CANCÚN, QR.- En los últimos tres años, el sistema judicial mexicano ha liberado a 72 líderes y operadores de diversas organizaciones criminales, también conocidas como narcotráfico, según datos obtenidos por El Universal a través de solicitudes de transparencia.
Estas liberaciones se han dado entre enero de 2022 y enero de 2025, y han incluido cambios en medidas cautelares, sentencias absolutorias, así como libertades provisionales y anticipadas.
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El cártel más beneficiado por estas decisiones judiciales ha sido el Cártel del Golfo, con más de una docena de sus integrantes liberados durante este periodo. Por ejemplo, Mario Alberto Cárdenas Medina, alias El Betito, recibió una libertad absolutoria.
Los Zetas también han sido favorecidos, con siete de sus miembros obteniendo sentencias revocadas, absolutorias o libertades condicionadas. Otras organizaciones que han visto a sus integrantes liberados incluyen al Cártel Jalisco Nueva Generación (5 miembros), la Familia Michoacana (4), el Cártel de Sinaloa (4), el Cártel Arellano Félix (2), el Cártel del Noreste (2), el Cártel Santa Rosa de Lima (2), la Unión Tepito (2), el Cártel de Juárez (1), Guerreros Unidos (1) y Anti-Unión Tepito (1).
Entre los casos más destacados se encuentra el de Inés Coronel Barrera, alias El Suegro, líder del Cártel de Sinaloa y suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a 10 años de prisión en 2017 por delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Sin embargo, en abril de 2022, obtuvo una libertad anticipada.
Estas liberaciones han generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, ya que muchos de estos individuos habían sido detenidos por delitos graves como narcotráfico, secuestro y homicidio. La recurrencia de estas decisiones judiciales plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema de justicia en el combate a la delincuencia organizada en México.
Los jefes del narco liberados por jueces
En las últimas dos décadas, el sistema judicial mexicano ha liberado a varios líderes y operadores de cárteles de la droga, generando preocupación sobre la eficacia y la integridad del sistema de justicia en el país. A continuación, se destacan algunos casos relevantes:
Rafael Caro Quintero
Fundador del Cártel de Guadalajara, fue liberado en agosto de 2013 después de que un tribunal colegiado en Jalisco determinara que había sido juzgado incorrectamente en el fuero federal. Esta decisión provocó tensiones con Estados Unidos debido a la gravedad de los delitos atribuidos a Caro Quintero.
Carlos Rosales Mendoza, alias El Tísico
Fundador de La Familia Michoacana, recuperó su libertad en agosto de 2014 tras ser liberado del penal de Puente Grande, Jalisco.
Rogelio González Pizaña, alias El Kelin
Operador de Los Zetas, fue liberado en 2013 después de que un juez considerara que las pruebas en su contra eran insuficientes.
Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico
Fue liberada en febrero de 2015 luego de que un juez determinara que ya había sido juzgada en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, evitando así una doble incriminación.
Martín Alejandro Beltrán Coronel
Sobrino del narcotraficante Ignacio Nacho Coronel, fue liberado en septiembre de 2014 debido a la violación al principio de presunción de inocencia.
Roberto Beltrán Burgos, alias El Doctor
Considerado uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa, fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud en septiembre de 2014 por un juez federal del Estado de México.
Estas liberaciones han sido atribuidas a diversos factores, incluyendo la corrupción dentro del Poder Judicial, errores en la integración de expedientes y la falta de capacitación adecuada de jueces y fiscales. Organizaciones y activistas han señalado que estas decisiones minan la confianza pública en el sistema de justicia y resaltan la necesidad de reformas profundas para garantizar procesos judiciales transparentes y efectivos.
La recurrencia de estas liberaciones subraya la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia en México, con el objetivo de combatir eficazmente al crimen organizado y garantizar la seguridad y confianza de la ciudadanía.
