CANCÚN, QR.- La vocera de la plataforma Uber, Águeda Esperilla Soto, afirmó que a pesar de ya tener casi lista la Ley de Movilidad, en la que se acepta la entrada de Uber a Quintana Roo, la realidad que viven los socios conductores es completamente diferente, la cual es cada vez más violenta.
Dijo que para muestra una de las últimas denuncias interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quintana Roo, en la que una de las socias fue amenazada con arma de fuego y el último video que circula en las redes, en el que es golpeado un socio por varios taxistas obligando que baje a los turistas del auto.
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Águeda Esperilla afirmó que han interpuesto más de 500 denuncias ante la FGE, las cuales se encuentran almacenadas, generando las autoridades un clima de impunidad el cual se refleja a nivel nacional e internacional; por algo, expresó, se dieron las alertas a los turistas por ese conflicto.
Declaró que solicitaron juicio político (8 de febrero) para las ex diputadas Cristina Torres y Erika Castillo Acosta, quienes ahora tienen cargos en el actual Gobierno del Estado, así como al director general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Imoveqroo, Rodrigo Alcázar Urrutia.
Sin embargo, el pasado 3 de marzo, el diputado Hugo Alday Nieto declaró a Ruptura 360 que la solicitud de juicio político interpuesta por conductores de la plataforma digital Uber, en contra de tres funcionarios de la administración pública estatal, no procederá.
Explicó que que todos los hechos que se les imputan a los funcionarios deben encontrarse plasmados en los artículos quinto y sexto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero anticipó que no se cumple con esta parte.
Indicó que antes de solicitar un juicio político derivado de un mandato de una autoridad jurisdiccional federal, primero se tiene que acudir ante esa misma autoridad para que determine si se está violando la sentencia o no.
Esta es una de las partes fundamentales, dijo, porque el Congreso del Estado no puede invadir la esfera de una autoridad federal.
Quintana Roo por una libre movilidad de las personas
La actual Ley de Movilidad reconoce a las distintas formas de movilidad, llámese plataformas digitales como Uber, mototaxis y renta de scooters, las cuales no se encontraban en la ley anterior, así lo señaló Alday Nieto.
Afirmó que las agresiones que están viviendo los conductores de Uber en manos de los taxistas, son delitos penales los cuales tienen que denunciar, no basta con subir un video a las redes sociales, ya que a simple viste se pueden detectar varios delitos que están tipificados en el Código Penal de Quintana Roo y que no tiene nada que ver con la Ley de Movilidad.
El diputado de la XVII Legislatura Local, recalcó que las autoridades procuradoras de justicia son quienes deben de abrir las carpetas de investigación y detener a los taxistas que están cometiendo delitos.
Declaró que los diputados de la Comisión de Movilidad están sesionando todos los viernes y se reúnen con diferentes secretarías generales de Estado, así como con los representantes legales de Uber, aunque todavía no se llega a ningún acuerdo sobre el pago de impuesto que se le tienen que hacer al Estado por cada servicio que realicen.
Se prevé que a finales de marzo ya esté concluida al 100 por ciento la Ley de Movilidad, sin embargo, recalcó que Uber puede operar en el estado sin restricciones, aunque a los líderes sindicales no les parezca y les pidan a los diputados que echen para atrás la legalidad de Uber.
Intereses políticos detrás de controversias judiciales
Los legisladores debieron prever las controversias judiciales entre los taxistas y Uber, por lo que urge que le den una pronta solución ya que a nivel mundial la plataforma es aceptada, formando parte de una libre competencia, dijo Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Ciudadano de Quintana Roo.
En el estado la han atrasado por los intereses políticos que han tenido los Congresos anteriores y nunca se debieron esperar los legisladores a tener presiones de otros países dañando la industria del turismo, dijo.
Recalcó que los turistas son ciudadanos temporales sujetos a las leyes de México y Quintana Roo en su estancia, a los cuales se les debe de cuidar ya que también tienen derechos como cualquier ciudadano y uno de esos es su decisión de movilidad y lo hacen con Uber porque es un servicio que utilizan en sus países de origen.
Por su parte, la senadora Marybel Villegas Canché, dijo que debido al vacío legal que se tenía desde hace seis años atrás con la entrada de las plataformas de transporte en la Ley de Movilidad del estado, se vieron afectados los conductores de Uber, con diversos ataques mucho de ellos violentos por parte de los taxistas.
Los congresos anteriores, consideró, solo patearon la ley ya que tenía un costo político que no querían asumir, ahora no les queda de otra, más que actuar y hacer las debidas modificaciones con la finalidad de minimizar las confrontaciones, ya que de no hacerlo seguirán dañando al principal destino turístico del país.
Sergio León, presidente de Empresarios por Quintana Roo, por su parte recalcó que es necesario darle certeza jurídica a la ciudadanía incluyendo al turismo, ya que de no hacerlo se seguirá dando una mala imagen en el extranjero por un conflicto que pudo tener solución hace varios años atrás.
Afirmó que a nivel mundial las plataformas digitales como Uber están permitidas; no es un tema de Quintana Roo, así que lo único que se tienen que hacer es regularlas.
