La reforma electoral de 2026 se ha convertido en el segundo gran pilar de la transformación del Estado impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, a mediados de febrero de 2026, este proceso atraviesa un periodo de redefinición estructural marcado por una profunda tensión interna.
El debate legislativo tiene una fecha de caducidad inminente, ya que, para ser vigente en los comicios intermedios de 2027, cualquier modificación debe estar aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a más tardar en los primeros días de junio de 2026. Esta restricción obedece al artículo 105 constitucional, que prohíbe cambios legales fundamentales 90 días antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para septiembre de 2026. Aunque existen acuerdos para la reestructuración operativa, el núcleo de la disputa política reside en la representación proporcional y el financiamiento público, temas que impactan directamente la supervivencia de los partidos aliados.
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La fecha límite de junio de 2026 y la fragilidad constitucional
Hacia el 14 de febrero de 2026, se cumplía un mes de negociaciones ríspidas entre los integrantes de la coalición gobernante: Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). El análisis del escenario actual revela que, si bien hay acuerdos en áreas de optimización administrativa, el consenso definitivo sobre los aspectos más trascendentales de la iniciativa aún no llega.
La reconfiguración del sistema no es un ajuste técnico aislado, sino una transformación estructural del Estado. No obstante, la viabilidad constitucional de la reforma depende exclusivamente de la cohesión del bloque oficialista, pues Morena no cuenta con los votos necesarios por sí solo para reformar la Constitución.
¿Un tiro en la cabeza? La disputa por los plurinominales
El principal punto de quiebre en las negociaciones ha sido la figura de las diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional, conocidas popularmente como “plurinominales”. Se ha logrado un acuerdo básico para mantener la cifra actual de 200 diputados plurinominales, desechando la propuesta inicial de reducir el Congreso a 300 integrantes en total. Sin embargo, la batalla se ha desplazado de la cantidad a la forma de designación.
La propuesta de la presidenta Sheinbaum busca que estos legisladores sean elegidos mediante el voto popular a través de listas abiertas. En contraste, el PVEM y el PT defienden con fervor el sistema de listas cerradas confeccionadas por las cúpulas partidistas.
La retórica de los aliados del oficialismo es contundente. El senador Luis Armando Melgar del PVEM señaló que obligar a los candidatos plurinominales a realizar campañas en territorio es un “contrasentido” que desvirtúa la naturaleza de estos escaños, concebidos para integrar perfiles técnicos, académicos y expertos. Por su parte, la dirigencia del PT considera que la propuesta del Ejecutivo Federal podría representar un “tiro en la cabeza” para las fuerzas políticas medianas, ya que diluiría su identidad frente a la hegemonía de Morena.
El Futuro de las Plurinominales
- Voto Directo: Que el pueblo elija quién entra de la lista y en qué orden.
- Territorio: Candidatos obligados a pedir el voto en la calle, no solo en oficinas.
- Austeridad: Menos dinero para listas y eliminación de la “cuota de poder” de las dirigencias.
- Listas Cerradas: Mantener el control de las dirigencias sobre quién llega al Congreso.
- Cuadros Técnicos: Proteger a especialistas que no saben o no quieren hacer campaña de tierra.
- Pragmatismo: Evitar el encarecimiento de campañas individuales para cientos de candidatos extra.
Este desacuerdo ha provocado que las mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezadas por Rosa Icela Rodríguez, con la participación de figuras como Manuel Velasco y Alberto Anaya, decidieran “encorchetar” el tema. Por lo pronto, las negociaciones avanzan en otros nueve ejes para evitar la parálisis total del proceso.
Los nueve puntos de acuerdo: Una reestructuración a fondo del sistema
A pesar del ruido mediático generado por las discrepancias, existe un conjunto de modificaciones que ya cuentan con el visto bueno del bloque oficialista. Estos avances representan una transformación profunda de la arquitectura electoral mexicana, enfocada en la eficiencia operativa y la centralización bajo una lógica de ahorro presupuestal y eliminación de duplicidades.
Reingeniería del INE y los OPLEs
El primer eje contempla una reestructuración orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), buscando compactar áreas administrativas y reducir de manera significativa el número de funcionarios en las 32 Juntas Locales Ejecutivas. Un punto notable es la eliminación de funciones consideradas no esenciales para la organización inmediata de las elecciones, como la educación cívica, cuyas atribuciones podrían ser absorbidas por otras dependencias del Estado.
