La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará la próxima semana una reforma político-electoral que busca transformar el sistema democrático mexicano bajo los principios de austeridad republicana y democracia participativa. Este proyecto pretende eliminar legisladores plurinominales, reducir el presupuesto del INE y centralizar la organización de los comicios, enfrentando una resistencia crítica de la oposición y de sus propios aliados, el PVEM y el PT.
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El mandato de Sheinbaum y la coyuntura de febrero de 2026
Al 18 de febrero de 2026, el panorama político está definido por el capital político derivado de las elecciones de octubre de 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum gobierna con la legitimidad de haber ganado en 31 de las 32 entidades federativas, logrando la votación más alta en la historia del país. Este respaldo es el motor de la propuesta que presentará formalmente la próxima semana al Congreso de la Unión, tras ser finalizada por la Comisión Presidencial de Pablo Gómez.
La narrativa del Ejecutivo Federal sostiene que el modelo actual es un sistema oneroso que protege a las cúpulas partidistas sin arraigo territorial. Esta visión busca desmantelar la estructura de representación proporcional actual para transitar hacia un esquema de elección directa, lo que ha generado una polarización inmediata con los bloques opositores y tensiones en la coalición gobernante.
Los cuatro ejes de la transformación electoral de 2026
La iniciativa presidencial no es un ajuste menor, sino una reconfiguración técnica y política dividida en cuatro pilares estratégicos:
1. Reestructuración presupuestal y operativa
El objetivo central es reducir el costo de las elecciones, argumentando que México posee uno de los sistemas más caros del mundo. La reforma propone recortes directos al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las prerrogativas de los partidos. Expertos advierten que esto podría comprometer el Servicio Profesional Electoral Nacional, afectando la capacidad técnica para organizar votaciones seguras y confiables.
2. Eliminación de plurinominales y cambio en la representación
Se plantea reducir de 200 a 100 los diputados federales por representación proporcional y eliminar los 32 senadores de lista nacional. La propuesta impulsa métodos como el del “mejor perdedor” o listas abiertas, permitiendo que el ciudadano altere el orden de prioridad definido por las dirigencias de los partidos, restando poder a las estructuras burocráticas partidistas.
3. Modernización del voto en el exterior
Un componente clave es facilitar el sufragio de los mexicanos residentes en el extranjero. Se busca que la diáspora, cuya contribución al PIB vía remesas es fundamental, elija a sus propios diputados mediante actualizaciones tecnológicas y legales que garanticen una voz directa en el Poder Legislativo.
4. Fortalecimiento de la democracia participativa
La reforma institucionaliza las consultas populares y la revocación de mandato como herramientas periódicas. El fin es transitar de una democracia estrictamente representativa a una de intervención ciudadana constante en las decisiones de interés nacional.
Análisis de la aritmética legislativa en la LXVI Legislatura
El éxito de la reforma depende de la composición actual de las cámaras, donde el oficialismo tiene una ventaja clara pero condicionada por sus aliados.
Integración de la Cámara de Diputados (Febrero 2026)
La coalición “Sigamos Haciendo Historia” suma 364 diputados, superando los 334 necesarios para la mayoría calificada. No obstante, esta unidad es frágil frente a la propuesta de eliminar plurinominales, que afecta directamente la supervivencia del PVEM y el PT.
Integración de la Cámara de Senadores (Febrero 2026)
En el Senado, el bloque oficialista cuenta con 87 votos. Para alcanzar la mayoría calificada de 89 legisladores, dependen de negociaciones individuales y de mantener la cohesión total de sus aliados, lo que otorga un poder de veto real a figuras como Manuel Velasco.
La fractura interna: La “Guerra Intestina” por los plurinominales
El punto de quiebre dentro de la coalición gobernante es la eliminación de los legisladores plurinominales. Para el PT y el PVEM, este principio es su única garantía de peso político; sin él, quedarían marginados ante el dominio territorial de Morena.
Ricardo Monreal ha reconocido públicamente que la reforma se encuentra “atorada” debido a estas diferencias. Los aliados han marcado como “irreductibles” la permanencia de los plurinominales y el mantenimiento de las prerrogativas financieras. Aceptar la propuesta original de la presidenta sería, en palabras de cuadros internos, un “suicidio político” para los partidos satélites.
La respuesta de la oposición y el factor del crimen organizado
El bloque opositor (PAN y PRI) ha tildado la iniciativa de “Ley Maduro”, acusando un intento de colonización del INE. Sin embargo, su estrategia más agresiva se centra en la seguridad.
La contrapropuesta del PAN
El 17 de febrero de 2026, Marko Cortés y Raymundo Bolaños presentaron una iniciativa que incluye:
- Nulidad de elección: Activación automática si se comprueba intervención del crimen organizado.
- Cancelación de registro: Para partidos con vínculos demostrables con la delincuencia.
- Primarias obligatorias: Organizadas por el INE para eliminar designaciones opacas.
- Ajuste de sobrerrepresentación: Garantizar que los escaños correspondan estrictamente a los votos emitidos.
Operadores clave en el proceso legislativo
Dos figuras dominan la conducción del debate en las cámaras:
- Laura Itzel Castillo Juárez (Senado): Defensora de la austeridad, busca que la reforma sea un reclamo social de “menos escritorio y más territorio”, operando para que no sea vista como una imposición unilateral.
- Víctor Hugo Lobo Román (Cámara de Diputados): Presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, ha rechazado el “fast track” y prometido dos semanas de Parlamento Abierto para integrar voces técnicas y de la sociedad civil.
El impacto en el federalismo: El destino de OPLES y Tribunales
La reforma contempla la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y tribunales estatales, centralizando todo en un INE reducido. Analistas advierten que esta medida, lejos de ahorrar dinero, creará cuellos de botella administrativos y eliminará la sensibilidad territorial necesaria para gestionar conflictos locales.
Seguridad y estabilidad social: El contexto de 2026
La discusión ocurre mientras el gobierno presume una baja en la incidencia delictiva, clave para la narrativa de estabilidad de Sheinbaum.
Indicadores de Seguridad (Sep 2024 – Ene 2026)
Pese a estos datos, el asesinato de un candidato en Jalisco mantiene viva la exigencia de la oposición por blindar los comicios frente al narcotráfico, un tema que el oficialismo intenta mitigar con programas como “Boxeando por la Paz” y la consolidación de la Guardia Nacional.
Presión internacional y el factor T-MEC
La estabilidad democrática de México está bajo la lupa de los socios comerciales. Con la renegociación del T-MEC en el horizonte de 2026, cualquier percepción de debilitamiento de contrapesos podría generar incertidumbre en los mercados. Las amenazas de Donald Trump sobre el uso de tropas en territorio mexicano o la salida del tratado añaden una capa de complejidad geopolítica que obliga a la administración de Sheinbaum a cuidar la legitimidad de sus reformas ante la comunidad internacional.
El proceso que inicia formalmente la próxima semana no solo definirá las reglas de las próximas elecciones, sino la estructura misma del Estado mexicano para las décadas por venir. La capacidad de Morena para negociar con sus propios aliados determinará si la reforma nace con la fuerza de la constitución o se queda en un intento de centralización bloqueado por la realidad legislativa.
¿Cómo afectará la posible eliminación de los OPLES la operatividad de las elecciones en las regiones con mayor índice de violencia en México?
