La estabilidad democrática en México está en plena redefinición durante 2026. La propuesta de reforma político-electoral impulsada por el Ejecutivo Federal ha generado un debate que se centra en la arquitectura constitucional. El gran temor es que las modificaciones busquen la consolidación estructural de la fuerza mayoritaria, Morena, a costa de reducir la representación de las minorías políticas en el Congreso.
Esta disputa ha llevado a la oposición, aglutinada en el Frente Amplio Democrático (FAD), a formalizar una exigencia de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, argumentando que los cambios no son solo administrativos. Exconsejeros electorales, académicos y figuras políticas veteranas advierten sobre una potencial “regresión autoritaria” que podría desmantelar los avances democráticos logrados desde la histórica reforma de 1977.
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El imperativo del parlamento abierto frente al riesgo de regresión
El Frente Amplio Democrático ha solicitado un parlamento abierto ante la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Esta acción subraya la profunda desconfianza institucional que existe respecto al actual proceso legislativo. La comitiva que presentó la solicitud incluyó a expertos como el exconsejero electoral Jesús Ortega Martínez, Demetrio Sodi de la Tijera y María del Carmen Alanís.
Estos actores sostienen que la inclusión y la deliberación transparente son esenciales para el futuro democrático del país. La preocupación principal radica en que la reforma busca “blindar” a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) al alterar las reglas de acceso al poder, lo que dificultaría la alternancia y reduciría la capacidad de las minorías para influir en las decisiones nacionales.
El concepto de parlamento abierto en México evolucionó desde compromisos voluntarios internacionales, como la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011, hasta convertirse en una demanda de derecho constitucional. Su objetivo es garantizar que la creación de leyes responda a intereses ciudadanos, más allá de las agendas partidistas. El FAD alerta que la opacidad en los trabajos de la Comisión Presidencial genera incertidumbre sobre el alcance real de las modificaciones, sobre todo respecto a la autonomía de los organismos electorales.
Los pilares esenciales del diálogo legislativo
Para el Frente Amplio Democrático, la efectividad del proceso se mide por la capacidad de integrar voces técnicas y ciudadanas en el diseño normativo. Han detallado los siguientes componentes esenciales para el análisis de la reforma electoral:
La advertencia de Jesús Ortega sobre una posible restauración del “antiguo régimen del partido de Estado” no es menor. Se refiere a una estructura donde el Ejecutivo no solo detenta el poder administrativo, sino que controla las reglas de la competencia. Esto se manifestaría, principalmente, al transformar el sistema electoral mixto en uno predominantemente mayoritario.
El desmantelamiento de la representación proporcional y la ventaja estructural
La arquitectura del sistema electoral mexicano se basa en un modelo mixto con preponderancia mayoritaria, diseñado para equilibrar la gobernabilidad con la representación de la diversidad política.
Actualmente, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputaciones de mayoría relativa (MR) y 200 de representación proporcional (RP). La propuesta presidencial sugiere una reducción drástica de los espacios plurinominales (RP) con la justificación de “reducir costos” y simplificar el aparato democrático. Sin embargo, los analistas alertan que esta medida otorgaría a Morena una ventaja estructural difícil de revertir.
La oposición depende de la representación proporcional para mantener una presencia significativa, mientras que la fuerza mayoritaria tiende a ganar la mayoría de los distritos uninominales.
Para comprender la magnitud del cambio, es necesario observar cómo se traduce el voto a curules:
Si se reducen o eliminan las diputaciones de RP, se exacerba la distorsión entre la voluntad popular expresada en las urnas y la integración del órgano legislativo. Un dato clave: en 2024, la coalición oficialista obtuvo aproximadamente el 54% de la votación nacional emitida para diputados, pero alcanzó el 73% de las curules gracias a una interpretación controvertida sobre los límites de sobrerrepresentación. Esta brecha de 19 puntos porcentuales es lo que el FAD busca evitar mediante la defensa del sistema proporcional.
La fórmula técnica y la invisibilización del voto
La fórmula técnica para la asignación de representación proporcional es fundamental para la equidad. Según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se utiliza el concepto de Cociente Natural (CN), el cual se obtiene dividiendo la Votación Nacional Emitida (VNE) entre los 200 escaños a repartir:
A cada partido se le asignan tantas curules como veces contenga su votación al cociente natural. Eliminar este cálculo no solo “abarata” la elección, sino que “invisibiliza” a millones de votantes cuyos candidatos no ganaron en su distrito particular, pero que sumados a nivel nacional representan una fuerza política legítima.
Las negociaciones políticas y el papel de Manuel Velasco
Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, se ha posicionado como un mediador clave. A principios de febrero de 2026, Velasco declaró que la negociación de la reforma electoral tiene un avance del 50%, manteniendo el mismo ritmo que la semana previa.
Esta declaración sugiere que, si bien hay consensos en los objetivos generales de “austeridad” y “democracia participativa”, persisten puntos de fricción considerables en la letra de la ley. Velasco ha enfatizado que el PVEM busca una reforma “progresiva” que garantice equilibrios y sea democrática.
