La reforma electoral de 2026, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dejado de ser una iniciativa de austeridad para consolidarse como una reingeniería profunda del Estado. Al 11 de febrero, el proyecto busca redefinir la representación parlamentaria, el financiamiento de los partidos y la fiscalización, manteniendo la estructura de 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional tras intensas negociaciones.
Este proceso representa el fin del ciclo electoral que inició en 1996 con el IFE, migrando de un sistema enfocado en la pluralidad y la confianza institucional a uno que prioriza la eficiencia y la representación directa. El debate se centra en la capacidad de un sistema más económico y centralizado para procesar la creciente polarización política sin debilitar los contrapesos democráticos fundamentales.
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La reingeniería del Estado: Austeridad discursiva y consolidación del poder
La génesis de la reforma electoral de 2026 se encuentra directamente en la consolidación del poder político que siguió al proceso electoral de 2024. La victoria de Morena y sus aliados proporcionó el mandato para proponer cambios de gran calado, que se articulan en torno a la narrativa de la “Austeridad Republicana” y la búsqueda de la legitimidad directa de los representantes.
El argumento gubernamental se apoya en el alto costo histórico del sistema electoral mexicano, diseñado para generar confianza en un entorno de desconfianza institucional. No obstante, al contrastar los datos, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y el financiamiento de los partidos representa apenas una fracción mínima del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
La percepción de un gasto injustificable impulsó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en agosto de 2025, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, cuyo objetivo manifiesto fue “devolver el poder al pueblo”. Este movimiento legitimó un proceso de negociación política intensa, cuyo éxito dependía del bloque oficialista (Morena, PT y PVEM) que detenta la mayoría calificada.
Indicador de gasto electoral (Estimado 2026)
El contraste entre la narrativa de alto costo y el gasto real es un punto de análisis clave:
Crónica de la negociación: Ruptura y acuerdo al 11 de febrero
Las semanas previas al 11 de febrero de 2026 estuvieron marcadas por un tenso “estira y afloja” dentro de la coalición gobernante. La Secretaría de Gobernación (SEGOB), bajo la dirección de Rosa Icela Rodríguez, fungió como el centro de las negociaciones para cohesionar una alianza que estuvo al borde de la ruptura.
El conflicto principal surgió por la intención original de Morena de eliminar por completo las 200 diputaciones plurinominales y reducir en un 50% las prerrogativas de los partidos. Para el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), estas medidas ponían en riesgo su viabilidad política, pues dependen críticamente de su representación proporcional para asegurar puestos legislativos.
Una reunión clave a principios de febrero evidenció la tensión: la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, rechazó un borrador que mantenía el sistema de representación proporcional, lo que causó que los líderes del PT, Alberto Anaya, y del Verde se levantaran de la mesa. La Presidencia de la República tuvo que intervenir para rescatar la iniciativa.
El resultado de esta intervención fue la moderación del proyecto. Al 11 de febrero, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal anunció que el tema de la eliminación de los plurinominales estaba “superado”, manteniendo el sistema mixto (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) consagrado en el artículo 52 constitucional.
Evolución de la propuesta de financiamiento
El acuerdo de financiamiento también demostró la necesidad de la prudencia fiscal para asegurar la continuidad de los partidos aliados:
Anatomía del cambio legislativo: La fórmula del segundo mejor votado
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó un paquete de propuestas técnicas el 12 de enero de 2026, que sirven de base para el articulado final. Aunque el número de escaños plurinominales se mantiene, la verdadera transformación reside en el mecanismo de asignación, buscando vincular al diputado “con el elector y no con la jerarquía política o la burocracia partidista”, según enfatizó Ricardo Monreal.
La propuesta de 2026 se inspira en el modelo de la Ciudad de México del “segundo mejor votado” o “el segundo lugar mejor ubicado”.
Mecanismo de asignación y proporcionalidad
Bajo el esquema actual (pre-reforma), los 200 plurinominales se eligen de listas cerradas y bloqueadas presentadas por los partidos. El elector vota por el partido, y la asignación se realiza por el orden en la lista, lo que permitía las “cuotas de amigos” y el “nepotismo” denunciados por la presidenta Sheinbaum.
La reforma busca que la selección de los individuos que ocupen las curules se base en el ranking de votación distrital ($R_d$) de los candidatos que perdieron su distrito por mayoría relativa, pero que demostraron un respaldo ciudadano significativo.
