CHETUMAL, QR.- El Congreso de Quintana Roo aprobó la creación de una nueva Comisión Instructora que tendrá la responsabilidad de definir la procedencia del juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante el sexenio de Roberto Borge Angulo.
Es señalado por presuntas irregularidades financieras por un monto que asciende a más de 1,400 millones de pesos.
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La decisión se tomó mediante un punto de acuerdo aprobado durante la sesión de pleno número 16, celebrada el 6 de marzo de 2026. Con esta medida, el Poder Legislativo busca dar cumplimiento a mandatos judiciales previos.
Cumplimiento de sentencia tras amparos legales
El procedimiento retoma fuerza tras el dictamen del juicio de amparo promovido por Guillermo Molina el pasado 3 de febrero. Este proceso corresponde al expediente 497/2019-1D-A, vinculado a una resolución del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Cancún.
Ante la ejecutoria de la sentencia del amparo en revisión 290/2022, el Congreso cuenta ahora con el sustento jurídico necesario. La creación de esta nueva Comisión Instructora responde directamente a la orden de la autoridad jurisdiccional competente.
De acuerdo con los legisladores, la integración de este cuerpo colegiado es un paso indispensable para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por los tribunales federales, tras años de litigios que frenaron el proceso.
Integración de la nueva Comisión Instructora
La propuesta de integración recibió el respaldo unánime de los 23 legisladores presentes en la sesión ordinaria. El equipo de trabajo encargado de sustanciar el expediente quedó conformado de la siguiente manera:
- Inés Mis Martínez: Presidenta.
- Jorge Armando Cabrera Tinajero: Secretario.
- Diana Gutiérrez García: Vocal.
La fecha para la sesión de instalación será definida próximamente por la diputada presidenta, previa convocatoria oficial a los integrantes y partes involucradas.
Facultades del Congreso de Quintana Roo y origen de la denuncia
La XVIII Legislatura subrayó que posee la facultad constitucional para conocer, sustanciar y, de ser necesario, sancionar responsabilidades de carácter político. Estas acciones aplican a servidores públicos señalados en la Constitución Política del Estado.
El caso tiene su origen en una denuncia presentada por la asociación civil Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, representada por Fabiola Cortés. La organización documentó un manejo indebido de fondos públicos por un total de 1,464 millones 604 mil pesos.
Estas irregularidades financieras provienen específicamente del Impuesto al Hospedaje. Dichos recursos, recaudados de la actividad hotelera, debían aplicarse a través de fideicomisos destinados a la promoción turística del estado.
Marco legal y posibles sanciones políticas
Aunque la solicitud original de juicio político data del año 2017, diversos recursos legales interpuestos por la defensa del exfuncionario habían detenido el avance del caso hasta este 2026.
Actualmente, el proceso se rige por la Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, aprobada en 2024. Esta normativa establece las formas específicas para sancionar faltas graves cometidas por servidores públicos en la entidad.
Entre las sanciones posibles, la ley contempla la destitución o la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo que va desde uno hasta los 20 años. La gravedad de la falta determinará la extensión de la pena.
El Pleno del Congreso como jurado de sentencia
Una vez que la Comisión Instructora concluya su análisis y dictamine si existe responsabilidad, el proceso pasará a una etapa definitiva. En esta fase, el pleno de la legislatura se convertirá en jurado de sentencia.
Serán los propios diputados quienes, tras analizar las pruebas y el dictamen, determinen las sanciones correspondientes. Con este procedimiento, se busca cerrar uno de los capítulos más señalados de presunta corrupción en las finanzas públicas estatales.