Sin embargo, los aliados minoritarios de Morena (PVEM y PT) son los que más tienen que perder con una reducción drástica de la representación proporcional. Sin los espacios plurinominales, estos partidos podrían ver reducida su bancada a niveles mínimos, lo que les restaría capacidad de negociación. La actual configuración de la Cámara de Diputados muestra:
El “avance del 50%” mencionado por Velasco podría referirse a acuerdos sobre la reducción presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) y la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). El otro 50% pendiente probablemente involucre la cláusula de sobrerrepresentación y la supervivencia de los partidos pequeños en un sistema mayoritario.
Nepotismo electoral: San Luis Potosí y la negociación de la vigencia
Un elemento que ha crispado la relación interna de la 4T es el respaldo explícito de Manuel Velasco a la senadora Ruth González Silva para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. González Silva es la esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, situándola en el centro de la controversia sobre el nepotismo electoral.
Este respaldo ocurre cuando la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una reforma constitucional para prohibir expresamente que familiares directos sucedan a sus parientes en cargos públicos. Aunque la reforma fue aprobada por unanimidad en lo general, se introdujo una reserva estratégica para que la prohibición entre en vigor hasta el proceso electoral de 2030 y no en 2027.
El aplazamiento de la ley contra el nepotismo se interpreta como una concesión política de Morena hacia el Partido Verde para asegurar su apoyo en la reforma electoral de 2026. Si la restricción se hubiera aplicado en 2027, la candidatura de Ruth González habría sido inconstitucional. El caso es paradigmático de cómo las reglas electorales se negocian en función de intereses locales de poder.
La defensa de la paridad y el colectivo 50+1
El colectivo de mujeres “50+1”, a través de su capítulo en Colima presidido por Leticia Zepeda Mesina, ha señalado que la defensa de la paridad será un pilar inamovible de su agenda 2026. La preocupación es que los cambios estructurales puedan representar un retroceso en los espacios ganados por las mujeres mediante las acciones afirmativas.
El temor se centra en que la reducción de las listas de representación proporcional afecte directamente la paridad sustantiva. Las listas plurinominales han sido el vehículo más eficaz para garantizar la integración de mujeres en los órganos legislativos, ya que el INE obliga a alternar géneros. En un sistema puramente mayoritario, la postulación de mujeres queda a merced de las decisiones distritales de cada partido.
Propuestas del INE para blindar los derechos ganados
Ante la inminencia de la reforma, el INE presentó sus propias propuestas para proteger los avances en materia de derechos:
Leticia Zepeda Mesina ha enfatizado que la paridad no debe ser utilizada como un instrumento para legitimar sucesiones familiares, una crítica directa a casos como el de San Luis Potosí.
Transformación institucional: del INE a la centralización total
Uno de los cambios más radicales contemplados en la reforma es la desaparición de la estructura federalizada de las elecciones. La propuesta prevé la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y la extinción de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Esta medida se justifica bajo la narrativa de la “austeridad republicana”.
Sin embargo, especialistas como Javier Santiago y organizaciones de la sociedad civil advierten que eliminar los OPLES atentaría contra el federalismo y pondría en riesgo la operatividad de las elecciones locales. Los OPLES no solo organizan elecciones de gobernadores, diputados locales y alcaldes, sino que son la primera instancia de atención ciudadana.
Comparativa de estructuras: modelo vigente vs. propuesta 2026
La elección de consejeros y magistrados mediante voto popular es el punto de mayor controversia. Analistas de riesgo político señalan que esto obligaría a los aspirantes a buscar financiamiento y apoyo de partidos o grupos de interés para realizar campañas nacionales, lo que minaría la independencia de la autoridad electoral.
Implicaciones fiscales y el financiamiento de la política
La reforma busca también modificar sustancialmente el financiamiento público a los partidos políticos. Actualmente, la bolsa anual de prerrogativas supera los 7,000 millones de pesos. Se propone reducir drásticamente el financiamiento ordinario y vincular el presupuesto de los partidos a los resultados de votación real, penalizando el abstencionismo.
El INE ha contraargumentado que reducir el financiamiento no resuelve el problema de fondo del costo de la política, ya que el gasto anual del instituto representa apenas entre el 0.2% y el 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por el contrario, un financiamiento público débil podría abrir la puerta a capitales ilícitos o al crimen organizado, que buscarían influir en las candidaturas locales ante la falta de recursos oficiales.
Prospectiva: la decisión inminente de San Lázaro
El debate sobre la reforma electoral en México se encuentra en un punto crítico donde se enfrentan dos visiones de Estado. Por un lado, la 4T impulsa un modelo de mayoría que busca consolidar su hegemonía bajo la bandera de la austeridad y la legitimidad popular directa. Por otro, el Frente Amplio Democrático y la sociedad civil defienden un sistema de contrapesos y pluralidad que garantice la voz de las minorías.
Las implicaciones de un parlamento abierto real serían profundas: permitiría una revisión técnica de la viabilidad de eliminar los OPLES y los plurinominales, y obligaría a transparentar las negociaciones políticas entre Morena y sus aliados. Si la reforma prospera sin modificaciones sustanciales, Morena tendrá una ventaja estructural que podría otorgarle una mayoría calificada casi automática en las próximas elecciones intermedias, diluyendo el papel de la oposición a una presencia meramente testimonial. ¿Podrá el país sacrificar el pluralismo que tanto costó conseguir en nombre de una “austeridad” selectiva que beneficia solo al poder dominante? El destino de la institucionalidad electoral mexicana se decidirá en las próximas semanas en el recinto legislativo de San Lázaro.