Si Vt es la votación total emitida, Vp es la votación obtenida por el partido P, y Et es el total de escaños de representación proporcional (200), la asignación básica de escaños por partido (Ep) sigue la fórmula de proporcionalidad:
Sin embargo, la diferencia clave es que la selección de los individuos que ocuparán Ep ya no será determinada por la lista nacional Ln, sino por el desempeño individual en las urnas. Este cambio obliga a todos los aspirantes a realizar trabajo territorial.
Implicaciones para la pluralidad
La oposición ha advertido que esta nueva fórmula, a pesar de su apariencia democrática, podría reducir la efectividad de las minorías. Líderes como Rubén Moreira (PRI) y Ricardo Anaya (PAN) han señalado que en distritos donde el oficialismo domina, el “segundo mejor votado” será, con alta probabilidad, un candidato de Morena o sus aliados, lo que podría generar una sobrerrepresentación de facto de la coalición gobernante y anular el espíritu de la representación proporcional de 1977.
Ejes técnicos 2026: IA, criptomonedas y paridad sustantiva
Las propuestas técnicas del INE abordan deficiencias de los procesos electorales de 2024 y 2025, enfocándose en la modernización y la integridad del sistema.
Listado de innovaciones y medidas de integridad:
El componente judicial: Calendario separado y jueces sin rostro
Un elemento crucial e inesperado es la regularización de la elección de los integrantes del Poder Judicial (jueces, magistrados y ministros), separándola temporalmente de los comicios ordinarios de 2027 para evitar la saturación y confusión.
La propuesta plantea que las campañas judiciales se realicen en agosto y septiembre de 2027, con la jornada electoral el último domingo de octubre de 2027. Se prohíbe de manera tajante la participación de los partidos políticos en la promoción de estas candidaturas, buscando un proceso ciudadano basado estrictamente en perfiles profesionales.
Adicionalmente, en respuesta a la crisis de inseguridad, la reforma incorpora la figura de los “jueces sin rostro” para casos vinculados a la delincuencia organizada. Aunque esta medida ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos, el Gobierno Federal la defiende como una necesidad excepcional para proteger la integridad física de los juzgadores.
Balance de poder: Quién gana y quién pierde la reconfiguración
La reforma de 2026 no es políticamente neutra. El análisis de los acuerdos al 11 de febrero perfila claramente a los beneficiarios y a los afectados por esta nueva arquitectura institucional.
Ganadores: La coalición dominante y la austeridad discursiva
Perdedores: La oposición y las estructuras locales
Advertencia crítica: La amenaza del financiamiento ilícito y la certeza jurídica
Un informe de Integralia Consultores destaca que la disminución de las facultades operativas de los órganos autónomos representa un riesgo de “menor integridad de los procesos electorales” para 2026.
Riesgos operativos y de seguridad
La reducción del financiamiento público incrementa el peligro de que los partidos busquen recursos en fuentes alternativas, incluyendo el financiamiento ilegal proveniente del crimen organizado. A pesar de los candados del INE y el uso de Inteligencia Artificial para la fiscalización, la realidad territorial de México implica zonas donde los “regímenes criminales” tienen control superior al de las autoridades civiles. El riesgo de que individuos ligados a la delincuencia accedan a cargos públicos sigue siendo la mayor amenaza.
La celeridad para aprobar la reforma antes de que concluya febrero de 2026 genera incertidumbre jurídica. Si el proyecto es aprobado con vacíos legales o no ingresa a tiempo a las cámaras, no habrá margen para correcciones antes del inicio del proceso electoral de 2027. Esto podría desatar una avalancha de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creando una crisis de legalidad en la antesala electoral.
El sistema electoral mexicano deja atrás el ciclo post-1996, diseñado para la pluralidad, para ingresar a uno que busca la eficiencia bajo una lógica de hegemonía. La victoria política de Morena al lograr el consenso con el PT y el Verde asegura que la reforma será aprobada, pero el costo de este triunfo podría ser una democracia con menos contrapesos y una justicia electoral más vulnerable a los vientos de la política partidista y la influencia del Poder Ejecutivo. ¿Podrá este experimento institucional más centralizado y económico procesar las tensiones de una sociedad polarizada sin fracturar el orden democrático en las urnas de 2027?