En paralelo, hay consenso para reformar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). La intención es redefinir sus tareas para evitar duplicidades con la autoridad federal y que sus integrantes ya no sean designados directamente por el Consejo General del INE. La narrativa oficial justifica estas medidas al argumentar que México no puede seguir sosteniendo uno de los sistemas electorales más caros del mundo, el cual tan solo en 2025 consumió más de 65 mil millones de pesos entre el INE y las prerrogativas de los partidos.
Fortalecimiento de la democracia participativa y nuevos partidos
La reforma busca simplificar los requisitos para la activación de mecanismos de democracia directa, como la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato. Se plantea reducir el porcentaje de participación necesario para que estos procesos sean vinculantes. Esto consolidaría la figura de la democracia participativa como un contrapeso constante al ejercicio del poder representativo tradicional.
Asimismo, se han acordado medidas para agilizar el registro de nuevos partidos políticos, buscando que el sistema no se cierre a nuevas expresiones ciudadanas, siempre que cumplan con los umbrales de representatividad exigidos.
Fiscalización y blindaje contra el crimen organizado
En materia de comunicación política, se prevé una modificación en la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión, optimizando el uso de las pautas para que la ciudadanía reciba información más sustantiva. Hay consenso en endurecer las reglas contra la propaganda electoral contaminante, prohibiendo específicamente el uso de anuncios espectaculares, los cuales han sido fuente de opacidad financiera en el pasado.
Uno de los puntos clave es el endurecimiento de la fiscalización. La reforma propone integrar herramientas de inteligencia artificial para monitorear en tiempo real los gastos de campaña y detectar discrepancias. Vinculado a esto, se ha acordado establecer sanciones severas, incluyendo la nulidad de elecciones y la pérdida de registro, para aquellos partidos que reciban financiamiento o apoyo operativo del crimen organizado. Esta medida busca blindar el sistema frente a la infiltración de intereses ilícitos que amenazan la soberanía del voto en diversas regiones del país.
El INE y sus 241 propuestas técnicas: Del voto migrante a la inteligencia artificial
El Instituto Nacional Electoral, bajo la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, ha adoptado una postura proactiva. Entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un documento exhaustivo que sistematiza 241 propuestas basadas en la experiencia técnica y operativa del organismo. Este documento ofrece una “lógica correctiva” para cerrar vacíos normativos y reducir la discrecionalidad en la aplicación de la ley.
Innovación en el voto en el extranjero y la identidad digital
El INE propone que el derecho a la identidad y al voto de los mexicanos residentes en el exterior sea un proceso continuo. La propuesta central es la creación de una Lista Nominal de Electores en el Extranjero (LNEE) con carácter permanente. Los ciudadanos con su credencial vigente serían inscritos automáticamente para votar en la modalidad presencial en consulados, eliminando las barreras burocráticas que tradicionalmente han inhibido la participación de la diáspora.
Además, el instituto aboga por la transición hacia una identidad digital plena. Esto implicaría que las notificaciones, actos administrativos e incluso ciertas modalidades de votación remota (voto por internet) cuenten con un marco legal robusto que garantice la seguridad y la secrecía.
Auditoría con algoritmos de inteligencia artificial
El área de fiscalización del INE ha planteado el uso de algoritmos de inteligencia artificial para auditar las contrataciones de los partidos políticos. Las herramientas tradicionales resultan insuficientes en un entorno donde la propaganda se ha diversificado hacia microsegmentaciones en redes sociales. La propuesta técnica sugiere que el INE pueda cruzar bases de datos fiscales con el monitoreo en tiempo real de la actividad digital de los candidatos, permitiendo una detección temprana de rebasamientos de topes de campaña.
Modernización Técnica del INE
Implementación: Inscripción automática al Padrón con la CPVE vigente.
Efecto: Elimina el trámite doble y fomenta la participación de más de 12 millones de mexicanos fuera del país.
Implementación: Nueva credencial con QR de alta densidad y app complementaria.
Efecto: Reduce el uso de papel en un 40% y permite validación biométrica en segundos para trámites.
