CHETUMAL, QRoo.- La desaparición de la Oficialía Mayor realizada por el gobernador Carlos Joaquín no solo derivaría en una controversia constitucional sino en responsabilidad penal. El maestro en Derecho, Raúl Ojeda González, dijo que la utilización o manejo de recursos de la dependencia podría representar un acto ilícito; debido al decreto, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) manejaría alrededor de mil 300 millones de pesos año.
De acuerdo a la legislación vigente la controversia constitucional sólo puede ser promovida de tres formas:
- Los que se presentan entre los distintos órdenes jurídicos, es decir Federal, Estatal o Municipal. Por ejemplo el Gobierno de Quintana Roo contra el Gobierno Federal.
- Los que se presentan entre órganos de distintos órdenes jurídicos. Por ejemplo una Legislatura contra una ley.
- Los que se presentan entre órganos del mismo orden jurídico. Ejemplo, el Poder Legislativo en contra del Poder Ejecutivo, ambos del mismo estado.
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El supuesto de Quintana Roo se encuadra en el tercer inciso de acuerdo a lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, Ojeda González señaló que pese a que los diputados del Partido del Trabajo han ingresado un punto de acuerdo para promover una controversia constitucional, la propuesta aún tiene que pasar por la Comisión Permanente y posteriormente por del Pleno de la XVI Legislatura.
De acuerdo al litigante el decreto emitido por el Ejecutivo estatal invade las funciones de la Legislatura y es ésta, en su caso, la que tendría que promover la controversia. “No hay mucho que decir sobre las funciones legislativas, basta decir que tiene la facultad de aprobar o suprimir órganos o dependencias de gobierno, el proceso está estipulado en ley; el mandatario estatal puede proponer, pero no tiene la facultad de desaparecer, ello corresponden al Congreso del Estado”, explicó.
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Comentó que por ello se señala la invasión de la esfera del Poder Legislativo, pues primero se envía la iniciativa ante el Congreso del Estado para proponer la desaparición de alguna dependencia y una vez aprobada, en su caso, se publica el decreto respectivo, no al revés.
Sin embargo otro asunto delicado que se tiene que cuidar es el manejo de recursos porque en el supuesto de que proceda la controversia constitucional, podría existir una responsabilidad penal.
“Es mucho el recurso que maneja la Oficialía Mayor y no se puede utilizar si hay la presunción de un acto ilegal, en este caso como las funciones pasan a la Sefiplan, sería la titular, Yohanet Torres Muñoz, la que podría caer en un acto ilícito subordinado”.
El presupuesto del 2020 de la Sefiplan asciende a 905 millones 342 mil 186 pesos, en tanto la Oficialía Mayor administra 388 millones 392 mil 688 pesos. En suma, alrededor de mil 293 millones 734 mil 874 pesos manejaría Torres Muñoz.
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Con estos recursos la Sefiplan se convertiría en la cuarta dependencia de mayor presupuesto, por debajo de la Secretaría de Educación, con alrededor de seis mil 800 millones; la Secretaría de Salud, con tres mil 200 millones y la Secretaría de Seguridad Pública, con aproximadamente dos mil 222 millones 871 mil 684 pesos.
Ojeda González consideró que aquí será la voluntad de los legisladores los que definan el camino a seguir, “esos que juraron defender la Constitución y la leyes que de ella emanen”, concluyó.
El pasado 8 de julio, en el Periódico Oficial del estado, se publicó un decreto por el que el gobernador Carlos Joaquín ordenó la desaparición de la Oficialía Mayor y sus funciones serán asumidas por la Sefiplan. Por esta acción, el 13 de julio la bancada del PT en el Congreso, ingresó la propuesta de un punto de acuerdo para interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invasión de poderes.
