Jazmín Ramos | R360
(Tercera de cuatro partes)
Durante cuatro décadas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha actuado de manera permisiva, es decir, ha autorizado proyectos que han limitado el libre acceso a la playas e incluso el 80% de las contrucciones en la zona hotelera ha violentado la ley.
Con estas acciones Quintana Roo se considera el estado con el mayor número de delitos medio ambientales a nivel nacional, los cuales además han quedado impunes.
Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), consideró que desde la fundación de Cancún, quienes han ocupado la titularidad de la Semarnat han hecho un pesimo trabajo, sobre todo de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Insitutcional (PRI), sin que eso exima a los que surgieron con los mandatos del Partido Acción Nacional (PAN) con los que también hubo irregularidades, pero en menor medida.
“El problema aquí, es que quienes asumen el cargo en la Semarnat son personas muy ligadas a los empresarios y todos han actuado en beneficio de los inversionistas, en vez de trabajar en beneficio del medio ambiente del que depende la calidad de vida de los ciudadanos y el éxito del propio centro turístico”, advierte.
Sostuvo que en la liberación de permisos y concesiones corre mucho dinero, entre corrupción y muchas otras cosas que se les ocurre, sobre todo en relación al tráfico de influencias, pues los empresarios presentan supuestos proyectos sustentables y al final construyen algo totalmente diferente, pero como los funcionarios son sus cuates los defienden y no hay problema.
La ambientalista añadió que por eso la Semarnat de Quintana Roo, es una de las delegaciones más peleadas, hay ex secretarios que se enriquecieron y por ello algunos incluso fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos; ahora se espera que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se tenga otra postura.
Añadió que en esta administración federal existe la esperanza de rescatar las playas públicas, pues no solo los hoteles han cerrado las ventanas al mar, ahora con la modalidad de club de playa se privatizó el espacio público.
“Estos conceptos han sido permitidos por las autoridades ambientales, quienes son las que liberan las concesiones bajo el término de uso turístico-recreativo, pero al final limitan el goce y disfrute de la zona federal”, indica.
Según la lista de 500 concesiones que ha liberado la Semarnat tanto para la franja costera como para la Laguna Nichupté, se incluye también a condominos, los cuales si bien tienen derecho al uso de la franja constera, esto no implica que pueden instalar infraestructura recreativa sobre los arenales, practica que es muy común y de la que no se tiene sanciones al respecto.
Pero las irregularidades no terminan ahí: en las llamadas playas públicas se han instalado infraestructuras con la finalidad de mejorar la experiencia de los bañistas, pero lamentablemente hay superficies concesionadas a restaurantes, tiendas de conveniencia, venta de tours y de comida, cuando la norma no lo permite.
La activista y pionera de Cancún, Tiziana Roma Barrera, lamentó la permisividad de las autoridades al promover modificaciones al plan original de la creación de este centro turístico, en el cual se decidió no crear un boulevard costero como en Acapulco o Mazatlán, por ello los hoteles quedaron frente al mar, pero se contemplaron 12 accesos públicos a las playas, los cuales se fueron perdiendo.
Comentó que eso sin duda ha limitado el libre acceso a las playas no solo para los locales, sino también para los turistas que no se hospedan en la zona hotelera, violando la propia Constitución, es así como se bloquea el derecho a gozar de la franja costera, pues si bien se tienen playas como Langosta, Caracol, Cha Mool y Tortugas, que se siguen considerando públicas, en la practica no es así.
Mencionó que se suponía que las playas permanecerían públicas, peros se fueron vendiendo los espacios de acceso, es decir las playas finalmente siguen siendo públicas, el asunto aquí es que no hay paso libre, pues al otorgar cambios de uso de suelo bajo el concepto de uso turístico recreativo, se montan estructuras que limitan la entrada a los arenales.
Y ejemplificó con playa Chac Mool, que de ser una playa pública recreativa se convirtió en uso de suelo condominal, entonces esta permisividad, se ha extendido a otras áreas a lo largo de la zona hotelera impidiendo el acceso libre a los arenales y los mismo se ha tratado de hacer en playa Delfines, pero existe una defensa férrea para impedirlo.
La activista refirió que con el tiempo, ha sido testigo de cómo más y más espacios están siendo privatizados, “ahorita está siendo privatizada playa Tortugas por completo. Nos van a dejar los accesos para que entremos disque a la playa, pero a través de un paso de servidumbre y lo mismo está pasando con playa Langosta cada vez se acortan más esos miles de metros cuadrados que se tienen destinados al uso recreativo”.
Dijo que acaban de anunciar la privatización de la playa donde está el hotel Hyatt Ziva Cancún, donde se ubica el faro histórico, que pertenece al patrimonio cultural (sin estar inscrito dentro del inventario) y resulta que no se puede pasar, solo atravesando la playa.
Roma Barrera consideró que es una situación muy penosa lo que pasa con el tema de las playas, pero lo que llama la atención es que ahora con el problema del sargazo, no sólo los hoteleros sino también las autoridades lanzan convocatorias a la comunidad para que vayan a limpiar las playas a las cuales no la dejan entrar y en donde se vuelve cada vez más difícil disfrutar del espacio: “las playas son parte de lo que representa el espacio público de la ciudad”, remarcó.
