La reciente revelación de que varios candidatos a cargos en el Poder Judicial tienen presuntos vínculos con el narcotráfico ha encendido las alarmas sobre la integridad del proceso de selección judicial.
Organizaciones civiles y medios de comunicación han documentado casos preocupantes que cuestionan la eficacia de los filtros aplicados por los Comités de Evaluación de los tres poderes del Estado.
También te puede interesar:Reportan 50% menos delitos en Playa del Carmen por operativo de seguridad
Candidatos que generan preocupación
Uno de los candidatos más destacados es el de Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez penal en Nuevo León. Según la organización civil Defensorxs, Padilla Briones fue detenido en 2023 en posesión de 15 bolsas de metanfetamina y un arma de fuego, y fue vinculado a proceso por narcomenudeo. A pesar de estos antecedentes, logró pasar los filtros de evaluación del Poder Legislativo.
Otro caso de candidatos es el de Fernando Escamilla Villarreal, quien fue detenido en 2016 por portar un arma de fuego sin licencia y ha estado vinculado a la defensa legal de líderes del cártel de los Zetas, como Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40. A pesar de estos antecedentes, Escamilla Villarreal es candidato a juez de distrito del cuarto circuito especializado en el sistema penal, gracias a la validación del Poder Ejecutivo.
Además, se ha documentado el caso de Sabas Santiago Ipiña, expolicía vinculado con el asesinato de los hijos de una antigua compañera. Aunque logró ser excluido de la lista de candidatos en San Luis Potosí tras ser sorteado, su inclusión inicial en el proceso de selección genera dudas sobre los criterios aplicados.
Fallas en el proceso de evaluación
La inclusión de estos candidatos ha sido atribuida a deficiencias en los procesos de evaluación y selección. Expertos señalan que los Comités de Evaluación de los tres poderes aplicaron criterios insuficientes, imprecisos y dispares.
El Poder Judicial, que contaba con los criterios más robustos, renunció a su participación, lo que llevó al Senado a elaborar la lista mediante una tómbola, eliminando los criterios que inicialmente iban a sentar las bases del proceso.
Reacciones y demandas
Ante esta situación, organizaciones civiles han exigido al Instituto Nacional Electoral (INE) que revise los perfiles de los candidatos y cancele las candidaturas de aquellos con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos falló, y el INE respondió que los Comités de Evaluación de los Poderes debían garantizar la probidad de los aspirantes.
La plataforma Defensorxs ha anunciado que presentará un juicio electoral para intentar invalidar las candidaturas ya publicadas por el órgano electoral, en caso de que el INE no actúe de oficio.
La presencia de candidatos con antecedentes penales o vínculos con el narcotráfico en el proceso de selección del Poder Judicial representa una amenaza para la integridad del sistema judicial y la democracia en México. Es imperativo que las autoridades correspondientes tomen medidas inmediatas para revisar y, en su caso, cancelar estas candidaturas, garantizando que los jueces y magistrados sean personas íntegras y comprometidas con la justicia. (Con información de Excélsior).
