La histórica elección del poder judicial por voto popular en México, programada para el 1 de junio, enfrenta una grave crisis de legitimidad tras revelarse que candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico lograron colarse en las listas oficiales. Según reporta El Universal, Andrés García Repper, presidente del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, responsabilizó directamente al Comité del Poder Judicial por no revisar ni entrevistar a los aspirantes, lo que habría facilitado la inclusión de perfiles cuestionables.
García Repper denunció que el Comité del Poder Judicial “no hizo su trabajo” y que su omisión fue interpretada como un intento de sabotaje al proceso. Afirmó que su comité sí realizó una evaluación exhaustiva y que los aspirantes cuestionables provienen del bloque judicial, que simplemente integró nombres sin verificar su idoneidad.
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Entre los casos más alarmantes se encuentra el de Silvia Delgado, ex abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, quien aspira a una jueza penal en Chihuahua, y Francisco Herrera Franco, apodado el fiscal del terror, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y violaciones a derechos humanos.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha llamado a cancelar la elección judicial, advirtiendo sobre el riesgo de infiltración del crimen organizado y la falta de control para evitar la influencia de tales grupos en vastas zonas del país.
Relación en riesgo por elección de Poder Judicial
Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha expresado su preocupación, señalando que la reforma judicial podría facilitar la intervención de los cárteles de la droga en la elección de jueces, magistrados y ministros, lo que amenaza la relación comercial entre ambos países y la confianza de los inversionistas en el marco legal de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido investigar y retirar las candidaturas que no cumplan con los requisitos constitucionales, mientras que el Instituto Nacional Electoral ha sugerido la posibilidad de descalificar a los candidatos tras la elección, generando tensión en el proceso.
La situación ha generado un debate nacional sobre la viabilidad de la elección judicial por voto popular y la necesidad de garantizar la independencia y la integridad del Poder Judicial en México.
