CDMX.- La eutanasia en Uruguay se convirtió en un hecho histórico al aprobarse por ley, convirtiendo al país en el primero de América Latina en sumarse a la reducida lista de naciones que reconocen el derecho a una muerte digna.
Tras un extenso debate de diez horas, el Senado aprobó el proyecto de ley con 20 votos a favor de los 31 legisladores presentes. De esta forma, el país culmina un proceso legislativo que se extendió por cinco años y que generó amplio interés social y político, según reportó la BBC.
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De acuerdo con la consultora Cifra, un 62% de los uruguayos manifestó su apoyo a esta medida, considerada un hito en los derechos de los pacientes en etapa terminal. El texto establece que las personas adultas, psíquicamente aptas y que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimiento insoportable, podrán solicitar la eutanasia en Uruguay, la cual deberá ser realizada exclusivamente por un profesional de la salud.
El respaldo político y las posturas enfrentadas por la eutanasia en Uruguay
La ley de eutanasia en Uruguay contó con el respaldo de toda la coalición de izquierda progresista del Frente Amplio, además de dos senadores del Partido Colorado y una legisladora del Partido Nacional. Sin embargo, sectores conservadores y grupos religiosos, particularmente de la Iglesia católica, expresaron su oposición argumentando razones éticas y morales.
El senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, afirmó que “transcurrir con dignidad el proceso final de la vida, cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito”. Con esta medida, Uruguay se posiciona como referente regional en materia de derechos al final de la vida.
Comparación con otros países latinoamericanos
Aunque la eutanasia en Uruguay ahora cuenta con un marco legal específico, otros países del continente han avanzado por distintas vías. En Colombia, por ejemplo, la muerte asistida fue despenalizada en 1997 y legalizada en 2015. El Ministerio de Salud estableció lineamientos estrictos para los procedimientos, aunque aún enfrenta obstáculos burocráticos.
Ecuador siguió el ejemplo uruguayo en 2024, cuando su Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo que penalizaba la eutanasia. En México y Argentina, la eutanasia en Uruguay ha reavivado el debate, ya que ambos países sólo permiten rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida, lo que se conoce como “eutanasia pasiva”.
En Chile, también desde 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos.
En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del país andino aprobó el proyecto de ley de Muerte digna y cuidados paliativos que busca, bajo determinadas condiciones, que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir.
En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte falló en 2021 a favor de la solicitud de Ana Estrada, una mujer que padecía polimiositis, una enfermedad rara y degenerativa, y que reclamaba su derecho a una muerte digna. Su caso se considera como una excepción.
En Cuba, a finales de 2023 la Asamblea Nacional aprobó la muerte digna como parte de una legislación que actualiza el marco legal del país para su sistema de salud universal y gratuito.
La eutanasia a nivel mundial
La aprobación de la eutanasia en Uruguay coloca al país en una posición similar a la de naciones europeas como España, Bélgica, Países Bajos y Suiza, donde se reconoce el derecho a decidir sobre el final de la vida bajo condiciones médicas específicas.
En Estados Unidos, sólo algunos estados permiten la muerte asistida, mientras que Canadá amplió recientemente su legislación para incluir casos de enfermedades incurables o discapacidades graves.
El primer país en el mundo crear el “derecho a morir” fue Suiza, al legalizar la muerte asistida en 1942. Es uno de los pocos países que permite a los extranjeros acceder a esta práctica a través de organizaciones como Dignitas, con sede en Zúrich.
En el plano global, la decisión uruguaya es vista como un paso progresista que podría influir en futuros debates sobre bioética y derechos humanos en América Latina.
