CHETUMAL, QRoo.- Aunque en el Congreso del Estado se hizo perdediza, documentos comprueban que el gobernador Carlos Joaquín ingresó una iniciativa para la despenalización del aborto como parte de un bloque de propuestas a favor de la mujer, sin embargo luego de más de dos años permanece en la “congeladora”.
Desde hace más de una década en el estado la despenalización del aborto ha sido un tema polémico, sin embargo en lo único que se ha podido avanzar es la permisión de esta práctica únicamente bajo tres circunstancias: por violación, siempre y cuando haya una denuncia penal de por medio; cuando existan malformaciones congénitas del producto; o cuando se ponga en riesgo la vida de la madre.
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Aún con ello hay posiciones divididas, en cuanto a lo que se debe permitir. La discusión más fuerte es en el sentido de que si las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo y sobre el producto, cuando no estén en los supuestos antes mencionados. Por ejemplo, por planificación familiar.
Fue la ahora presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, quien ingresó la iniciativa que penalizó el aborto en el sexenio de Félix González Canto, cuando fungió como diputada de la XII Legislatura. Por ello se le nombró a esta normatividad “Ley Piña” o “Ley Antiaborto”.
El tema se abandonó por varios años y fue la antesala a la alerta de género declarada para Quintana Roo la que reavivó de nuevo el tema, al grado que el grupo interinstitucional para atender este problema en el estado el que emitió recomendaciones en favor de la no violencia contra la mujer y el Gobierno de Quintana Roo fijó una postura enviando una propuesta de reforma para diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Quintana Roo.
Es así que el 6 de abril de 2017 el gobernador Carlos Joaquín ingresó la iniciativa de reforma, en donde se incluyó la propuesta para despenalizar el aborto.
Entre el cúmulo de reformas al Código Penal en la iniciativa de Carlos Joaquín en el punto décimo octavo propone: “derogar los artículos 93 y 96 que sanciona actualmente a la mujer que voluntariamente se someta al aborto, y se modifica el artículo 94 y 97 para despenalizar el delito de aborto, dejando únicamente los supuestos jurídicos en que será sancionado el delito, para limitar este derecho a la intervención del embarazo a no más de 90 días de gestación del producto o bien cuando sea en contra de la voluntad de la mujer, por coacción o amenazas en su caso por negligencia o culpa de las y los profesionales de la salud”.
Esta propuesta ingresó en la XV legislatura y desde entonces fue congelada por el entonces presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila. Después de esta propuesta de reforma han sido remitidas tres más: una del Colectivo Marea Verde, la diputada de la XV Legislatura Sonia López Cardiel y en la presente legislatura la congresista Ana Pamplona Ramírez.
Las cifras que se tienen hasta el momento en Quintana Roo es que alrededor de 150 mujeres de la entidad en el 2019, y en lo que va del 2020, se han practicado el aborto en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal. Mientras que diariamente entre 5 y 10 féminas, principalmente jóvenes o menores de edad se practican aborto ingiriendo pastillas de Misoprostol, de manera clandestina.
Fue la diputada de la XVI Legislatura, Lilí Campos Miranda, que el Ejecutivo Estatal nunca elaboró o ingresó una iniciativa para la despenalización del aborto, puesto que ella fungía en ese momento como titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
