Estamos viviendo una nueva realidad después de la reforma judicial y la elección de jueces en México. Esta nueva forma de decir el derecho, esta nueva realidad jurisdiccional, nos lleva a retomar nuevamente el debate entre iuspositivistas y antiiuspositivistas (iusnaturalistas, iusmoralistas, neoconstitucionalistas y pospositivistas).

En que el papel de la ley, es superado por la moral superior del grupo en el poder, violentando en muchos casos todo el orden constitucional bajo la falsa premisa —existen muchos ejemplos de debacles constitucionales que han arrastrado a países enteros a terribles crisis de derecho— de que el pueblo respalda sus decisiones y, por ello, ya son capaces de desatender la ley.

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Para esos grupos políticos de escasa preparación académica, es siempre importante recordarles la historia de Roma sobre la compilación del derecho y su observancia, derivado del proceso de creación de la ley, cruel en muchas ocasiones, que los llevaba a respetarla y a cumplirla, y que, en palabras de Michel Foucault, se resume de la siguiente manera, especialmente pertinente en el contexto de la reforma judicial:

“La política es la continuación de la guerra por otros medios. […] La ley no nace de la naturaleza, junto a los manantiales que frecuentan los primeros pastores; la ley nace de las batallas reales, de las victorias, las masacres, las conquistas que tienen su fecha y sus héroes de horror; la ley nace de las ciudades incendiadas, de las tierras devastadas; surge con los famosos inocentes que agonizan mientras nace el día”.

En el ámbito jurídico mexicano, las lagunas y antinomias representan desafíos importantes para la aplicación del derecho, debido principalmente a que la mayor parte de los legisladores ni entienden de derecho y, más aún, no les interesa en absoluto entender de derecho. Toman su paso por los congresos como una especie de aduana obligatoria para acceder a otros cargos de elección o puestos dentro del Estado burocrático dominado por sus respectivos partidos, situación que se agrava en el contexto de la reforma judicial.

Estos fenómenos surgen por la falta de interés de los legisladores y provocan que el ordenamiento jurídico emanado de los poderes legislativos no ofrezca una respuesta clara o permita que existan normas contradictorias entre sí, lo que, por consecuencia, trae diversos conflictos y complicaciones administrativas o judiciales para los ciudadanos y el propio Gobierno. Ese es el principal daño que se gesta por la falta de selección de los más competentes por parte de los partidos políticos.

Reforma judicial y sus efectos en el trabajo legislativo

Es entonces que, en ocasiones, la tarea del juez consiste en garantizar la justicia y la coherencia del sistema normativo frente a estas situaciones y colmar esas lagunas para resolver un conflicto particular, para afectar en la menor escala posible a los ciudadanos que buscan en el Poder Judicial una luz de seguridad jurídica en este país.

En este sentido, una laguna jurídica se presenta cuando no existe una norma aplicable a un caso concreto. En México, el juez debe recurrir a mecanismos de integración como la analogía, los principios generales del derecho y la equidad, o el análisis de casos semejantes, para resolver el conflicto que dejó un legislador poco profesional, particularmente en el marco de la reforma judicial.

Las antinomias, por su parte, son contradicciones entre dos o más normas que regulan la misma situación de manera diferente. Allí, el juez mexicano debe aplicar criterios como la jerarquía normativa, la especialidad y la temporalidad para determinar cuál norma prevalece en dicho conflicto para poder aplicarla.

Interpretación judicial bajo impacto de la reforma judicial

Para enfrentar lagunas y antinomias, el juez cuenta con herramientas interpretativas y de integración, como la interpretación sistemática, los principios constitucionales, la analogía, la equidad y, hoy en día, la ponderación por medio de principios morales, de la que hemos estado escribiendo ya varias semanas.

Estas técnicas permiten mantener, en lo posible, la coherencia del sistema jurídico, pero con la dependencia absoluta del juez como máximo legislador ante la incompetencia de los miembros de los poderes legislativos, irrumpiendo el orden constitucional de la división de poderes, fenómeno que se acentúa con la reforma judicial.

Un ejemplo de antinomias, por ejemplo, puede presentarse en conflictos entre leyes federales y estatales, en donde el legislador, por copiar y pegar, muchas veces incurre en temas inconstitucionales que tarde o temprano propiciarán que el juez resuelva aplicando el principio de supremacía constitucional, dejando sin efectos el proyecto pirata de norma estatal por falta de competencias del legislador promovente.

La labor del juez en México frente a lagunas y antinomias es esencial para garantizar la justicia y la seguridad jurídica, debido a la incompetencia del legislador. Su función interpretativa y de integración asegura que el derecho evolucione y se adapte a las necesidades sociales desde el conflicto, desde el litigio, y más aún en el marco de la reforma judicial, no así como debiera ser: desde el acceso a un parlamento abierto y receptivo que construya el derecho de primera mano sin salirse de ese parámetro llamado Estado de derecho.

Este es, pues, uno de los mayores problemas en México. Problema que nos arrastró a una reforma judicial que probablemente poco pueda abonar a lo que se pretende, porque mientras el poder legislativo siga integrado por entes que poco se interesan por el derecho que construyen, la vida seguirá, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.