Implementación: Algoritmos de machine learning para detectar patrones de gasto inusuales.
Efecto: Blindaje contra financiamiento ilícito y monitoreo en tiempo real de campañas.
Implementación: Pruebas piloto nacionales bajo estándares de encriptación grado bancario.
Efecto: Prepara el terreno para el voto anticipado y reduce costos de logística de casillas físicas.
El gran reto de estado: Narcopolítica y la postura del PAN
El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su dirigente nacional Jorge Romero, ha introducido un elemento de presión externa que resuena con las preocupaciones sobre la seguridad nacional. El PAN ha retado formalmente a Morena y a la presidenta Sheinbaum a incluir en la reforma electoral disposiciones que garanticen la cancelación inmediata del registro de cualquier partido que haya sido financiado por el crimen organizado.
La postura panista advierte que la eliminación del financiamiento público, lejos de ser una medida de austeridad, es una “puerta abierta” al dinero ilícito. Según esta lógica, si los partidos se quedan sin recursos legales suficientes para operar, las estructuras criminales llenarán ese vacío a cambio de control territorial y protección oficial.
Las propuestas legislativas del PAN en este sentido incluyen:
- Nulidad de elección por violencia: Establecer que cualquier elección donde se compruebe la intervención directa de grupos armados o intimidación generalizada sea anulada ipso facto.
- Sanciones penales severas a “narcopolíticos”: Reformar el Código Penal Federal para que los vínculos con el crimen organizado en el contexto electoral no solo lleven a la pérdida del cargo, sino a la inhabilitación perpetua y penas de prisión máximas.
- Defensa de la autonomía del INE: Condicionar cualquier apoyo a la reforma electoral a que se mantenga la plena independencia de los consejeros y no se les someta a un proceso de elección popular que los politice.
Tensiones éticas y el caso de los migrantes
El nepotismo como conflicto ético-político
Un subtema que ha tensado la relación entre la presidenta Sheinbaum y sus aliados es la iniciativa para prohibir el nepotismo en la sucesión de cargos públicos. La mandataria ha sido enfática en que “con la herencia de cargos no se juega”, proponiendo reformas legales que impidan que cónyuges o parientes directos sucedan a un gobernante en el cargo inmediato.
Esta medida ha encontrado resistencia en el PVEM y en sectores regionales de Morena. El caso de Ruth González Silva, senadora del Verde y esposa del exgobernador potosino, es citado frecuentemente como un ejemplo de la práctica que Sheinbaum busca erradicar. Los aliados argumentan que tales prohibiciones son inconstitucionales al vulnerar el derecho de cualquier ciudadano a ser votado, independientemente de sus lazos familiares.
El reclamo de los migrantes de Guanajuato
En el ámbito regional, Guanajuato se ha convertido en el epicentro de un debate sobre la inclusión de las minorías. Grupos de migrantes guanajuatenses han protestado exigiendo que la reforma de 2026 garantice espacios de representación definidos y ocupados por integrantes de la comunidad en el exterior.
La demanda se centra en la creación de “circunscripciones migrantes” o la reserva de lugares específicos en las listas de representación proporcional tanto a nivel local como federal. Argumentan que su derecho a la voz política no debe limitarse a un voto, sino a tener representantes que entiendan la problemática de la binacionalidad. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha intentado canalizar estas demandas a través de audiencias públicas con la Comisión Presidencial.
Aritmética legislativa: La fragilidad de la mayoría calificada
La dependencia de Morena hacia sus aliados es una realidad ineludible. En la Cámara de Diputados, el partido mayoritario posee 253 escaños de los 500 totales, quedando lejos de los 334 requeridos para la mayoría calificada. Necesita estructuralmente de los 62 diputados del PVEM y los 49 del PT.
En el Senado, la situación es más ajustada. Morena tiene 67 de los 128 senadores; sumando los 14 del Verde y los 6 del PT, el bloque llega a 87 votos. Dado que la mayoría calificada requiere 86 votos, el oficialismo tiene un margen de error de apenas un escaño. Cualquier deserción pone en riesgo la totalidad de la iniciativa constitucional.
