César Muñoz | R360
En el discurso de los gobiernos estatal y municipal de Puerto Morelos, posterior a la represión policíaca y arrestos ilegales de portomorelenses que defendían su patrimonio histórico, queda claro que las administraciones panista y verdeecologista fortalecieron la unidad del pueblo… ¡en su contra! Si de algo puede estar orgullosa la comunidad de Puerto Morelos, es de su convicción por la defensa de su identidad, de su larga historia para que su opinión cuente.
La comunidad cosmopolita formada en Puerto Morelos, ha desarrollado un fuerte lazo de fraternidad, entre fuereños con los habitantes originales, muchos de ellos hombres y mujeres que convirtieron el pueblo chiclero y pesquero en uno de los destinos turísticos más auténticos y conservados de entre todos los que posee Quintana Roo
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La influencia de los extranjeros que se enamoraron de ese paraíso, ha sido determinante en la identidad del pueblo. Su filosofía conservacionista, su forma de ver el futuro, se ha encontrado con la visión de los hijos de los fundadores de Puerto Morelos, y el resultado está patente: un pueblo que se ha desarrollado con la modernidad, pero sin perder su identidad.
El proyecto que ahora destruye parte de esa identidad, con 19 millones de pesos que los portomorelenses querían se canalizaran a la construcción de un hospital que tanta falta le hace a la comunidad o para inversión en seguridad pública, fue aprobado sin contar con la mayoría popular.
En dos reuniones que hicieron representantes de la administración de Laura Fernández Piña, con representantes de la comunidad, en el salón Marino el 19 de octubre de 2019, para mostrarles el proyecto “Construcción y equipamiento de la Plaza Cívica y andador peatonal en Puerto Morelos”, no hubo una sola mano a su favor.
En un desayuno en enero de 2020, en el hotel El Cid, en el que la propia Fernández Piña presentó el proyecto a más de cien fundadores y habitantes de Puerto Morelos, ninguno levantó la mano a favor, aunque les tomaron la foto para después informar que la mayoría había estado de acuerdo.
Desde entonces y hasta la fecha, el discurso de la administración de Fernández Piña se ha centrado en la aprobación que hicieron del proyecto los regidores, algunos de ellos, escondiéndose literalmente de los medios independientes que indagan el sentido de su voto, mismo que no tomó en cuenta la opinión de los portomorelenses.
Debido a los convenios pagados a distintos medios de comunicación, tradicionales y digitales, difundieron la comunicación oficial (los boletines de prensa) de que la comunidad estaba de acuerdo, buscando con ello influenciar a la opinión pública. Pero la batalla en las redes sociales, así como las manifestaciones en contra del proyecto, desmintieron el discurso, pagado con recursos del erario.
Hoy las dudas persisten. Si los portomorelenses estaban de acuerdo con el proyecto:
- ¿Por qué la resistencia popular?
- ¿Por qué apresar a ciudadanos de manera ilegal y después, liberarlos con un simple trámite de “usted disculpe”?
- ¿Por qué el propio jefe de la Policía, Gumersindo Jiménez Cuervo, arrestó en el kiosco al ciudadano que había demandado a la alcaldesa?
- ¿Por qué ese ciudadano no está en la cifra oficial de detenidos?
- ¿Por qué un jefe policíaco desobedeció las instrucciones, si es que la dio, de Alberto Capella Ibarra, quien en dos tuits quiere desmarcar a la Policía Quintana Roo de las imágenes que le dieron vuelta al país?
- ¿Por qué Laura Fernández expresa que un visitador de Derechos Humanos constató que las arrestadas no habían sido golpeadas; acaso tuvo acceso al informe del visitador?
- ¿Por qué Laura Fernández suspendió (si es que fue así) a tres policías mujeres y no a su jefe policíaco, que estuvo en el lugar de los hechos?
Muchas preguntas, varias mentiras y una sola respuesta de la autoridad: represión contra las voces disidentes. ¿Qué intereses económicos se mueven alrededor de este proyecto?
