Al 25 de febrero de 2026, la reforma electoral mexicana, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca una redefinición estructural del sistema democrático. El “Plan C” propone centralizar funciones, reducir financiamiento y modificar la representación legislativa, enfrentando una compleja aritmética parlamentaria y resistencia institucional.
También te puede interesar: Reforma electoral 2026: La encrucijada política de Claudia Sheinbaum
¿Cómo se gestó la reforma electoral de 2026 y qué objetivos persigue?
La arquitectura del sistema democrático en México atraviesa un periodo de redefinición estructural sin precedentes bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al cumplirse cuatro años de esfuerzos persistentes por parte del bloque oficialista —iniciados durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y continuados con un renovado vigor institucional por la actual mandataria—, el país se encuentra en el epicentro de un debate que trasciende lo meramente legislativo para tocar las fibras más profundas de la representación política y la autonomía de las instituciones. Este 25 de febrero de 2026, la presentación pública de los ejes centrales de la nueva iniciativa de reforma electoral marca el inicio de una fase crítica en la que se busca consolidar el denominado “Plan C”, una estrategia que pretende transformar de fondo y forma el ecosistema electoral mexicano.
El intento por reformar el sistema electoral no es un evento aislado, sino la culminación de un proceso de largo aliento que ha buscado, desde 2022, modificar las reglas del juego democrático bajo la premisa de la austeridad y la legitimidad popular. Los antecedentes inmediatos se sitúan en los fallidos Planes A y B, los cuales tropezaron con obstáculos constitucionales y judiciales, lo que obligó al oficialismo a buscar la construcción de una mayoría calificada en la LXVI Legislatura para asegurar la viabilidad de un cambio de calado constitucional. La narrativa gubernamental ha sido consistente en señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) representan una carga excesiva para el erario y que su estructura actual responde a un modelo burocrático que debe ser simplificado.
La transición del liderazgo de López Obrador a Sheinbaum Pardo no ha significado una dilución de estos objetivos, sino una sofisticación técnica de la propuesta. Mientras que los intentos previos fueron vistos como ataques frontales a la autonomía, la iniciativa de 2026 se presenta bajo el manto del “Humanismo Mexicano” y la “Austeridad Republicana”, buscando un consenso que, aunque difícil en la arena parlamentaria, apela a una base social que percibe el costo de las elecciones como desproporcionado. El análisis de la trayectoria de estas propuestas indica que el objetivo central es la centralización de las funciones electorales y la reducción drástica del financiamiento a los partidos, lo que alteraría de manera irreversible el equilibrio entre las fuerzas políticas tradicionales y las emergentes. En la conferencia matutina del 25 de febrero de 2026, la Presidenta Sheinbaum expuso los pilares que sostendrán la iniciativa formal que se enviará al Congreso el próximo lunes. Esta propuesta no solo busca reducir costos, sino que introduce criterios de representación y fiscalización que podrían reconfigurar el mapa partidista para los comicios intermedios de 2027. La reforma se presenta como una respuesta a una “demanda del pueblo de México” para democratizar el acceso al poder y eliminar privilegios de las cúpulas partidistas.
¿Qué implicaciones tiene la reconfiguración de la representación legislativa?
El punto de mayor fricción política es la propuesta de reducción de los legisladores por el principio de representación proporcional. La iniciativa contempla un ajuste profundo al esquema actual de 500 diputados, buscando que el número total de curules se reduzca mediante la eliminación o disminución significativa de los plurinominales. El argumento central es que quien desee ser representante popular debe “ir al territorio” y buscar el voto directo de la ciudadanía, eliminando la dependencia de las listas de partido. No obstante, la oposición advierte que esto podría generar una sobrerrepresentación del partido mayoritario, reduciendo la pluralidad y silenciando a las minorías políticas.
En la Cámara de Diputados, la composición actual de 500 integrantes (300 de Mayoría Relativa / 200 de Representación Proporcional) se vería afectada por una reducción total y un ajuste al esquema 300-200. Para la Cámara de Senadores, de los 128 integrantes (64 de Mayoría Relativa / 32 de Primera Minoría / 32 de Representación Proporcional), se propone la eliminación de listas nacionales, enfocándose en un criterio estatal. El criterio de selección pasaría de listas partidarias regionales y nacionales a una prioridad al trabajo territorial y voto directo. Las acciones afirmativas, actualmente reguladas por acuerdos del INE, buscarían un reconocimiento constitucional de las facultades del INE.
