La reforma electoral propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum es, al 13 de febrero de 2026, una negociación cupular entre la austeridad radical y la supervivencia política. La iniciativa busca redefinir el poder en México, pero está forzada a ceder ante la aritmética legislativa del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados estratégicos que poseen la llave de la mayoría calificada.
Esta coyuntura es clave porque cualquier cambio legal o constitucional debe aprobarse antes del 31 de mayo de 2026, fecha límite para que las nuevas reglas apliquen en el proceso electoral federal intermedio de 2027. Lo que comenzó como un idealismo de reducción de costos ha derivado en un pragmatismo intenso donde las cuotas de poder regional definen el futuro democrático del país.
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Plazo fatal y la coyuntura del bloque oficialista
El sistema político mexicano se encuentra en una coyuntura crítica marcada por la inminente presentación de la reforma. Febrero de 2026 se ha definido como el “plazo fatal” para procesar las doce modificaciones constitucionales y legales necesarias, ya que el marco jurídico vigente prohíbe cambios sustanciales a las leyes electorales noventa días antes del inicio de los comicios intermedios de 2027.
La urgencia se siente en la Secretaría de Gobernación y en Palacio Nacional. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, liderada por Pablo Gómez, ha trabajado para sintetizar la visión de la Cuarta Transformación en un documento consensuado. No obstante, la dinámica legislativa se complicó por la falta de un acuerdo inicial dentro del propio bloque. La Presidenta Sheinbaum admitió que, a principios de año, aún no había consenso total sobre temas sensibles como la representación proporcional.
Al 13 de febrero de 2026, el avance de la negociación se estima en un 50%, reflejando los acuerdos operativos alcanzados, pero también los persistentes puntos de conflicto en la distribución del poder legislativo.
El nudo gordiano: La supervivencia de los plurinominales
El eje central de la tensión política se ubica en la eliminación de los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales. La propuesta original del Ejecutivo buscaba una reducción drástica: pasar de 500 a 400 diputaciones federales (eliminando 100) y suprimir las 32 senadurías plurinominales, dejando al Senado con solo 96 integrantes.
Para Morena, esto era un pilar de la austeridad; sin embargo, se convirtió en una amenaza existencial para sus socios minoritarios.
La resistencia de los partidos satélite
La dirigencia del PVEM (Karen Castrejón y Manuel Velasco) y la del PT (Alberto Anaya) han sido tajantes en su oposición. Argumentan que sin los escaños plurinominales, se corre el riesgo de que un partido con el 54% de los votos obtenga hasta el 86% de las curules por medio de la sobrerrepresentación.
Esta “rebelión en la granja” obligó al partido mayoritario a recalibrar su estrategia. El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, admitió que el tema de la eliminación de los plurinominales está “superado”. Esto sugiere que la iniciativa final mantendrá el esquema de 300 distritos de mayoría y 200 de representación proporcional, tal como dicta la Constitución actual.
Esta concesión es vital porque Morena no posee por sí solo la mayoría calificada (dos terceras partes) para modificar la Constitución:
- En la Cámara de Diputados, Morena tiene 252 de 500 curules.
- En el Senado, Morena tiene 67 de 128 escaños.
Sin los votos del PT y el PVEM, cualquier reforma constitucional, incluida la electoral, fracasaría. Por ello, el mantenimiento de los plurinominales se considera la primera gran victoria de los partidos aliados en esta negociación.
El árbitro electoral: Postura del INE y la reforma “bisturí”
El Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la conducción de Guadalupe Taddei, ha evitado la confrontación abierta. En lugar de oponerse, entregó a la Comisión Presidencial un paquete de 45 propuestas técnicas. El INE aboga por una reforma de “bisturí” —ajustes precisos que mejoren el sistema— y no de ruptura, poniendo en alerta sobre el riesgo de desmantelar la capacidad técnica y la autonomía.
Innovaciones tecnológicas y fiscalización
Una de las áreas de coincidencia entre Morena y el INE es la necesidad de modernizar la fiscalización. La complejidad de las campañas modernas, que han migrado a plataformas digitales, influencers y posiblemente a activos virtuales como las criptomonedas, exige nuevos mecanismos de control.
El INE propuso las siguientes innovaciones:
Aunque el oficialismo busca reducir el financiamiento público a los partidos en un 50%, el INE propone modificar la fórmula de financiamiento para que el voto nulo y la abstención tengan efectos presupuestales reales, castigando así la falta de representatividad sin asfixiar a los partidos, lo que podría abrir la puerta al dinero ilegal o al crimen organizado.
