CHETUMAL, QR.- En medio del conflicto jurídico entre el estado y la empresa Aguakan, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa que propone prohibir la privatización, bajo cualquier modalidad —incluida la concesión—, del servicio de agua potable en Quintana Roo.
El diputado Ángel Álvarez Cervera señaló que el objetivo es evitar una situación similar a la ocurrida con la compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S. A. de C. V.
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Indicó que, actualmente, las autoridades estatales enfrentan una disputa legal por la concesión, y no hay fecha para que el servicio sea recuperado por el estado.
Aunque el objetivo principal es que el agua sea considerada “como un bien social y un derecho humano, y no fundamentalmente como un bien o tema económico”, destacó el legislador.
Confió en que la iniciativa será aprobada por los demás grupos parlamentarios de la XVIII Legislatura, pues lo que pretende el Gobierno del Estado es que el servicio regrese a su control y no sea concesionado nuevamente.
Para lograrlo, se propone elevar a rango constitucional la prohibición de la privatización, es decir, añadir un párrafo quinto al artículo 31.
Lo anterior abonará a un mejor servicio, al estar el estado encargado de proveer el vital líquido a los quintanarroenses, y con ello procurar que el agua sea suficiente, salubre, aceptable y asequible, conforme a los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se debe lograr, agregó, que todas las personas, sin importar su condición social o económica, tengan acceso al agua potable con calidad garantizada.
El agua potable en manos públicas
El diputado aseguró que el servicio de agua debe permanecer en manos públicas y sin fines de lucro, pues la potabilización, distribución y saneamiento deben estar garantizados por organismos públicos, en beneficio de la sociedad.
El agua no solo es reconocida como un derecho humano por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local. Por ello, es el estado quien debe tener el control de este servicio indispensable.
La propuesta de ley también busca prohibir la privatización del servicio de alcantarillado en el estado.
En abril pasado, el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cancún, aprobó la cancelación de la concesión del servicio de agua potable a la empresa Aguakan, para los cuatro municipios bajo su responsabilidad: Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.
El juez Mario Fernando Gallegos consideró improcedente el amparo indirecto promovido por Desarrollos Hidráulicos de Cancún y, con ello, avaló el decreto 195 aprobado por la XVII Legislatura, que cancela a su vez el decreto 250, mediante el cual se había ampliado la concesión hasta 2053.
La empresa continúa, por el momento, con la lucha legal para evitar que le sea retirada la concesión.
La gobernadora Mara Lezama informó que, una vez recuperado el servicio en los cuatro municipios, este quedará a cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que actualmente brinda atención en siete de las once demarcaciones municipales de Quintana Roo.
La otra integrante del grupo legislativo del PAN es Reyna Tamayo Carballo.
