislativo de Quintana Roo sólo destina el 29.9 por ciento a la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), que lo ubican en el lugar número 12 en cuanto a recursos para fiscalización.
San Luis Potosí otorga 49.2 por ciento de su ejercicio fiscal anual a su órgano de fiscalización, mientras que Durango, el 6.6 por ciento.
Inversión del Congreso del Estado en diputados
La legislatura de Quintana Roo invierte 19.42 millones de pesos por diputado anualmente. Es la séptima cantidad más alta del país.
También se plasma que el Poder Legislativo cuenta con la sexta plantilla laboral más alta de entre las 32 entidades, con 652 empleados. El ranking nacional lo encabeza la Ciudad de México, con dos mil 312, y en la última posición está Aguascalientes, con 89.
El Imco enfatiza que los Congresos de los Estados son importantes para el monitoreo y el control presupuestario, principalmente a través de sus órganos de fiscalización.
Su estructura y presupuesto es fundamental para lograr contrapesos, equilibrio en la división de poderes, pero también para garantizar una transparente aplicación de los recursos públicos.
Aunque no se detalla por Estado, los principales riesgos encontrados son:
– Desequilibrio por la asimetría en los presupuestos de los poderes legislativos.
– Falta de criterios para determinar el costo ideal de un Congreso del Estado.
– Pocos recursos para vigilar el presupuesto público.
En este sentido el Imco propone:
– Incluir reglas para sancionar a los diputados y funcionarios que no cumplan con su obligación de convocar o presentarse ante el Congreso del Estado.
– Crear apartados en las páginas de los Congresos Locales, en donde se puede consultar toda información relativa a la función de control presupuestario.
– Asegurar que los informes de las finanzas públicas sean revisados de manera transparente y obligatoria por los diputados.
El Imco destaca que: “Cuando no existe vigilancia y fiscalización, los Congresos estatales descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de Gobierno”.