La cara moneda de cambio: Cuotas de poder y el nepotismo silenciado
La negociación de la reforma electoral está indisolublemente ligada a la geopolítica interna de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. El PVEM y el PT están utilizando su poder de voto en el Congreso para asegurar posiciones clave en las elecciones de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas.
El caso de San Luis Potosí
El estado de San Luis Potosí es un ejemplo paradigmático. El gobernador pevemista, Ricardo Gallardo, ha presionado fuertemente. La reforma originalmente planeaba prohibir que familiares directos sucedieran a gobernantes en funciones para combatir el nepotismo.
Sin embargo, las negociaciones de febrero de 2026 han resultado en la postergación de estas medidas. Se reporta que, por presión del PVEM, la prohibición del nepotismo entraría en vigor hasta 2030, dejando así el camino libre para las dinastías políticas en las intermedias de 2027. El senador Manuel Velasco ha operado este acuerdo, “destapando” públicamente a Ruth González Silva, esposa del gobernador, como candidata más fuerte.
De manera similar, en Zacatecas se perfila una situación de sucesión familiar, donde el gobernador David Monreal buscaría ceder el cargo a un allegado. Esta “rebelión de los gobernadores” ha suavizado el lenguaje de la reforma, que ahora solo habla de “ajustar” en lugar de “desaparecer” ciertas figuras.
Logística de la elección judicial
Otro tema que ha obligado a una pausa es la sincronización de la elección de jueces, magistrados y ministros con los comicios intermedios de 2027. El INE ha planteado formalmente la necesidad de separar ambos procesos, sugiriendo que la jornada judicial se realice en octubre o noviembre de 2027, o incluso se postergue hasta 2028. La razón es operativa: una elección simultánea saturaría las casillas, resultaría en un costo logístico inmanejable y pondría en riesgo la certeza de los resultados. La Presidenta Sheinbaum ha mostrado apertura para analizar esta propuesta, un signo de que el gobierno federal reconoce los límites físicos de la implementación de la reforma.
Austeridad versus parálisis: El debate económico
La narrativa oficial busca reducir el “costo excesivo de la democracia”. Para 2026, año sin elecciones federales, el financiamiento público a los partidos políticos nacionales asciende a más de 7,737 millones de pesos. Morena argumenta que estos recursos deberían ir a programas sociales, mientras que la oposición advierte sobre la vulnerabilidad al crimen organizado si se asfixia financieramente a los partidos.
El presupuesto federal para los partidos en 2026 se distribuye de la siguiente forma:
A nivel local, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un financiamiento de 587 millones de pesos para 2026. La intención de la reforma de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y centralizar sus funciones en el INE busca eliminar estas duplicidades presupuestales.
Un análisis técnico del INE revela que el financiamiento anual del organismo representa solo entre el 0.2% y el 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación. Una reducción drástica no resuelve problemas estructurales de las finanzas públicas, pero sí compromete la seguridad de procesos clave, como la expedición de la credencial para votar. La discusión más útil se centra en la eficiencia: cómo usar la tecnología para reducir el costo de la papelería y el personal, en lugar de solo recortar la operación básica.
Horizonte hacia 2027: Desafíos y fisuras internas
El éxito de la reforma de 2026 dependerá de la unidad interna del bloque oficialista y de la legitimidad que logre ante la ciudadanía. La negociación ha dejado heridas; el hecho de que el PT y el PVEM se enteraran de los detalles de la propuesta por la prensa generó una “mucha molestia” que aún no se disipa. Existe el temor de que, si no se corrigen los mecanismos de disciplina institucional, la alianza podría llegar fracturada a 2027.
Finalmente, el fantasma del crimen organizado es un tema recurrente. Manuel Velasco confirmó que la reforma incluirá mecanismos más estrictos para evitar la infiltración en las elecciones municipales y estatales, incluyendo la posible pérdida de registro para los partidos involucrados. Esta es una demanda clave de la Presidenta Sheinbaum, que busca blindar el proceso de 2027 ante la creciente violencia en diversas regiones del país.
Al 13 de febrero de 2026, la reforma electoral de México es un proyecto en transición. Lo que inició como una transformación radical del sistema ha derivado en una negociación de alta política donde la supervivencia financiera y las cuotas de poder regional han prevalecido sobre el discurso de austeridad. La decisión de mantener los plurinominales y postergar la prohibición del nepotismo subraya que el pragmatismo electoral está en el centro de las decisiones. El verdadero parteaguas no será la aprobación de la reforma, sino su funcionamiento en las elecciones intermedias de 2027. ¿Permitirá esta ley una competencia equitativa o facilitará el regreso, por la vía legal, a un modelo de partido hegemónico que México creía haber superado? La respuesta dependerá enteramente de la vigilancia ciudadana y de la firmeza técnica del Instituto Nacional Electoral.
