CHETUMAL, QRoo.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) inició una queja de oficio por el ejercicio indebido de la función pública debido a la muerte de Kendy Loeza, una trabajadora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo, quien fue orillada a laborar pese a presentar una embolia.
De acuerdo al organismo, la investigación inició la semana pasada y está a cargo de la Primera Visitaduría General bajo el número de expediente VG/OPB/249/08/2020.
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Como parte de las indagatorias ya fue solicitado un informe pormenorizado a la autoridad responsable, en este caso el DIF de Quintana Roo que dirige María Elba Carranza Aguirre, quien cuenta con un plazo de cinco días para responder ante la Cdheqroo.
Carranza Aguirre, el jueves pasado, en un escueto mensaje que publicó como respuesta a un post publicado en Facebook por R360 alusivo al tema, indicó que ya estaba contestando una “denuncia” a Derechos Humanos. A través de esa vía se le preguntó qué acción tomaría con la jefa administrativa que dio origen a la situación, y ya no respondió.
Al ser una investigación por parte de una autoridad administrativa se indaga por el concepto del ejercicio indebido de la función pública. Sin embargo el reporte que entregue el DIF solamente formará parte de las averiguaciones del expediente que determinarán la responsabilidad, en su caso, de la violación de los derechos humanos de la difunta.
El organismo autónomo informó que desde el 2 de octubre del 2016 a la fecha, seis quejas se han interpuesto en contra del DIF estatal, de las cuales dos han sido en Othón P. Blanco (2018 y la actual del 2020; una en Bacalar (2019); y tres en Benito Juárez (2017, 2018 y 2019).
Las quejas han sido por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derecho de petición, ejercicio indebido de función pública, y derechos de niñas y niños a protección de su integridad.
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Kendy Loeza se desempeñaba como empleada de apoyo administrativo en la Casa de Asistencia Temporal de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo (CAT) adscrita al DIF Estatal. A fines de julio presentó un cuadro de embolia, por lo que parte de su cuerpo se le paralizó; el diagnóstico se lo dio un médico particular y no acudió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por temor a contagiarse de Covid-19.
Sin embargo su jefa Nancy Izquierdo, responsable de la administración del organismo, le rechazó el comprobante particular con el diagnóstico, y le exigió que su documento médico comprobatorio estrictamente debería ser del ISSSTE, pese a que su estado de salud era notorio.
Su jefa no solo le rechazó la incapacidad, sino que le ordenó trabajar en altas horas de la noche, 23:00 horas, y de manera presencial en las instalaciones del CAT.
Al siguiente día de este hecho Kendy Loeza se sintió mal y su embolia pasó a un infarto cerebral. Estuvo internada primero en la clínica del ISSSTE de esta capital y ante el deficiente equipo fue trasladada al Hospital General de Chetumal, en donde estuvo unos días intubada y en estado vegetativo, aunque finalmente el martes pasado falleció.
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Luego de la muerte de esta trabajadora, por órdenes de Carranza Aguirre en el CAT se establecieron turnos laborales de 72 horas, es decir de tres días, que incluye sábados y domingos, lo que según los propios trabajadores ha incrementado el estrés.
Lo anterior es contrario a la Ley de los Trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Ayuntamientos y de los Organismos Descentralizados de Quintana Roo, que rige a los servidores públicos de base y de Confianza, municipales y estatales, e infringe el artículo 123 Constitucional.
