Jazmín Ramos | R360
CANCÚN, QRoo.- Regular el transporte público y dar marcha atrás a las concesiones que liberó el ex gobernador del estado, Roberto Borge Ángulo, fue una de las principales promesas de campaña del mandatario Carlos Joaquín González, pero lejos de ello dio el visto bueno a través de la extinta Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) de más concesiones de combis y abrió la puerta a las mototaxis, dificultando aún más la ya insostenible movilidad.
De acuerdo al urbanista Francisco Sotelo Marín, la anarquía en el transporte público en el estado significa un retroceso de al menos quince años si se compara con otras entidades del país, pues debido a la inseguridad que representan las combis y las mototaxis como medio de movilización urbana, las sacaron de circulación, mientras que en el Caribe Mexicano aumentaron el parque vehicular de ambos medios de transporte.
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Con base en los lineamientos del transporte público en México, el servicio urbano debe procurar la comodidad y la seguridad de los usuarios, además de impulsar un medio de movilidad masivo, es decir utilizar unidades que a pesar de un accidente se logre preservar el mayor número de vidas posibles, sin embargo en una combi solo los asientos del piloto y del copiloto tienen seguridad; en cuanto a las mototaxis, el riesgo es mayor
Es más, especialistas de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi) refieren que las combis son un vehículo que no cuenta con las medidas de seguridad, tan es así que están prohibidas en el mismo país donde se producen, ya que no cuenta con los requisitos básicos para sobrevivir en caso de un accidente al carecer de cinturones de seguridad y de bolsas de aire.
A pesar de ello, en el estado de Quintana Roo se desplazó incluso a los autobuses (que de acuerdo con la Ley de Movilidad es el transporte viable) por combis y se sumaron también las mototaxis, cuyos permisos están en manos de políticos y dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Según Joaquín Gozález, en cuanto llegara a la gubernatura del Estado pondría en marcha un programa de regulación del transporte urbano y analizaría la entrega ilegal de 800 concesiones de combis de la empresa Transporte Terrestre Estatal (TTE), filial del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo y que se fincaría responsabilidad por esos hechos.
Hasta la fecha las combis de TTE siguen en circulación e incluso liberó más concesiones para esta modalidad en todo el estado, siendo Cancún y Playa del Carmen, donde se tiene el mayor número de permisos y cuyos operadores manejan a exceso de velocidad y no restringen el número de usuarios al llevar pasajeros de pie.
En su Tercer Informe de Gobierno, Joaquín González aseguró que “en estos primeros tres años, este gobierno no ha expedido ninguna concesión de transporte público”.
ATROPELLO A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
En el caso de Cancún, las TTE ofrecen un servicio urbano, cuando es el Ayuntamiento de Benito Juárez, quien debe otorgar las concesiones del transporte en la ciudad, con lo cual se viola la autonomía del municipio, pero las autoridades locales se limitan a reconocer el problema que generan estas combis, sin una actuación legal.
De hecho, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, aseguró que existe la instrucción en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SSPyT) de detener las combis que vayan a exceso de velocidad o con sobrecupo, sin embargo en la práctica no se lleva a cabo, ya que los operadores sobrepasan el límite de circulación, así como de pasajeros.
Una consecuencia de ello son los accidentes, en los cuales el 50% se relacionan con el exceso de velocidad y la falta de cultura vial de los operadores; las estadísticas las lideran las combis, seguidas de los taxis, los camiones y los mototaxis; lamentablemente hay pasajeros que perdieron la vida
Conforme a datos de la SSPyT, el 2018 cerró con 2 mil 500 percances automovilísticos, de tal suerte que a pesar de los operativos la incidencia se mantiene; de hecho en ese periodo hay un registro de mil 134 lesionados, 19 personas que perdieron la vida y daños materiales por el orden de 51 millones 858 mil 550 pesos, y en lo que va de este 2019 se contabilizan mil 900 accidentes.
A esto se le suma el hecho de que solo cuatro de 10 unidades del transporte tienen vigentes sus pólizas de seguro. Aquí las Urvans y las mototxis encabezan la lista e incluso estos últimos operan de forma irregular y aunque de acuerdo con la delegada del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqrro), Bibián Castillo Dzul, no pueden dar servicio en la ciudad, solo en colonias populares, éstas ya operan en calles principales.
Con la entrada de las mototaxis el servicio de transporte concesionado del municipio: Autocar, Turicun y Alfredo V. Bonfil, han tenido que modificar rutas ante la competencia que han generado, esto quiere decir que los operadores no solo tienen que pelear el pasaje con las combis, sino que ahora se sumaron las mototaxis, las cuales cobran entre 10 a 20 pesos por una distancia corta en comparación de los autobuses que por ese mismo importe recorren todo un itinerario.
En ese sentido, Castillo Dzul aseguró que ya iniciaron con un proceso de regularización del servicio a través del cual harían un barrido en esa modalidad, cuya operación se da sin ningún tipo de permiso, solo bajo el esquema de “tolerados”; en total se tienen supuestamente 760 unidades dando el servicio adonde no llegan los autobuses, combis y taxis.
Dijo que desde el mes de febrero iniciaron con el programa que permitirá su regularización, que consiste en un permiso para fomentar el autoempleo y se otorga a personas que no cuentan con un trabajo, tienen algún tipo de discapacidad, así como a emprendedores de escasos recursos, evitando que las agrupaciones las acaparen.
