A menos de un mes del inicio de las elecciones locales, el gobernador Carlos Joaquín González tiene sumergido al estado en una crisis. Los sectores social, político y económico están a la deriva, mientras intenta ganar tiempo para evitar una aplastante derrota en los comicios y encontrar la salida menos dolorosa en la recta final de su gobierno.
La emergencia sanitaria por Covid-19 solo terminó por desnudar la farsa del gobierno del yucateco. En los más de nueve meses de pandemia la administración estatal ha sido golpeada por la crítica social por la falta de estrategia para contrarrestar la enfermedad, que las encuestas pagadas a nivel nacional, con dinero público, no han podido revertir.
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El estado ahora está en la antesala de un endeudamiento de 820 millones de pesos, prueba de que Carlos Joaquín es igual a los gobernantes que le antecedieron. Juró desde su campaña que no habría endeudamiento durante su sexenio, además intentó sorprender a los quintanarroenses con una solicitud para la autorización del empréstito.
Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación, negó tal petición horas antes de que se ingresara la propuesta al Congreso del Estado, pese a que ella fue quien elaboró el documento. Es esta funcionaria la que presume que Quintana Roo tiene finanzas sanas y está en los primeros lugares de transparencia de rendición de cuentas. Nadie se tragaba el cuento y con esta absurda mentira, ahora, menos.
La propuesta aún está en análisis, toda vez que no ha habido consenso para lograr una mayoría en la XVI Legislatura, los cañonazos de dinero para la compra de votos están a todo lo que dan, sin embargo, aún no le llegan al precio a los legisladores. Solo es cuestión de tiempo para que se concrete y se engrose la deuda pública de Quintana Roo que actualmente asciende, de manera oficial, a 18 mil 945 millones de pesos.
Pese al posicionamiento en contra de la iniciativa privada, que hoy naufraga sin el apoyo de financiamiento por parte de Carlos Joaquín, el Gobierno del Estado propuso tres nuevos impuestos y que el Congreso del Estado ya aprobó: impuesto para venta de bebidas alcohólicas en línea o a domicilio, para ello será necesario adquirir patente; impuesto del .35% presuntamente solo para empresas contratantes vía outsourcing; y 10 dólares de impuesto para turistas extranjeros que ingresen al estado.
En el plano social, vuelven las manifestaciones por parte de trabajadores de la salud y de la educación.
Los primeros reclaman un pago de 38 mil pesos correspondientes a un bono por Covid-19 y por lo cual está a punto de colapsar más el sistema de salud en la entidad. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), se niega a realizar la gestión ante el Gobierno de México por la mala relación que existe entre el gobernador Carlos Joaquín y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para tratar de calmar a los empleados sanitarios, principalmente a cerca de 350 trabajadores del Hospital General de Chetumal, ofrecieron un bono por Covid-19 en vales de despensas por la cantidad de tres mil pesos y de forma adicional, un periodo vacacional extraordinario.
Como era de esperarse la propuesta fue desconocida, aunque la titular de Sesa, Alejandra Aguirre Crespo, la dio por válida, por el simple hecho de haber firmado el acuerdo con el líder de la Sección 45 del SNTE, Barbaciano Sansores Matos, a quien la base laboral califica de vendido.
En la sede de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), los docentes adscritos al extinto Programa de Escuelas de Tiempo Completo han intensificado las manifestaciones y están a punto de un plantón permanente, debido a que no se les ha pagado lo correspondiente al periodo de octubre a diciembre. Son más de mil 500 profesores afectados, colateralmente 507 escuelas y 48 mil alumnos.
En lo político los tentáculos de Carlos Joaquín están en todos los particos políticos. Ante la falta de resultados en su gobierno, está buscando por todos los medios imponer candidatos en el próximo proceso electoral que arranca el próximo 8 de enero y cuya jornada es el 6 de junio de 2021. No obstante, no ha podido concretar los acuerdos.
La alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no será suficiente para derrotar a la coalición que encabeza el partido Morena, aun y con los infiltrados que tiene, de ahí la preocupación y que se haya visto en la necesidad de traer de nueva cuenta al estado a su “súper asesor”, Juan de Luz Kanfachi.
Payo Obispo
Dicen los abogados postulantes, quienes su trabajo depende de trámites ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que esta dependencia vive su peor momento de por lo menos los últimos tres sexenios, debido a la corrupción que se registra.
Los ministerios públicos cobran de manera descarada por judicializar los expedientes y que las personas son obligados a pagar por conceptos inventados por funcionarios de la propia institución, en su mayoría vienen de la Ciudad de México.