Control de la Mayoría Calificada
Esta fragilidad aritmética explica por qué la administración de Claudia Sheinbaum ha optado por un proceso de negociación prolongado en lugar de una imposición directa. El riesgo de una ruptura antes de la elección intermedia de 2027 sería catastrófico para toda la agenda legislativa.
El factor Movimiento Ciudadano y el entorno geopolítico
Mientras el bloque oficialista se debate en luchas internas y el PAN adopta una postura de confrontación, Movimiento Ciudadano (MC) ha intentado posicionarse como una “tercera vía” propositiva. Su coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, ha manifestado que MC no se sumará a una reforma que sea “monopolizada por la clase política”.
La estrategia de MC consiste en realizar foros ciudadanos paralelos para construir una propuesta que ponga énfasis en temas que la reforma oficialista ha ignorado, como la representación de las juventudes y la digitalización plena de la participación. Álvarez Máynez ha criticado que Morena utilice la reforma electoral como un distractor para no discutir temas urgentes como la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
La reforma electoral de 2026 tampoco ocurre en un vacío nacional. El contexto internacional, marcado por la revisión del T-MEC y las elecciones intermedias en Estados Unidos, ejerce una presión indirecta. Consultoras de riesgo como Integralia han señalado que una reforma que debilite operativamente al INE o que genere incertidumbre sobre la legalidad de los resultados electorales podría impactar negativamente en la calificación crediticia de México.
La presidenta Sheinbaum ha vinculado la solidez de las instituciones con la capacidad de ejecución del “Plan México”, el cual busca atraer inversiones masivas. El desafío consiste en convencer a los mercados y a los socios internacionales de que la “austeridad republicana” no compromete la equidad de la contienda ni la confiabilidad del conteo de votos.
Escenarios prospectivos para el cierre del ciclo legislativo
Al 14 de febrero de 2026, el tablero político se configura en tres escenarios posibles antes de que expire el plazo legal en junio:
- La reforma “descafeinada” de consenso: Ante la imposibilidad de convencer al PVEM y al PT de modificar el método de elección de los plurinominales, Morena opta por una reforma que se limita a los nueve puntos de acuerdo técnico y administrativo. Se compacta el INE, se reforman los OPLEs y se avanza en fiscalización e inteligencia artificial, pero se mantiene el sistema de listas cerradas para los 200 diputados plurinominales. Este escenario permite salvar la unidad de la coalición de cara a 2027.
- El “plan B” (Modificaciones legales sin cambio constitucional): Si las diferencias en los temas constitucionales resultan insalvables, el Ejecutivo podría enviar un paquete de reformas únicamente a leyes secundarias como la LGIPE y la Ley de Partidos Políticos. Esto requeriría solo mayoría simple. Sin embargo, este camino enfrentaría una lluvia de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, repitiendo el ciclo de litigiosidad que se vivió en el sexenio anterior.
- La ruptura y la imposición: En un escenario de baja probabilidad pero alto impacto, la presidencia decide enviar la iniciativa original de “listas abiertas” sin el consenso previo de los aliados. El riesgo de este escenario es una fractura definitiva de la alianza gobernante, lo que dejaría a Morena vulnerable en el Senado y pondría en duda la viabilidad de todas sus reformas futuras.
La reforma electoral de 2026 se encuentra en una fase de “estancamiento estratégico”. Mientras los aspectos técnicos para la modernización del sistema han avanzado con rapidez gracias al apoyo del INE, los aspectos políticos que tocan la distribución del poder siguen empantanados. El desacuerdo por los plurinominales es, en realidad, una disputa sobre quién controla el acceso a las instituciones: las bases populares y el Ejecutivo, o las dirigencias partidistas tradicionales. Para los partidos aliados, el mantenimiento de las listas cerradas es su única garantía de no ser absorbidos por la maquinaria de Morena.
El factor de la seguridad y el financiamiento ilícito emerge como el gran reto de Estado. Más allá de quién gane los escaños, la reforma electoral de 2026 será juzgada por su capacidad para impedir que el crimen organizado se convierta en el gran elector de México. La resolución de este conflicto definirá no solo las reglas de la elección de 2027, sino el equilibrio de fuerzas dentro del bloque oficialista para el resto de la década. ¿Será la necesidad de unidad política más fuerte que la promesa de democratizar el Congreso?