¿Cómo impactará el nuevo modelo de financiamiento a los partidos políticos?
La reforma propone una reducción de casi el 50% en el presupuesto destinado a las actividades ordinarias de los partidos políticos. Esta medida es el corazón de la estrategia de austeridad y busca forzar a los institutos políticos a buscar fuentes de financiamiento más cercanas a sus militantes, aunque manteniendo el financiamiento público como predominante para evitar la captura por parte de grupos de interés económicos o criminales. La fiscalización se vuelve más rigurosa, proponiendo el uso de inteligencia artificial para rastrear flujos de recursos en tiempo real y la obligación de las plataformas digitales de establecer oficinas en México para atender requerimientos de la autoridad electoral.
Para comprender el impacto de la reducción, se debe analizar la fórmula actual de distribución del financiamiento público (Fp), la cual se rige generalmente por la siguiente proporción en los estados y a nivel federal: Fp = (30% Distribución Igualitaria) + (70% Distribución Proporcional según Votos). La propuesta de algunos aliados y sectores críticos es modificar esta relación para que la distribución sea más equitativa, especialmente ante el recorte masivo. Por ejemplo, el PVEM ha sugerido que el financiamiento se distribuya en partes iguales entre todas las fuerzas políticas para asegurar su supervivencia.
¿Qué transformaciones institucionales se prevén para el INE y los OPLEs?
La reforma electoral de 2026 no solo cambia las reglas de competencia, sino que redefine la arquitectura del Estado en materia comicial. La intención explícita es debilitar lo que el oficialismo denomina como “burocracia dorada” de los organismos electorales, buscando una integración funcional que elimine la duplicidad de tareas entre el INE y los OPLEs.
La iniciativa contempla la posibilidad de desaparecer los OPLEs, concentrando la organización de todos los procesos (federales y locales) en una estructura nacional única. El argumento es estrictamente presupuestal: se estima que la eliminación de estos organismos generaría ahorros millonarios que podrían destinarse a otros fines sociales. Sin embargo, la resistencia es notable en estados donde los modelos electorales locales han desarrollado mecanismos de participación ciudadana específicos y exitosos. El PAN, por conducto de su líder nacional Jorge Romero, ha declarado una defensa “a muerte” de los OPLEs, argumentando que su desaparición es un atentado contra el federalismo.
Aunque la Presidenta Sheinbaum ha reiterado que se respetará la autonomía del INE, la reforma introduce controles presupuestales y operativos que limitan su margen de maniobra. Entre los puntos clave se encuentran: reducción de fondos operativos generales; garantía de que los consejeros tengan salarios menores al de la Presidenta de la República; y fortalecimiento de las facultades de fiscalización, pero vinculadas a nuevos criterios de eficiencia y economía. Un elemento de tensión adicional es la propuesta de ajustar el calendario de la elección judicial. El INE ha sugerido que la elección de jueces, magistrados y ministros se mueva de 2027 a 2028 para evitar el empalme con las elecciones intermedias, una propuesta que la Presidenta ha aceptado considerar dentro del marco del diálogo institucional.
En cuanto a los organismos, el INE, actualmente autoridad nacional autónoma, enfrentaría una reducción de presupuesto y un ajuste salarial de mandos. Los OPLEs, encargados de la organización de elecciones estatales, se enfrentarían a una eventual desaparición y la asunción de sus funciones por el INE. El TEPJF, que resuelve controversias, se fortalecería como operador normativo para juicios post-electorales. Los Tribunales Locales, responsables de la justicia electoral estatal, podrían desaparecer o integrarse a la justicia federal.
¿Qué fisuras revela la negociación con los aliados y la postura de la oposición?
Uno de los aspectos más reveladores de la jornada del 25 de febrero es la confirmación de que Morena avanzará con la presentación de la reforma a pesar de no contar con el consenso total de sus aliados estratégicos: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Esta falta de unanimidad pone en riesgo la obtención de la mayoría calificada necesaria para las modificaciones constitucionales.
¿Cuáles son las demandas clave del PVEM y el PT ante la reforma?
