En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma al artículo 9, fracción III, inciso c), de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, que busca proteger a las infancias de la violencia ejercida a través de la inteligencia artificial (IA).
Esta decisión, respaldada por unanimidad, marca un precedente en la legislación mexicana al reconocer los riesgos específicos que la IA representa para los menores.
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La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, destacó que la inteligencia artificial puede ser utilizada para generar y difundir material de explotación sexual infantil altamente realista, como los llamados deepfakes, causando daños profundos y duraderos en las víctimas.
Además, señaló que la inteligencia artificial puede ser empleada por delincuentes para manipular y engañar a menores, facilitando su victimización.
El Poder Ejecutivo federal impugnó la reforma argumentando que no se definía claramente qué se entiende por violencia con inteligencia artificial. Sin embargo, la Corte consideró que, dada la evolución constante de la tecnología, no se vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, y que los marcos jurídicos deben ser flexibles para adaptarse a las definiciones en evolución.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa enfatizó la obligación de proteger los derechos de las infancias y prevenir daños ocasionados por el uso malintencionado de la tecnología, destacando la importancia de la persecución penal y la reparación del daño en casos de explotación digital.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que en México, el 50 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 11 años ya son usuarios de Internet, y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, estas cifras alcanzan entre el 80 y 94 por ciento, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Los desafíos de la inteligencia artificial
Este fallo de la SCJN sienta las bases para la creación de regulaciones y políticas públicas más modernas y preventivas en materia de tecnología e infancia, reconociendo la necesidad de adaptar el marco legal a los desafíos que presenta la inteligencia artificial en la protección de los derechos de los menores. (Con información de La Jornada).
