CANCÚN, QR.- El proyecto de reforma judicial prevé la elección popular de magistrados y jueces del sistema federal, un total cercano a dos mil personas, a partir del próximo año. La iniciativa propone que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos, sobre las cuales la ciudadanía emitirá su voto.

La presidencia de la Suprema Corte cambiaría cada dos años, en función del respaldo electoral obtenido por cada candidato. En la actualidad, son los once ministros quienes eligen a su presidente, después de haber sido votados en el Congreso y nominados por el presidente de la República.

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Reforma judicial
Suprema Corte de Justicia de la Nación será afectada por la reforma judicial. Foto: Wikimedia Commons.

Otra de las propuestas incluye la reforma judicial es la reducción de los tiempos de mandato tanto de jueces como de ministros, además de una disminución en el número de magistrados en la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.

La reforma judicial también establece dos elecciones para la renovación de los cargos del Poder Judicial. La primera de estas elecciones será extraordinaria y está programada para junio de 2025, mientras que la segunda se celebrará en 2027.

¿En qué más consiste la Reforma Judicial?

  • Dos elecciones están previstas para la renovación de los cargos judiciales, una extraordinaria en junio de 2025 y otra en 2027.
  • El proyecto propone la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros de la Corte.
  • Se ajustarán las remuneraciones de los ministros al tope máximo permitido para el Presidente.
  • Se creará un ente disciplinario y otro administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Suprema Corte.
  • Este nuevo órgano disciplinario supervisará la carrera judicial, el control interno y la elaboración del presupuesto.
  • El Órgano de Administración Judicial estará compuesto por cinco personas designadas para un período de seis años.
  • Uno de los integrantes será nombrado por el Ejecutivo, otro por el Senado y tres por la Suprema Corte.
  • La reforma está enfocada únicamente en el Poder Judicial federal, sin afectar los sistemas locales o las fiscalías, que manejan el 80% de los procesos judiciales en México.
  • Se propone la reducción del período de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 15 a 12 años.
  • La elección de ministros, magistrados y jueces sería por voto directo, libre y secreto, a diferencia del sistema actual donde son propuestos por el presidente y aprobados por el Senado.
  • Los comités de evaluación para los candidatos estarían integrados por personas con reconocida trayectoria jurídica, designados por los tres poderes.
  • Para ser ministro, los candidatos deberán contar con un título de licenciado en derecho con un promedio mínimo de 8.0, y un promedio de 9.0 en materias afines al cargo, además de cinco años de experiencia profesional.
  • Los aspirantes tendrán que presentar un ensayo de tres cuartillas justificando su postulación, junto con cinco cartas de recomendación.
  • Las votaciones para los ministros tendrán efectos sobre la duración en el cargo, que variará entre ocho, 11 y 14 años según el número de votos obtenidos.
  • El Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de llevar a cabo la elección, el conteo de los votos y la entrega de constancias de mayoría.
  • Se prevé una reducción en el número de ministros de la SCJN, pasando de 11 a nueve.
  • La presidencia de la SCJN se rotará cada dos años, basada en los resultados de las elecciones populares.
  • Las dos salas actuales de la SCJN serían eliminadas, y solo se realizarían sesiones públicas en el pleno.
  • El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sería reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
  • El Órgano de Administración Judicial estará encargado de recibir denuncias y realizar investigaciones sobre el comportamiento de ministros, jueces y magistrados.
  • Se establece la figura de “jueces sin rostro”, para proteger la identidad de aquellos que resuelvan casos relacionados con el crimen organizado.
  • Los fideicomisos del Poder Judicial deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar al concluir los procesos judiciales.
  • Entre las nuevas reglas procesales, se limita el tiempo máximo de resolución de asuntos fiscales a seis meses, y de asuntos penales a un año.

Con la reforma judicial, se busca no solo cambiar la estructura interna del Poder Judicial, sino también hacer más accesible el proceso de elección de jueces y magistrados a la ciudadanía. Este ambicioso proyecto tiene el potencial de transformar profundamente la administración de justicia en México, enfocándose en la transparencia y la rendición de cuentas.

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