Carlos Puente, coordinador del PVEM en San Lázaro, ha admitido que la reforma tal como está planteada “podría cambiar la vida” de su partido, una frase que subyace al temor de la pérdida de registro o de influencia legislativa ante la reducción de plurinominales. El PVEM ha endurecido su postura, señalando que si la reforma afecta sus intereses vitales, no la acompañarán. En reuniones privadas, se ha discutido que el costo de su voto podría ser la nominación garantizada de candidatos a las gubernaturas de San Luis Potosí y Quintana Roo en alianza con Morena para 2027.
El PT comparte la preocupación sobre la supervivencia financiera. La propuesta de reducir el financiamiento impacta desproporcionadamente a los partidos con menor base de votantes. Para el PT, la representación proporcional no es solo un mecanismo de asignación de escaños, sino una garantía de pluralidad democrática que evita que una sola voz domine el panorama nacional. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha intentado reconstruir los puentes de diálogo que se vieron afectados por la postura más rígida de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde.
¿Cómo se articula la resistencia de la oposición y qué prioridades defiende?
La respuesta de los partidos de oposición a la reforma de Sheinbaum ha sido una de rechazo frontal, aunque con matices estratégicos. El bloque opositor busca posicionar la reforma como un intento de consolidar un régimen autoritario de partido único.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha lanzado una ofensiva mediática contra la iniciativa, afirmando que apoyarla sería un síntoma de “miedo” al gobierno y un acto de claudicación democrática. Moreno sostiene que la reforma es una simulación que busca destruir al INE y a los partidos políticos para instaurar un modelo similar al de Venezuela. Para el PRI, la clave de la resistencia está en la movilización territorial y en la denuncia internacional de lo que consideran una regresión masiva.
Para Acción Nacional, la prioridad nacional no es la reforma electoral, sino la crisis de seguridad que vive el país. Los legisladores panistas han propuesto que cualquier cambio en las leyes electorales debe enfocarse primero en blindar los procesos contra la intervención del crimen organizado, que ha cobrado la vida de numerosos candidatos en ciclos anteriores. La postura del PAN es que el gobierno está “dosificando libertades” en lugar de ampliarlas, y que la austeridad es una excusa para el control total.
Jorge Álvarez Máynez ha señalado que Movimiento Ciudadano no ha sido invitado formalmente a los foros de discusión del gobierno, pero que el partido está realizando sus propios foros de consulta con la sociedad civil. MC aboga por un diálogo que no esté monopolizado por la clase política y que tome en cuenta a las universidades y académicos. Para este instituto, la reducción de la jornada laboral y la seguridad en el territorio son temas que deberían preceder a la discusión electoral.
¿Qué perspectivas regionales y sociales influyen en el debate de la reforma?
La discusión de la reforma electoral ha provocado reacciones significativas fuera de la capital del país. En Quintana Roo, un estado clave para el turismo y la inversión, los actores económicos han manifestado su escepticismo sobre la oportunidad política de esta iniciativa.
¿Qué preocupaciones expresa el sector empresarial de Quintana Roo?
María Jovita Portillo Navarro, presidenta local de Coparmex Cancún, ha sido una de las voces más críticas desde el sector empresarial. Portillo Navarro ha señalado que antes de llevar a cabo un cambio político de esta magnitud, que requiere del consenso de toda la sociedad, el gobierno debe atender la agenda de seguridad y Estado de derecho. El sector empresarial en Cancún destaca que, aunque se han reportado disminuciones en delitos como el robo a negocio, la extorsión sigue siendo una preocupación latente que afecta la competitividad. Para Coparmex, una reforma electoral sin consenso social es una distracción de los problemas estructurales que inhiben el crecimiento económico.
Un punto de coincidencia poco común es el fortalecimiento del voto de los mexicanos en el extranjero. La reforma de Sheinbaum contempla facilitar los mecanismos para que la “diáspora mexicana”, especialmente en Estados Unidos, pueda participar no solo en las elecciones, sino en los procesos de consulta y revocación de mandato. Colectivos migrantes han reconocido esta intención como un avance en la justicia política para quienes contribuyen significativamente a la economía nacional.
