David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- Fue la exposición más pobre pero la de mayor tiempo de cuestionamientos en lo que va de las comparecencias por la Glosa del Tercer Informe en el Congreso de Quintana Roo, pues se tocó uno de los temas más sensibles para la población: la vivienda. El mismo Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial Sustentable (Sedetus), aceptó y demostró que no hay avances sustanciales.
La pobreza expositiva le costó ser avasallado hasta el cansancio en dos rubros principalmente: la regularización y la “Ley Casitas”.
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Con una presentación de 11 diapositivas, una de ellas la portada y otra donde daba las gracias, resumió el trabajo de un año (2018) y parte del 2019, hecho por la Sedetus.
La presentación duró menos de 25 minutos, incluido un video que ha circulado en medios pagados con publicidad, sobre la entrega de vivienda a una persona de Felipe Carrillo Puerto, que la perdió en un incendio.
Aunque se dio espacio para la exposición del titular de la Sedetus, desde que tomó la palabra, al inicio, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, José Luis Guillén López, al dar la bienvenida, marcó la línea de lo que sería toda la comparecencia.
El congresista lanzó las siguientes preguntas: “¿Qué debemos hacer para garantizar a los ciudadanos un espacio de vivienda en el que puedan establecer un hogar y no un palomar? ¿Garantizamos una vivienda digna y decorosa con la llamada ‘Ley Casitas’? ¿Cuántos de los que aprobaron esa ley tienen vivienda de interés social de 108 metros cuadrados o unifamiliares de 144 metros cuadrados?
Esto solo fue parte de lo que le esperaba en la fase de preguntas y respuestas de la comparecencia, la que por cierto fue la tercera de mayor asistencia, solo después de la Secretaría de Educación (SEQ) y la de Seguridad Pública (SSP). Esta registró la participación de 12 legisladores, aunque algunos llegaron a mitad de la exposición informativa.
Del total 11 legisladores participaron, la excepción fue la priista Judith Rodríguez Herrera. Los cuestionamientos giraron en torno a la regularización de las viviendas y terrenos en diversos puntos de la geografía estatal, en especial en los asentamientos irregulares que ya suman más de 130 y que aglutinan a por lo menos 300 colonias que albergan a más de 15 mil familias; el problema mayor lo registra el norte de la entidad.
El avance en este sentido es casi nulo, además Ríos Castellanos en lugar de proponer o responder con cifras prefirió responsabilizar también al Gobierno Federal, a los municipales y a los ejidos, de las complicaciones que se han tenido para poder dar certeza jurídica a las familias de los asentamientos irregulares.
Otro de los cuestionamientos que no pudo evadir y mucho menos convencer con argumentos fue con relación a la Ley de Acciones Urbanísticas de Quintana Roo mejor conocida como “Ley Casitas”.
La diputada Erika Castillo Acosta, quien sin decir agua va, comentó que es una vergüenza contar con una ley de este tipo que a todas luce no responde a las necesidades de los quintanarroenses y no cumple con el precepto fundamental de vivienda digna, en especial el artículo 23 de la citada normatividad, pues redujo los metros de construcción de las casas y de los lotes unifamiliares.
Como ejemplo citó que la ley aprobada en junio de 2018 establece lo siguiente: Los lotes unifamiliares de las categorías económica, popular y tradicional, tendrán un frente no menor a 6.0 metros, una superficie no menor a 108 metros cuadrados y un área libre mínima del 15%. Cuando en la anterior legislación se estipulaba que el frente era mínimo de 7.2 metros y una superficie no menos a 110 metros.
Ríos Castellanos intentó por todos los medios responder a este cuestionamiento que hizo de forma distinta más de un diputado, incluyendo Guillén López, pero no convenció y lo que es más, aseguró que trae muchos beneficios y fue premiada (la ley) a nivel nacional. Se enfocó incluso a la normatividad nacional y los subsidios, así como a la capacidad del poder adquisitivo de las personas.
Sin embargo entre sus respuestas el funcionario estatal se dio hasta el tiempo de bromear con el número de preguntas al observarle al legislador José Luis Toledo Medina: “Me dijo dos preguntas, y fueron cuatro”. El Congresista Carlos Hernández Blanco se la devolvió cuando en su intervención de forma seria indicó: “Yo tengo 35 preguntas que hacerle”. En ambos casos hubo risas.
La situación subió de tono que hasta el legislador Pedro Pérez Díaz hizo un comentario incómodo sobre un programa de vivienda en Felipe Carrillo Puerto, donde en 2018 los interesados aportaron una cantidad cercana a los 14 mil pesos, pero finalmente no se concretó el programa y tampoco se les regresaron dichos recursos.
Los legisladores ante todo lo expresado en la comparecencia, que concluyó a las 19:25 minutos, propusieron revisar la “Ley Casitas” y hacer las modificaciones pertinentes, en su caso, para también atender situaciones desventajosas que afectan a los propietarios de las casas, sobre todo en los fraccionamientos. Así como realizar las acciones necesarias para legalizar el patrimonio de miles de familias que habitan en asentamientos irregulares.
Mientras todo esto ocurría, la Sala de Comisiones Constituyentes del 74 en las afueras del Palacio Legislativo, un grupo de personas clamaban por ayuda ante posibles abusos que comete Banco Azteca con respecto a sus viviendas. El Gobierno del Estado en pasadas administraciones vendió la cartera crediticia de sus “pies de casa” y la empresa los acosa, además de amenazarlos con despojarles de sus propiedades ante contratos totalmente desventajosos, cuyo precio creció de 70 mil pesos a más de 350 mil pesos.
Sostuvieron que el gobernador Carlos Joaquín González no los ha querido atender, por ello se vieron en la necesidad de interceptar a Ríos Castellanos para exponerle una vez más su problema.