Sin embargo, la realidad es otra, pues atrás de quienes operan las mototaxis se encuentra políticos y líderes de la CROC; dichas unidades portan las siglas del gremio y están pintadas de rojo, color que caracteriza al sindicato.
Supuestamente en estas acciones para regular a las mototaxis, se entrega un tarjetón a nombre de quien recibe el permiso y el emplacado, además tendrán que adquirir un seguro de cobertura total, pero de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. este tipo de unidades tienen una póliza alta por lo inseguro que resulta esa modalidad del transporte.
Concesiones de mototaxis otorgadas en Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos.
Contrario a los señalamientos de Castillo Dzul, las mototaxis no solo operan en zonas donde no hay transporte, éstas ya han invadido las colonias que sí tienen cobertura de rutas del servicio urbano, denunciaron tanto el director general de Autocar, Santiago Carrillo Sánchez, como el director operativo de Turicún, José Melchor Núñez, generando una competencia desleal.
Ante ello coincidieron en que ahora no solo tienen que lidiar con los operadores de las combis de la TTE, sino que también con las mototaxis, quienes no respetan las rutas, transitando incluso por calles principales, por ello no solo es un transporte irregular, sino que es riesgoso, porque no están hechas para el transporte público.
RETROCESO EN TRANSPORTE PÚBLICO
En sí, el transporte público en Quintana Roo enfrenta un severo retroceso en cuanto a permitir la entrada de modalidades que son un riesgo latente para los usuarios, pues lejos de que las autoridades privilegien un servicio masivo, lo reducen a unidades que limitan el número de pasajeros, generando el caos en la movilidad principalmente en Cancún y Playa del Carmen.
La concesión de combis del gobierno estatal también se dio en Playa del Carmen.
Basados en el Tercer Informe de Gobierno de Joaquín González, este aseguró que en lo que van de su administración no ha expedido ninguna concesión del transporte público y que combate con dureza la corrupción.
Pero contrario a ello, de acuerdo con un informe del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo y datos otorgados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al inicio de su sexenio, Carlos Joaquín González liberó 400 placas de combis TTE y 600 de taxis, además de permitir la operación de las mototaxis. Estas se concretaron durante el tiempo en que Alejandro Ramos Hernández fue funcionario de Sintra, en el primer año de ejercicio del Gobierno del Cambio.
Pero el caos en la movilidad no es el único problema en el transporte público, actualmente hay varias carpetas de investigación que se le siguen tanto a operadores de taxis como de combis, debido a que se tiene el registro de asaltos a pasajeros, abusos sexuales y secuestros, así como casos relacionados con el narcomenudeo, al grado de que varios ruleteros han sido ejecutados.
Operador de TTE asesinado en Cancún abordo de su unidad.
Y aunque el mayor número de estas investigaciones recaen en operadores de taxis, el dirigente del gremio, Erasmo Abelar Cámara, ha negado que en el sindicato se haya incrustado el crimen organizado, por lo que considera que solo son casos aislados.
Aseguró que prueba de ello es que tienen filtros a la hora de dar de alta a los operadores, quienes deben presentar Carta de No Antecedentes Penales, certificado de antidoping y tener licencia vigente, además cuando salen a prestar el servicio deben tener visible el tarjetón de tarifas, su identificación y portar un uniforme.
En cuanto a garantizar un servicio seguro para las mujeres, dijo que tienen la modalidad del Taxi Naranja que da exclusivamente el servicio a este sector de la población.
Pero lo que no explica el líder sindical es que por ese servicio se tiene que pagar hasta el doble por dejada, es decir que las mujeres tienen que pagar más para llegar salvas a sus respectivos destinos.
Con ello no solo se incumple con las condicionantes que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mediante las cuales se exige al gobierno del estado garantizar la seguridad de las mujeres con relación al transporte público, ya que si bien se creó una aplicación que ofrece el servicio de taxis, ésta no es accesible, pues implica un cobro extra por el servicio.
El incumplimiento del actual sexenio con relación al transporte público no radica solo en regular el transporte y ofrecer un servicio de calidad, sino que también cerró las posibilidades de que los usuarios tengan opciones de elegir a quien contratar por el servicio.
Taxi Naranja inaugurado por Carlos Joaquín incumple condicionantes de la Conavim.
Ante ello Joaquín González cedió a los intereses de los taxistas al poner restricciones a las plataforma digitales para ofrecer el servicio como el caso de Uber, toda vez que en la reforma a la Ley de Movilidad, quedó establecido que solo quienes tengan una concesión podrán operar en el transporte público.
La ordenanza que entró en vigor el 12 de septiembre cita que las plataformas digitales deberán solicitar una concesión y solo si ésta es liberada podrán brindar el servicio, eliminando la cláusula inicial en la que solo se requería de un permiso especial; dicha modificación se estableció luego de las marchas y la presión que ejercieron los taxista del estado.
En las acciones de protesta participaron todos los sindicatos de taxista de la entidad y exigieron a Joaquín González bloquear la entrada de las plataformas digilates, con lo cual se condenó a los quintanarroenses a depender de un servicio monopolizado, riesgoso, caro y de mala calidad, ya que el 80% de las unidades se encuentran deterioradas, quedando solo en promesa de campaña el reordenamiento del transporte público.