En resumen de posturas, Coparmex Cancún prioriza la seguridad y el Estado de derecho para el crecimiento. Los colectivos migrantes apoyan la participación efectiva y el reconocimiento de los derechos políticos de la diáspora. La academia y expertos alertan por una regresión democrática y el riesgo de consolidación de un partido autocrático. El sector agrícola, por su parte, demanda calma y enfoque en la producción, así como la necesidad de inversión y certeza jurídica.
¿Cómo se perfila el tablero político y qué escenarios legislativos se anticipan?
Hacia el cierre de febrero de 2026, el escenario legislativo es de una tensa espera. La aprobación de la reforma requiere de dos terceras partes de los votos en ambas cámaras, una meta que el oficialismo solo alcanzará si logra disciplinar a sus aliados y atraer a algunos legisladores de la oposición.
¿Qué desafíos enfrenta la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados y el Senado?
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, ha definido la ruta de la reforma electoral como el desafío más grande del segundo año de la legislatura. Aunque Morena por sí solo tiene una representación mayoritaria del 50.6% (253 diputados), la suma de sus aliados es indispensable para alcanzar el 66% necesario. Monreal ha admitido que “nadie está obligado a lo imposible” y que si no hay consenso con el Verde y el PT, la reforma simplemente no pasará.
En el Senado, la situación es aún más cerrada. El bloque oficialista cuenta con aproximadamente el 67% de los escaños (67 de Morena, 14 del PVEM, 6 del PT), pero las defecciones o ausencias pueden ser fatales para el proyecto. Figuras como Adán Augusto López Hernández y la Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, han trabajado en ratificar la unidad del bloque, incluso organizando eventos masivos para demostrar la cohesión del movimiento. Sin embargo, el análisis de las votaciones previas muestra que la oposición suele dividirse en temas administrativos, pero se unifica frente a cambios que afectan el equilibrio de poder electoral. La composición de la Cámara de Diputados incluye 253 integrantes de Morena (50.6%), 70 del PAN (14.0%), 62 del PVEM (12.4%), 49 del PT (9.8%), 37 del PRI (7.4%), 28 de MC (5.6%) y 1 sin partido (0.2%). En el Senado, se registran 67 de Morena, 20 del PAN, 14 del PVEM, 6 del PT, 13 del PRI, 6 de MC y 1 sin partido.
¿Cuáles son los escenarios posibles para la reforma electoral al cierre de febrero de 2026?
Se vislumbran tres escenarios principales. El primero es un consenso forzado con aliados: Morena cede en la fórmula de financiamiento y mantiene el esquema de plurinominales estatales para el PVEM y el PT, asegurando la reforma constitucional antes del límite de abril para que aplique en 2027. El segundo es una reforma acotada (Plan D): ante la falta de mayoría calificada, el oficialismo opta por reformas a leyes secundarias que reduzcan costos operativos del INE y OPLEs sin modificar la Constitución, aunque con el riesgo de ser impugnadas ante la Suprema Corte. El tercer escenario es un congelamiento legislativo: las tensiones internas en la 4T y la resistencia unificada de la oposición llevan la iniciativa a la “congeladora” parlamentaria, posponiendo la discusión hasta después de las elecciones de 2027.
La presentación de los elementos principales de la reforma electoral el 25 de febrero de 2026 por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum marca un punto de no retorno en la gestión del sistema político mexicano. La propuesta busca una transformación de gran calado fundamentada en la reducción del costo de la democracia y la centralización del poder electoral. Sin embargo, la falta de consenso con los aliados históricos y la feroz resistencia de la oposición y de sectores empresariales como Coparmex plantean un camino lleno de obstáculos jurídicos y políticos. Lo que está en juego no es solo el ahorro presupuestal, sino la fisonomía de la representación política en México. La eliminación de plurinominales y la reducción de financiamiento podrían fortalecer la gobernabilidad del partido en el poder, pero a costa de reducir los espacios para la pluralidad y la competencia equitativa. El próximo lunes, con el envío formal del documento al Congreso, se iniciará el conteo regresivo para una decisión que marcará el destino de las elecciones de 2027 y la solidez de las instituciones democráticas del país para las próximas décadas. La capacidad de la Presidenta Sheinbaum para transformar su visión en ley, sin fracturar su coalición ni desestabilizar el clima político, será la prueba definitiva de su liderazgo en esta nueva etapa del sistema político mexicano.
