CDMX.– Ante el incremento de denuncias por pinchazos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas legales para sancionar con prisión y multas a quienes administren sustancias por medios engañosos o sin consentimiento. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina y contempla castigos de hasta 7.5 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.
La reforma fue impulsada tras un aumento sostenido en los reportes de agresiones con objetos punzocortantes al interior del Metro. Las autoridades señalaron que la conducta será sancionada cuando se realice por cualquier vía, incluyendo métodos orales, intravenosos, intramusculares, cutáneos o subcutáneos, y usando medios como alimentos, bebidas, jeringas o agujas. La normativa establece agravantes si la sustancia es psicoactiva o si el hecho ocurre en lugares públicos o afecta a personas en situación de vulnerabilidad, como menores, mujeres o adultos mayores, según El Universal del 30 de mayo.
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Castigan pinchazos con cárcel y multas
Los pinchazos comenzaron a registrarse a mediados de marzo y hasta el 27 de mayo sumaban 120 denuncias, principalmente en estaciones de alta afluencia del Metro. Ante este panorama, el Congreso capitalino aprobó con 60 votos a favor y 3 en contra una reforma para tipificar esta conducta como delito, con penas que van de 2 a 5 años de prisión y multas entre 50 y 300 días de salario mínimo, según ADN40 en su edición del 29 de mayo.
El operativo de seguridad en el STC Metro también fue reforzado. Se desplegaron 5 mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para aumentar la vigilancia y brindar atención inmediata a usuarios que reporten pinchazos. Las autoridades establecieron un protocolo de actuación que incluye atención médica y exámenes toxicológicos, de acuerdo con Infobae en la edición del 28 de mayo.
En los estudios realizados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), se identificaron sustancias como THC, benzodiacepinas, fenciclidina y cocaína en los cuerpos de algunas víctimas. No obstante, las autoridades indicaron que las dosis detectadas no representaban un riesgo grave para la salud.
Esta información fue confirmada también por la fiscal Bertha Alcalde Luján, quien aseguró que los análisis toxicológicos se mantienen como parte de las acciones de respuesta inmediata, como informó Infobae el 28 de mayo.
A pesar del número elevado de denuncias, hasta la fecha solo se han identificado alrededor de 65 casos con evidencia de punción compatible con objeto punzocortante, y en solo seis de ellos se reportaron intentos de robo. Tampoco se han realizado detenciones adicionales.
La normativa recientemente aprobada contempla un aumento en las penas si el acto tiene como propósito facilitar la comisión de otro delito, si se comete por un grupo de personas de forma coordinada, o si ocurre en lugares cerrados o de acceso restringido.
Esta reforma busca disuadir la aplicación no consentida de sustancias que alteren la conciencia, voluntad, estado físico o mental de las personas, especialmente en espacios públicos y de alta concurrencia, como el Metro, según El Universal el 30 de mayo.
El Gobierno capitalino indicó que seguirá brindando seguimiento a las denuncias por pinchazos y continuará con los operativos de seguridad en coordinación con la SSC y la FGJ-CDMX. Las autoridades hicieron un llamado a las personas usuarias a reportar de inmediato cualquier situación sospechosa dentro de las instalaciones del STC, y a no abandonar el lugar para facilitar la atención médica y la recopilación de evidencia, como detalló ADN40 en su cobertura del 29 de mayo.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, promovió la reforma legal como parte de una estrategia integral para atender este fenómeno, en respuesta a la preocupación de las personas usuarias del Metro. La administración capitalina enfatizó que los pinchazos no solo representan un riesgo físico inmediato, sino que generan temor entre los usuarios del transporte público.
Con esta reforma, la Ciudad de México se convierte en una de las primeras entidades del país en tipificar los pinchazos como delito autónomo, reconociendo las implicaciones sociales y jurídicas de este tipo de agresión en entornos públicos.
