Las comparecencias de funcionarios públicos ante la XVI Legislatura se convirtieron en una pasarela de buenos deseos, de lo que se pudo y no hacer en el cuarto año de gobierno de Carlos Joaquín González.
El lunes compareció Catalina Saarvelia Portillo Navarro, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; muchas preguntas sobre laudos laborales, poco resultado. Más tarde llegó Amada Moo Arriaga, titular del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Inmaya), sobre la que pesan acusaciones de corrupción por los propios sacerdotes mayas responsables de los Centros Ceremoniales.
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El martes, ante la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI Legislatura, que preside el diputado Eduardo Martínez Arcila, compareció su amiga Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación, quienes coincidieron en que uno de los sectores que más ha resentido la emergencia sanitaria ha sido el educativo, pues miles de estudiantes tuvieron que adaptarse a una nueva forma de enseñanza para la que nadie estaba preparado.
Este es otro sector en el que los maestros y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusa de malas prácticas y tráfico de influencias, aunado a la corrupción galopante en la SEQ.
Ese mismo día compareció Gerardo Mora Vallejo, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos que preside el diputado José Luis Guillén López, sobre este diputado se publicó información que evidenciaba que estaba en estado etílico; luego él mismo salió a decir que estaba así porque tiene un problema de salud. CAPA es la dependencia más cuestionada en cuanto a la transparencia en el manejo de los recursos y las ejecuciones de las obras, principalmente en la capital del Estado.
El miércoles le tocó el turno a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefipaln), Yohanet Torres Muñoz. Diputadas y diputados de la XVI Legislatura solicitaron información sobre la deuda a corto plazo del gobierno del estado, que asciende a más de mil 753 millones de pesos, pero se le debe a proveedores, contratistas, al IMSS, al ISSSTE, al SAT, entre otros conocidos como pasivos circulantes, 6 mil 88 millones de pesos; este pasivo está compuesto por deuda a proveedores por mil 55 millones de pesos; contratistas de obras públicas por pagar, 60.7 millones de pesos; aportaciones por pagar a corto plazo de 9 millones de pesos; transferencias otorgadas por pagar a corto plazo de 4 mil 156 millones de pesos; retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, 202 millones de pesos.
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El jueves, Eduardo Ortiz Jasso acudió a comparecer ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, y ofreció información sobre la cartera de proyectos de la AGEPRO que está integrada por el Parque de la Equidad (Convenio ONU-HABITAT), Movilidad Urbana Sustentable: Ciclovía y Andadores para Ruta Parque de la Equidad, Sistema de transporte ligero urbano turístico de la ciudad de Cancún, y el Puente Vehicular Nichupté. Desde hace casi cuatro años de su creación, la AGEPRO no ha aterrizado ningún proyecto; todos están en la etapa de análisis.
Más tarde compareció Jorge Pérez Pérez, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo); fue cuestionado sobre la auditoría a la desaparecida Sintra (Secretaría de Infraestructura y Transporte), además de preguntarle sobre la designación de los delegados del Instituto, pues éstos no cumplen con el principio de paridad de género.
Sascab
Permítame el lector utilizar la figura de “los cuatro jinetes del Apocalipsis” para ilustrar lo que ha pasado y cómo afecta la imagen de Cancún a nivel nacional e internacional: la arribazón de sargazo, la Pandemia, los huracanes y la represión policiaca.
A los primeros “tres jinetes”, a pesar de ser fenómenos de la naturaleza, se controlan porque existe voluntad y trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, porque la sociedad participa, porque se respetan las indicaciones de las autoridades, porque se piensa antes de actuar y se sabe que si no se obedece la vida está en peligro.
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Sin embargo, el último “jinete” no pudo ser controlado, porque intervinieron varios factores: una marcha que no fue pacífica puesto que se dañó estructura pública -pública significa que nos pertenece a todos-; una sociedad que superlativa los hechos; una policía sin capacidad para poder enfrentar este tipo de manifestaciones, pues no está preparada profesionalmente; mandos policiacos que están hechos a “la macana y el garrote”.
Sobre el autor: Licenciado en Administración de Empresas. Diplomado en “Investigative Jornualism in Climate Security and Energy” por parte de la embajada Inglesa. Curso de Marketing Político por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
